La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, anunció que el Estado colombiano indemnizará a la familia del optómetra, Edgar Sánchez Duarte, asesinado el 13 de septiembre de 1993 en Valledupar por miembros de la extinta Unidad Antisecuestro y Extorsión del Ejército Nacional, Unase.

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Dentro de las medidas de satisfacción se destaca un acto de reconocimiento de responsabilidad y disculpas públicas a la familia de la víctima, la atención médica, psicológica y psicosocial de los afectados, el otorgamiento de una beca de estudio universitario al hijo de la víctima y la compensación económica a los familiares por parte de los representantes del Estado.

Esto responde a un acuerdo entre las partes logrado a finales del pasado mes de julio después de trece años que la alta corte tuviera el caso para analizar las presuntas violaciones al derecho a la vida, garantías judiciales y protección, establecidas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

La petición llegó a la corte el 7 de julio de 2007 como un homicidio de ejecución extrajudicial y fue admitida el 7 de julio de 2018 al considerar que era competente para evaluar los hechos.

“Nosotros al momento de entablar la demanda en Valledupar, nos dieron sentencia favorable y el Estado apeló, no sé cómo se manejó en Bogotá y nos revocaron el fallo a favor nuestro. En vista de esto optamos por enviar el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y en el 2018 le dio admisibilidad, a su vez nos preguntaron si queríamos conciliar con el Estado y accedimos, fue así que con la Agencia Nacional Jurídica del Estado enviamos al proceso de solución amistosa”, explicó Wilson Sánchez, hermano del fallecido.

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Indicó además que para ellos lo más importante es que la nación reconozca su error y responsabilidad en el crimen de Edgar Sánchez, quien fue ultimado de tres disparos mientras se encontraba en las afueras de su domicilio, frente a su esposa y sus dos hijos.

Según la investigación, el profesional fue catalogado como tesorero de las Farc y eso precipitó su asesinato por orden presuntamente de miembros de la Fuerza Pública.

Por estos hechos fue procesado el excomandante del Batallón de Tarqui, coronel Jaime Esguerra Santos, como aparente autor del homicidio, pero en el año 2002 la Fiscalía lo declaró inocente y le precluyó la investigación al tiempo que ordenó su libertad, según registró para la época el diario capitalino El Tiempo.

La corte instó al Estado colombiano a dar cumplimiento oportunamente a la reparación integral a las víctimas del caso.

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ANTECEDENTE

En el mes de diciembre de 2018 esta misma corte condenó a la nación por los crímenes cometidos contra miembros de dos familias atribuidos a los paramilitares, en hechos registrados durante el año 1994 en el municipio de Aguachica.

En la sentencia el tribunal responsabilizó a Colombia de la violación de los derechos a la vida e integridad personal de Noel Omeara Carrascal, su hijo Manuel Guillermo Omeara Miraval y el suegro de éste, Héctor Álvarez Sánchez, por los atentados sufridos y sus posteriores muertes; además del daño causado a sus familiares, que para la época, al verse en estado de desprotección, tuvieron que desplazarse de Aguachica