En las invasiones Tierra Prometida y Enmanuel, desalojar debió ser la orden de los mandatarios, pero albergar fue la de la Corte Constitucional. Sin embargo, la falta de sitios especiales para esta acción ‘atan’ a los mandatarios de turno que, hasta el momento, han incumplido con el fallo proferido por la máxima instancia para reubicar a las familias desplazadas y vulnerables de dos de las 11 invasiones de la capital del Cesar.

El órgano jurisdiccional ordenó el 16 de diciembre de 2011, el desalojo y reubicación en albergues de los ocupantes de dichas invasiones, sin embargo el fallo se incumplió.

En la audiencia de rendición de gestión a la que fueron llamados el alcalde de Valledupar, Fredys Socarrás Reales, y el gobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo Gnecco, el Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Valledupar mostró preocupación por esta situación, ante lo cual se estableció mediante un convenio tripartita entre Municipio, Departamento y Unidad para las Víctimas, que hasta el 13 de mayo de 2015, los mandatarios tienen límite para suscribir el acta de inicio de la construcción de los albergues que necesita, casi que urgente, la población.

Pese a que aún no son visibles las obras exigidas por el Alto Tribunal en el año 2011, los funcionarios del departamento Sheila Namén, Manuel Germán Cuello, William Morales por el Departamento para la Prosperidad Social; por el municipio Carlos Mario Céspedes y de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, expusieron que han hecho las gestiones para ello.

Namén, jefe de la Oficina Jurídica del Departamento, dijo “durante el plazo de ejecución del convenio tocará realizar la socialización y las reuniones pertinentes con los líderes y con la población de estos asentamientos para que en el momento del desalojo no haya ningún inconveniente”.

William Morales, director regional del Departamento para la Prosperidad Social dijo que el programa apoyará, como lo ha venido haciendo, a los habitantes mediante Más Familias y Jóvenes en Acción.
El secretario de Obras Públicas, Jair González Vigna, quien en el encuentro judicial estuvo en representación del alcalde, expresó que realizarán el proyecto de los albergues temporales y luego pondrán en marcha la gestión de viviendas para los habitantes que cumplan con los requisitos de vulnerabilidad y desplazamiento.

En noviembre estarían listos los albergues para el desalojo de las personas que viven en las invasiones Tierra Prometida y Enmanuel quienes contarían con espacios suficientes y estarían en condiciones dignas, según Acta 85, del 9 de abril de 2015.

Contrario a lo expresado por el Municipio y Departamento, los habitantes de dichas comunidades no creen que este año pueda ser terminado el sitio donde residirán de forma provisional mientras reciben los subsidios de vivienda.
Además, manifestaron que no quieren irse a un albergue porque según ellos, dichos sitios no contarán con espacios suficientes para guardar sus pertenencias ubicadas en las actuales residencias. Por tanto, solicitan a la administración dejarlos en los terrenos en los que se encuentran y que sean comprados al propietario Óscar Guerra Bonilla.

Los habitantes están seguros que de las invasiones no los saca nadie, quizá porque algo los tranquiliza, ¿Será aquel documento firmado por algunos funcionarios que en su momento fueron candidatos?

Documentos comprometedores
EL PILÓN conoció de un oficio –autenticado en Notaría- que dice lo siguiente:
“El suscrito Augusto Ramírez Uhía, mayor de edad, identificado como aparece al pie de la firma, en mi calidad de candidato a la Alcaldía de Valledupar, para el periodo constitucional 2012- 2015, por medio del presente escrito que autenticaré en Notaría Pública, me comprometo con la comunidad del barrio Tierra Prometida, a incluir mi programa de gobierno como orden prioritario la inclusión de mantenerlos quietos y pasivamente en dicho inmueble por ellos en los terrenos de este barrio subnormal; igualmente manifiesto que acataré de manera prioritaria en mi gobierno las sentencias judiciales de las autoridades competentes que ampararon los derechos fundamentales a la vivienda digna de los ocupantes de estos sectores.

Por su parte, los líderes que representa la comunidad de este sector se comprometen de manera unánime con su voto y el de toda la comunidad a mi elección como alcalde, lo cual se hará frente a una asamblea general donde se encuentre reunida la comunidad de este sector.
La comunidad se reserva el voto a la asamblea, concejo y gobernación por tener propios candidatos”.

Otro documento, igual al anterior, sólo que esta vez lleva el nombre del gobernador Luis Alberto Monsalvo Gnecco, también aparece con la firma del suscrito y de otros líderes de la comunidad de Tierra Prometida con fecha de 2011.

Otro documento, con fecha del 11 de septiembre de 2011, al parecer, Ramírez Uhía también promete respaldar con viviendas a cambio de sus votos a las invasiones Altos de Pimienta, Bello Horizonte y Guasimales.
Los documentos fueron dados a conocer en su momento por algunos medios de comunicación, los que generaron polémica. Sin embargo, el tiempo trascurrió y los desalojos nunca llegaron.

Otras de las razones por la que tal vez los invasores se sienten seguros de que no serán enviados a un albergue y quedarían en el mismo lote donde hoy han puesto negocios de toda clase: hoteles, restaurantes, billares, salas de belleza, internet, llantería, tiendas, entre otros negocios, es que la en la modificación del Plan de Ordenamiento Territorial de Valledupar quedó establecido que se “prioriza la legalización de asentamientos informales y el fortalecimiento de los ingresos de la ciudad, entre otros, la liquidación y recaudo de la participación en plusvalía”.

Caso similar
En la Sentencia T-946/11, la Corte Constitucional concedió la tutela al derecho fundamental de vivienda digna de los accionantes y de todas aquellas personas en situación de desplazamiento que se encuentran asentadas en el predio denominado La Sabana 1, ubicada en la vía a la vereda Cominos de Tamacal.

El Alto Tribunal ordenó a la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional, en un plazo no superior a 20 días contados a partir de la notificación de esta decisión, la realización de un censo de las familias asentadas en dicho lugar de que trata este proceso, con el fin de identificar quiénes reúnen la condición de personas desplazadas por la violencia, de acuerdo a los parámetros establecidos en la jurisprudencia constitucional.

En el tercer punto de dicha sentencia, la Corte ordenó al Alcalde Municipal de Valledupar levantar la suspensión de la diligencia de desalojo fijada por la Inspección Séptima de Policía de la Casa de la Justicia de la Nevada de Valledupar sobre el inmueble urbano denominado La Sabana 1, de propiedad del señor Alberto Pimienta Cotes.

En consecuencia, una vez culminado el censo ordenado en el numeral anterior, las autoridades debían proceder a fijar una nueva fecha para efectuar la diligencia de desalojo que no podía exceder de 20 días, notificando para ello a las personas que ocupan el inmueble en mención con una antelación mínima de 15 días a la fecha prevista para el desalojo. 

Así mismo, solicitó que en un término inferior a tres meses valorara el grado de vulnerabilidad y determinara el estado actual de las ayudas recibidas por estas y sus núcleos familiares como víctimas del desplazamiento forzado para que adelante y concluya las acciones necesarias en orden a que se les garantice el acceso efectivo a los planes y programas de atención y estabilización a los que tiene derecho.

Esto incluye el ofrecerles una solución definitiva mediante la ejecución de programas de estabilización socioeconómica que se incorporen a los planes de desarrollo municipales y departamentales, hasta tanto las condiciones que dieron origen a la vulneración de sus derechos fundamentales desaparezcan. Pero a la fecha nada de esto se cumplió, según los dueños legales de este terreno.

PUNTOS DE VISTA

Eduard Legia, habitante Tierra Prometida
A mí no me gustaría salir de esta tierra, por eso no quiero albergue, y sé que los demás tampoco, lo que queremos es que nos dejen aquí.

Alex Campo, habitante Tierra Prometida
No queremos albergues, queremos estar aquí, estamos bien, que compren los terrenos porque dónde vamos a meter nuestras cosas.

Por Merlin Duarte García/El Pilón
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