En el mes de enero de este año, con fundamento en las directrices contenidas en el Decreto 1852 del 2015 y la Resolución 16432 del 2015, la Ministra de Educación Nacional, formaliza denuncia ante el Contralor General de la República, para adelantar las investigaciones correspondientes, a los recursos transferidos al Departamento del Cesar y al Municipio de Valledupar, por presuntas irregularidades en los procesos contractuales que se efectuaron para la prestación del servicio de alimentación escolar, toda vez que en ambas entidades territoriales, se contrató con la Fundación Acción Social Integral –ACSI-, anteriormente denominada Fundación Kábala, entidad que el MEN había censurado en otros departamentos del país por incumplimientos en la ejecución del programa.

A propósito de la denuncia interpuesta por la Ministra Parody D´Echeona, la CGR, adelanta vigilancia fiscal al Convenio de Asociación No. 001 de 2016, suscrito por el Alcalde de Valledupar, con la Fundación Acción Social Integral –ACSI-, por valor de $12.312.024.578, contratación que se realizó desatendiendo la regla general –Licitación Pública-, y en las que presuntamente se incurrían en costos que no pertenecen a la destinación específica de los recursos del PAE.

Por su parte, del seguimiento realizado a la contratación suscrita para tal fin por el Secretario General del Departamento del Cesar, se evidenció que a pesar de realizarse a través de licitación pública, como en otras vigencias, se presentó un solo oferente –Fundación Acción Social Integral –ACSI-, con el cual se suscribió el Contrato de Prestación de Servicios No. 2016-02-004, por valor de $17.269.945.720, y en el que se establecieron costos no específicos del programa, tales como pólizas de cumplimento, estampillas departamentales, entre otros, que posiblemente incrementan el valor diario de la ración; por este contrato el Departamento del Cesar, ya ha girado al contratista la suma de $6.907.978.285 por concepto del 40% del valor del contrato pactado a razón de anticipo.

Posiblemente los entes territoriales y el operador que en ambos casos es el mismo, estarían incurriendo en incumplimiento de las responsabilidades establecidas en las normas expedidas por el Ministerio de Educación Nacional.

Se ha concertado con los otros organismos de control, Procuraduría General de la Nación y Fiscalía General de la Nación, así como con el Ministerio de Educación Nacional, un trabajo conjunto para detectar posibles irregularidades en la contratación que está en curso en el país; igualmente, evidenciar si los procedimientos de selección de contratista (operador) adelantados por las entidades territoriales bien trátese de licitación pública, selección abreviada de menor cuantía o mediante subasta inversa, apuntan a la escogencia de la oferta más favorable para la entidad y para los fines que esta persigue, esto es, el interés público en términos de eficiencia y economía, propendiendo por la participación de pluralidad de oferentes, evitando así los procesos hechos a la medida, y garantizando la debida planeación, estimación de costos, estudios y análisis que soporten el valor estimado de la contratación y que efectivamente correspondan a la realidad del mercado, cuyo incumplimiento podría generar posibles incidencias fiscales, disciplinarias y penales.

En virtud, de lo expedido por el MEN, es responsabilidad de los Secretarios de Educación, los rectores de las instituciones educativas y de los miembros del Comité PAE, ejercer una debida supervisión y seguimiento a los recursos del programa.