La Contraloría Municipal de Valledupar, en cabeza de Angélica Olarte, abrió una actuación especial de fiscalización en la que constató que el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) no ha entregado al municipio un área de 58.257 metros cuadrados que debían destinarse a uso público desde hace más de 25 años.
De acuerdo con la licencia de urbanismo y construcción otorgada en abril de 1999 para el proyecto de la ‘Nueva Cárcel de Valledupar’, el Inpec estaba obligado a ceder cerca de seis hectáreas para zonas verdes, parques, control ambiental, vías locales y peatonales. Sin embargo, pese a que la cárcel fue construida y puesta en funcionamiento hace más de dos décadas, esa cesión no se ha materializado.
El caso salió a la luz gracias al abogado y veedor ciudadano Daniel Daza, quien encontró la licencia original y emprendió una acción popular para que tanto el Inpec como la Alcaldía de Valledupar reconozcan el incumplimiento y se recupere el patrimonio público.
La acción popular fue admitida en marzo de este año por el Tribunal Administrativo del Cesar, sin embargo no ha registrado avances, por lo que el abogado iniciará un acto de inconstitucionalidad.
Por su lado, el órgano de control advirtió que esta omisión afecta directamente a los habitantes de Valledupar, que han visto limitado el acceso a espacios de uso común. A su vez, señaló la falta de gestiones contundentes de la administración municipal para exigir al Inpec el cumplimiento de esta obligación legal.
La Contraloría también llamó la atención sobre la ausencia de un inventario actualizado de las áreas de cesión, lo que ha facilitado su apropiación para fines particulares. “Es deber del Estado garantizar que estos espacios se destinen al uso común, en beneficio de la calidad de vida y el ambiente sano de los ciudadanos”, concluyó el informe.
