Villazón y Herrera firmaron un acta de compromiso y pagarán su pena desde su lugar de residencia.
Sandy Carolina Villazón Daza y Anyi Melissa Herrera Centeno fueron condenadas por un juez en Valledupar por su responsabilidad en el delito de fraude procesal. Deberán pagar seis años de prisión.
Según investigaciones llevadas a cabo por la Fiscalía General de la Nación, durante los años 2016 y 2017, estas mujeres cuando estudiaban Derecho en la Universidad Popular del Cesar, presentaron certificados falsos ante las autoridades administrativas encargadas del registro y control universitario, llevando a incurrir en el error a los funcionarios encargados acerca del cumplimiento de los seminarios obligatorios necesarios para obtener el título de abogadas.
Por esta acción, las autoridades determinaron que las implicadas habían engañado a los empleados de los departamentos de decanato, consejo de facultad, académico y registro y control, quienes emitieron documentos que confirmaban el cumplimiento de los requisitos mínimos para graduarse como abogadas.
Tras una denuncia frente a lo ocurrido e investigaciones ejecutadas por la universidad, se conoció lo ocurrido y se comenzó a llevar a cabo dicho proceso. No obstante, Villazón y Herrera firmaron un acta de compromiso y pagarán su pena desde su lugar de residencia.
Villazón y Herrera firmaron un acta de compromiso y pagarán su pena desde su lugar de residencia.
Sandy Carolina Villazón Daza y Anyi Melissa Herrera Centeno fueron condenadas por un juez en Valledupar por su responsabilidad en el delito de fraude procesal. Deberán pagar seis años de prisión.
Según investigaciones llevadas a cabo por la Fiscalía General de la Nación, durante los años 2016 y 2017, estas mujeres cuando estudiaban Derecho en la Universidad Popular del Cesar, presentaron certificados falsos ante las autoridades administrativas encargadas del registro y control universitario, llevando a incurrir en el error a los funcionarios encargados acerca del cumplimiento de los seminarios obligatorios necesarios para obtener el título de abogadas.
Por esta acción, las autoridades determinaron que las implicadas habían engañado a los empleados de los departamentos de decanato, consejo de facultad, académico y registro y control, quienes emitieron documentos que confirmaban el cumplimiento de los requisitos mínimos para graduarse como abogadas.
Tras una denuncia frente a lo ocurrido e investigaciones ejecutadas por la universidad, se conoció lo ocurrido y se comenzó a llevar a cabo dicho proceso. No obstante, Villazón y Herrera firmaron un acta de compromiso y pagarán su pena desde su lugar de residencia.