El río Guatapurí perdió su ímpetu que desbordó en la década anterior. El ‘Rey del Valle’, como lo llamara un compositor vallenato, ya no ruge. Hoy no es más que un cuerpo de agua enclenque, venido a menos.

La controversia que se ha generado en los últimos años en Valledupar sobre la sequedad del afluente que nace en la Sierra Nevada de Santa Marta, en la unión de las lagunas Kokigui, Curiba, Naboba, Dumariba, que además le dan vida a otros ríos, se centra en cómo se acaba el Guatapurí y a quién le compete mantener activas las aguas que abastecen a más de 450.000 habitantes.

Según la Corporación Autónoma del Cesar, Corpocesar la gestión de preservar el río se está haciendo, sin embargo, el punto de partida se centra en las concesiones que ésta ha entregado a particulares bajo la resolución 139 del 4 de agosto de 1987.

Corpocesar tiene a su orden un caudal base de reparto del Guatapurí de 11.260 litros por segundo, de estos, el caudal asignado a concesiones o permisos llega a 7.863 litros por segundo, dejando sólo un caudal remanente o corriente de 3.396 litros.

En este informe se publican los principales beneficiarios legales de estas concesiones, que desvían el Guatapurí a predios como fincas, cultivos, casas campo, entre otros y aunque tienen permiso nunca han tenido regulación sobre el agua otorgada y simplemente abren una brecha o acequia que conlleve el líquido a sus predios.

A la fecha, Corpocesar lleva 1.617 concesiones entregadas en el Cesar para ríos como el Guatapurí, Ariguaní, Cesar, quebrada Buturama. Alrededor de 155 recaen en el cauce del río Guatapurí, siendo la empresa de Servicios Públicos de Valledupar, Emdupar, el primer beneficiario con una asignación de 1.800 litros por segundo.

Seguidamente aparecen Iveth Uhía de Caro (517,2); Hernando Molina Céspedes (322); Iveth Uhía de Caro (280); María Lourdes Castro de Araújo (183); Hernando Molina Céspedes (182); Alix Cecilia y Jull Jacqueline Daza Martínez, Damaris Daza Martínez y Cia S en C, Willer, Wilman y Rafael Eduardo Daza Martínez (169); Yaritza Calderón Solano, Yamir Alfonso Calderón Solano, Benjamín Calderón Arzuaga, Yair Calderón Solano, Daniela Calderón Araújo – Represendo por Benjamín Enrique Calderón Cotes (166.2); Adela Cabello de Valle y Francisco, Jaime, José Enrique, Jorge Augusto, Luis Alberto, Jhon, Lucia Inés y Rafael María Valle Cuello (156); Dairy Parnerts Américas Manofacturing Colombia Ltda (132); Sociedad López Cuello y Cia S en C (131.7); Inversiones Quintero Castro y Cía Ltda (131); Ena Susana Socarrás Hernández (122); Alfonso y Eduardo Campo Soto (112); Guilermo Castro Mejía (107); Rafael Castro Socarrás (86); Sucesores de Miriam Pupo de Lacouture (85); Enrique Castro Palmera (83); Guillermo Castro Mejía (79); Martha Castro de Campo (79); Álvaro Castro Socarrás (71); Paulette Lacouture Pupo (66.8); Sociedad Inversiones Valledupar Ltda (62); Clara Patricia Gaitán Mesa (59.4); Rodrigo Tovar Pupo (59); Joaquín Jíménez Gómez (57.7); Ligia Lacouture de Lacouture (57); Antonio Elena Díaz Oñate (56); Gladys María Morón de Morón (50); Hugues Pimienta Morales (50); Efraín Quintero Araújo (50); Rodrigo Tovar Pupo (49); Hugo Orlando Arciniegas Molina, Jorge Arturo Arciniegas Molina, Nurys Mendoza Jímenez y Luz Marina Rodriguez Morales (45); Guillermo Castro Mejía (44); Leticia Castro de Pupo (43); Guillermo Castro Mejía (43); Benjamín Enrique Calderón Cotes (42.6); Antonio Baute Araújo (42); Hermanas López Morón (42); Jorge Gnecco Cerchar (40); Miguel Morales Báez y señora (37); Evaristo Gutiérrez Araújo (47); Miguel Morales Báez y señora (36); Miguel Morales Báez y Señora (36); Miguel Morales Baez y Señora (36); Inversiones Pedro Castro Araújo S en C (36); Julio Yamín Berardinelly (36); Leticia Castro de Pupo (36).

Estos son los 50 concesionarios que mayor agua, legalmente, reciben del río Guatapurí. El director de Corpocesar, Kaleth Villalobos Brochel, declaró que sí hay desvíos ilegales, pero no se sabe a ciencia cierta quienes lo hacen.

Argumentó que los particulares están tomando la cantidad de agua otorgada multiplicada por 400% para regar cultivos y pasto.

“La batalla con las concesiones es la más complicada”

Dentro de los problemas que atañen al Guatapurí están las más de 155 concesiones que han sido otorgadas para sacar agua; el descongelamiento en los picos de la Sierra Nevada de Santa Marta, falta de gestión para la educación ambiental y el desvío ilegal sobre el cauce del Guatapurí.

En entrevista con EL PILÓN, Kalet Villalobos Brochel, director de Corpocesar aceptó que la entidad asume la responsabilidad sobre el río Guatapurí, pero denunció que los arroceros y algunas familias prestantes del Cesar están “acabando con la riqueza hídrica”.

EL PILÓN: ¿Cómo se está tratando el tema de las concesiones del río Guatapurí?

Kaleth Villalobos: Yo celebro que durante la administración que dirijo se haya puesto el dedo en la llaga sobre las concesiones hídricas, porque es un tema que viene escondido desde hace 30 años y nosotros hemos comenzado a regularlo, hacerle seguimiento y, por primera vez, a través de esos seguimientos se ha llegado a la conclusión de que hay ilegalidad y de que los legales están usando arbitrariamente el agua: han asaltado la buena fe de la corporación que les ha otorgado las concesiones, como a la sociedad en general.

EP: Si la responsabilidad es de Corpocesar, ¿qué papel cumplen como garantes del río Guatapurí?

KB: Yo estoy aquí como director de la corporación asumiendo una responsabilidad institucional, pero quiero hacer un llamado: dónde están los arroceros, familias prestantes de este departamento, que cuando se habla de este tema se esconden; yo quiero que salgan y que le digan a los cesarenses porqué si se les otorga un litraje comienzan a captar mucho más, porqué prima más el interés particular de seguir cultivando, seguir regando pasto en época de sequía para su beneficio, cuando saben que están acabando con el patrimonio más grande que nos ha dado Dios y la vida al departamento que es la riqueza hídrica.

EP: De esta manera, ¿cuántas concesiones ha concebido Corpocesar a la fecha?

KB: La corporación tiene 1.617 otorgadas en todo el departamento del Cesar (más de 155 en el Guatapurí) sobre el río Guatapurí, Magiriaimo, Cesar, Ariguaní, quebrada Buturama. Cuando la corporación otorga una concesión mide el caudal del río, mide cuánto se requiere para el consumo humano del acueducto que abastece ese río y se trabaja sobre la base que queda. Eso quiere decir, que hoy el caudal del río Guatapurí con las concesiones que ha entregado la corporación alcanzaría sin problemas; no tendría el río porque tener problema, si la gente que usa las concesiones lo hiciera de manera legal, racional, no violando los parámetros y la buena fe que uno como institución otorga.

EP: Mucho se habla de las sanciones pero no se ven, ¿qué están haciendo ustedes frente a esos infractores?

KB: Hoy estamos procesando y sancionando usuarios que se les ha otorgado diez litros por segundo y cuando el funcionario va a campo encuentra que está captando más de 100 litros por segundo. Esa irracionalidad, obviamente conduce inexorablemente que por mucha institución que tengamos los ríos se van a secar.

EP: ¿Hay denuncias concretas por el desvío del Guatapurí?

KB: Tenemos quejas y procesos sancionatorios iniciados. La semana anterior detectamos a un par de particulares, que en pleno verano, con todo el escándalo que hay de la sequía del río, tomando la cantidad de agua otorgada multiplicada por 400% para regar cultivos y pasto.

EP: ¿Cómo es la batalla con la concesiones?

KB: La más complicada. Les entrego una jerarquía de los principales problemas ambientales del departamento: Uno, la contaminación del vertimiento sobre el río Cesar; dos, sin lugar a duda el mayor problema es toda la irracionalidad que se está dando en el tema de usar aguas para cultivo en el departamento del Cesar. Aquí hago un llamado a los palmicultores, a los cultivadores y a los ganaderos, porque todos necesitamos el agua.

EP: ¿Por qué no se regula el suministro de agua a las concesiones?

KB: Hay un caso muy particular, en el río Ariguaní las personas tienen una válvula, que permite al funcionario de Corpocesar determinar la cantidad de agua, pero en el Guatapurí no hay. Estamos trabajando y ya dimos un ultimatum para entrar a solicitar las válvulas en las concesiones del Guatapurí.

EP: El Concejo de Valledupar propuso un cabildo abierto para tratar el tema del río Guatapurí, ¿cuál es su opinión?

KB: Sería bueno hacerlo, pero no solamente con las instituciones, sino convocar a los privados, que entre otras cosas se invitan a las reuniones y muchos no van. Por ejemplo la gente del corregimiento Los Corazones, entendemos que necesitan el agua para el acueducto, pero además de eso tengo ‘chivas’ que nos dicen que son los finqueros que utilizan a los pobladores para que hablen y denuncien, pero los dueños de las concesiones nunca salen a dar la cara.

EP: ¿Y cómo han trabajado la educación ambiental?

KB: Creo que nos ha faltado divulgación, porque hemos venido trabajando en estos temas. Sabemos que falta mucho, pero la educación ambiental, desafortunadamente, entra por el garrote y la zanahoria.

Lo que estamos es fortaleciendo los procesos sancionatorios de la corporación, porque en la medida que la gente vea una corporación que sanciona, aprende. De esta manera, en el año 2013 abrimos 283 procesos sancionatorios por delitos ambientales y estamos mejorando los tiempos para generar la sanción. Yo encontré casi 3.000 procesos archivados en carpetas, por los que no se generaba sanción: estamos haciendo una depuración, pero a la vez nos ha tocado jugar con dos años de intensa queja ambiental en el Cesar.

EP: ¿Quién es la primera autoridad ambiental en Valledupar?

KB: La principal autoridad de una jurisdicción no es la Corporación, son las alcaldías y por ley debe saberse. Pienso que a esta ciudad como tal le hace falta un doliente institucional en la parte ambiental; uno a veces no sabe si comunicarse con la Oficina de Planeación, o Secretaría de Obras. Entendemos el problema económico de la alcaldía, pero sería importante que dentro de una de las secretarías se cree un ente ambiental, sobre todo de administrar un patrimonio importante para el municipio que es la arborización, que le pertenece al municipio, no a la corporación.

Por Carlos Mario Jiménez / EL PILÓN
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