Alrededor de 400 familias que habrían invadido un predio en el municipio de Chimichagua, centro del Cesar, serán desalojadas mediante un operativo que iniciaron este martes los miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios, ESMAD, y las autoridades gubernamentales. 

La diligencia comenzó en el terreno ‘La Oficina’ ubicado en el corregimiento de Mandinguilla, zona rural de ese municipio. De acuerdo a las autoridades, primero intentaron un diálogo con los habitantes para persuadirlos a desocupar de manera pacífica, no obstante, ante la negativa los uniformados procedieron a intentar retirarlos. 

El secretario de Gobierno departamental, Eduardo Esquivel, indicó que los habitantes llevan meses invadiendo, pero que hasta ahora pudieron hacer el procedimiento con los requisitos establecidos. 

“Los desalojos son procesos que necesitan toda una estructura, es decir recursos, a veces hay la acción policiva y se demora cuatro o cinco meses para que se dé porque únicamente la facilita la inspección de Policía del territorio del municipio; después para la ejecución institucional se necesita la preparación de todos los entes”, explicó Esquivel. 

Agregó que el operativo se extenderá durante varios días debido a que son cerca de 900 hectáreas de tierras invadidas.  El operativo también se desarrollará en varios predios del municipio de Tamalameque donde está una comunidad denominada ‘Renacer Campesino’. 

LOS HABITANTES 

El movimiento ‘Comisión por la Vida Digna, la Tierra, y los Territorios’ mediante un pronunciamiento denunció que los desalojos son ilegales, puesto que algunas familias llevan años en los terrenos.   

“Responsabilizamos al alcalde de Chimichagua, Celso Moreno, y a José Gabriel Flores, inspector central de Policía, por cualquier violación o vulneración a los derechos humanos a los niños, niñas, jóvenes y ancianos que se realicen durante los desalojos a las comunidades”, indicó el movimiento en un comunicado. 

El mensaje hace un llamado especial al presidente Gustavo Petro y a la vicepresidenta Francia Márquez para evitar el procedimiento.

“Llamamos a cada familia campesina que ha sentido en carne propia el dolor del desarraigo, a cada persona consciente de la importancia de nuestro trabajo campesino, a quien la injusticia le interpele en su sensibilidad, a cada organización, proceso, ONG y defensores de derechos humanos a que se movilice, acompañe y difunda la alerta”, puntualizó el movimiento. 

Sin embargo, el secretario Eduardo Esquivel manifestó que los desalojos tienen el apoyo del Gobierno nacional en cumplimiento del derecho a la propiedad privada en el país. 

“La respuesta que ellos dan (el Gobierno) en los Diálogos Regionales es que ellos plantean mirar la posibilidad de comprar tierra para algunos campesinos y mirar las que tiene la Sociedad de Activos del Gobierno Nacional para ver cuáles pueden entregar”, puntualizó Esquivel. 

PANORAMA LOCAL 

El departamento del Cesar registraba 16 invasiones, de las cuales ya lograron desalojar dos: una en El Porvenir de Valledupar y la otra en Curumaní. 

Pero todavía faltan 14 que están ubicadas en los municipios de Chimichagua, San Martín, La Jagua de Ibirico, Astrea, Tamalameque, La Gloria, La Paz, El Copey y zona rural de Valledupar. 

Los ocupantes ilegales de terrenos se exponen a ser judicializados por los delitos de usurpación de inmuebles e invasión de tierras.