Con una acción de cumplimiento y queja a la Superintendencia de Servicios Públicos, la administración de Valledupar busca obligar a las empresas de telefonía móvil y a la empresa de suministro de energía a soterrar las redes secas del Centro Histórico.

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De acuerdo con el asesor jurídico de la Alcaldía, Luis Carlos Ramírez, el artículo 22 de la Ley del Plan Especial de Manejo y Protección, PEMP, establece como obligación soterrar redes (llevar cables de electricidad y telefonía móvil) por debajo del piso para contribuir al embellecimiento del sector y permitir una mejor estética para la visualización de las edificaciones propias del Centro Histórico, lo cual corre por cuenta de los dueños de estas redes.

Lo anterior se complementa con la Ley 142, donde se establece que las empresas que suministran energía y telefonía móvil son los encargados del manejo, conservación y ajuste de sus redes.

“Para velar por este cumplimiento nos tocó acudir a la norma del Código de Procedimiento Contencioso Administrativo, haciendo un requerimiento para que ellos fijen su posición, donde Electricaribe se pronunció y dijo que esta acción no estaba dentro de su presupuesto y que debían hacer consultas, por lo que acudiremos a la acción de cumplimiento para hacerlos cumplir. Vamos a actuar ante los jueces contenciosos”, explicó Ramírez. 

Además, ese comportamiento, catalogado por el asesor jurídico de la administración municipal como “indiferente y alejado del cumplimiento del deber” lo van a denunciar la próxima semana en la Superintendencia de Servicios Públicos, o sea una queja formal por la renuencia de no mostrar respeto por las normas a la ciudad.

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La secretaria de Obras municipal, María Raiza Fuentes, agregó que también velan por los residentes y comerciantes de la zona que han tenido varias intervenciones durante los últimos años, donde primero fue la Plaza Alfonso López y ahora las redes húmedas, lo cual les ha genero trastornos. “La idea es que todos los actores actuemos de una buena vez para no afectar más a esta población”, enfatizó.

Este medio intentó comunicarse con directivos de Electricaribe y empresas de telefonía móvil, pero resultó infructuoso.

¿CÓMO VAN LAS OBRAS?

En la instalación de redes húmedas llevan cerca del 70 % de ejecución. Ya fueron intervenidas las carreras sexta, séptima y octava; falta la carrera novena y se está trabajando en el último tramo de la calle 16, que llega hasta la carrera 12. Así lo dio a conocer la secretaria de Obras de Valledupar.

La fecha prevista para entregar la obra de la administración municipal es a finales de año. Ahora le corresponde al Sistema Integrado de Transporte de Valledupar,  Siva, pavimentar e instalar adoquines.

CONTEXTO

A través de diferentes comités convocados por la administración municipal, el alcalde Mello Castro González, aseguró que ha dado a conocer a las empresas prestadoras de servicios (Tigo, Movistar, Claro y Electricaribe) su interés por devolverle a los vallenatos un Centro Histórico a la vanguardia de grandes ciudades en el mundo.

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Es por esto que en las distintas mesas de trabajo el mandatario ha exigido el soterramiento de las redes secas de las empresas prestadoras de servicios.

“Esta es una gran oportunidad para embellecer el Centro Histórico de nuestra ciudad, se ha hecho una inversión importante para ello y debemos aprovecharla. La norma obliga a estas empresas a soterrar sus redes, por eso les exigimos que lo hagan ahora, es el momento oportuno, ya que se adelantan las intervenciones del Plan Centro. En un futuro será mucho más costoso para ellos”, sustentó el mandatario de los vallenatos.

CIFRA

Más de 40 mil millones de pesos se han invertido en la renovación del Centro Histórico de Valledupar, que comprenden la reposición de redes húmedas, pavimentación y adecuación del espacio público.

Plazo de siete años

La Ley del PEMP, que abarca la zona fundacional de la ciudad, refiere en el artículo 22 que las empresas de telefonía y de electricidad, que llevan sus cables aéreos los deben soterrar, tarea donde tendrán siete años para hacerlo. La norma surgió en el 2014, es decir, que en el 2021 sería el plazo máximo establecido por el Gobierno nacional.

La administración local asegura que el momento clave es ahora porque como están en fase de obras no les tocaría romper pavimento ni adoquines, por lo que económicamente les resultaría más pertinente.

POR: ANNELISE BARRIGA RAMÍREZ/EL PILÓN [email protected]