“Teniendo presente la difícil situación de conflicto armado interno por la que pasa el país, en la que hay presencia de distintas fuerzas al margen de la ley, los sectores sociales LGBTI se han convertido en objeto de señalamientos, amenazas, homicidios y desplazamiento forzado”, así lo revela un reciente informe entregado por el Ministerio del Interior, en el que se evidencia la difícil situación de seguridad que vive esta población en departamentos como Sucre, Bolívar, Cesar, Chocó, Santander y Atlántico, donde hacen presencia las Farc y las bandas criminales.

Entre 2007 y 2011, se conocieron nueve casos de homicidios de personas LGBTI en el Cesar; en 2012 cuatro casos de los cuales uno fue en Aguachica y tres en Valledupar y en el 2013 hubo cuatro más, estas últimas en Codazzi, Valledupar y San Alberto. De las 17 personas asesinadas, seis eran personas trans, tres hombres gays y una mujer lesbiana.

El último crimen ocurrido en este departamento, en contra estas comunidades, es el de Roberto Antonio Martínez Mojica de 41 años, conocido como Tonny Grecco. Según Caribe Afirmativo, una institución plural de promoción de la diversidad que lleva estas estadísticas, en similares circunstancias; el cuerpo quedó sentado, semidesnudo, maniatado, apuñalado y con un trapo en la boca.

El asesinato de Tonny Grecco, que es materia de investigación, se suma a seis muertes más de forma violenta de personas pertenecientes a la comunidad LGBTI, asesinadas en lo que va de este año en la Región Caribe.

El director de Caribe Afirmativo, Wilson Castañeda Castro, señaló que en los últimos meses se han aumentado los panfletos amenazantes en el Caribe colombiano, desde el año 2012 hasta la fecha, se recibieron 24 documentos y 19 de ellos eran de la Región Caribe. Además de las amenazas, Castañeda afirmó “hay mucha presión por parte de las Farc y de grupos paramilitares en Los Montes de María, en el Golfo de Morrosquillo y en La Guajira.

En Cartagena y Barranquilla las bandas criminales amenazan, prohíben el uso del espacio público y utilizan a las personas LGBTI en el marco de la guerra por el tráfico de drogas”, lo cual ha generado desplazamientos forzados y temor en la región.

Según el ministerio, la violencia que ejercen esas estructuras criminales contra personas LGBTI se ha agravado en los últimos años, debido a los esfuerzos que ha hecho esa población por exigir la garantía de sus derechos fundamentales. En algunas zonas del país estas circunstancias los han convertido en objeto de panfletos amenazantes, en los que se les advierte a desplazarse de sus lugares de residencia o adjudicarse la pena de ser asesinados.

Aunque las amenazas se han presentado en ciudades como Bogotá y Barrancabermeja, la zona más golpeada por este fenómeno es la Costa Caribe, donde se han recibido 19 panfletos desde 2012 firmados por los Rastrojos, los Urabeños y las Autodefensas de la Sierra Nevada del Magdalena.

“La mayoría de panfletos son firmados por grupo paramilitares y Bacrim, son un montón de grupos descendientes del paramilitarismo. El evento que nos preocupa es la respuesta que hemos tenido de la Policía, que ha sido un poco relativista y peligrosa”, declaró Castañeda Castro.
Esto se puede ratificar, con que en los últimos años las autoridades no han logrado judicializar a los asesinos de esta comunidad. Otro elemento que preocupa, según el líder en el Caribe de la comunidad LGTBI, es que casi siempre los panfletos dicen “los vamos a matar y un montón de calificativos por los actores amenazantes”.

El informe del Ministerio también reporta casos de discriminación en los que personas LGBTI fueron expulsadas de centros comerciales, retiradas de parques, iglesias, plazas y zonas de prostitución, y otros en las que fueron objeto de burlas y expresiones agresivas en escenarios de participación política.

Los múltiples hechos de violencia contra esa población ha hecho que la Fiscalía incorpore un enfoque diferencial en sus investigaciones, que permitió la priorización de los homicidios de mujeres trans en Sincelejo y Maicao.

Sin embargo, los niveles de impunidad son alarmantes, teniendo en cuenta que de los 202 hechos que conoce el ente acusador, tan sólo siete se encuentran en etapa de juicio y ocho han recibido sentencia condenatoria. Al respecto, Castañeda expresó “esto es muy contraproducente, porque se manda un mensaje a la sociedad civil de que no son relevantes las violencias contra la población LGBTI y un mensaje de tranquilidad a los victimarios, de que no les va a pasar nada si afectan a esa población”.

Preocupación

El Cesar es el cuarto departamento con mayor número de muertes violentas a líderes de esta comunidad. Este año, tres líderes gays murieron, uno en Barranquilla y otros dos en Sanonofre, Sucre.

Otra de las preocupaciones tiene que ver con los desplazamientos forzados, presentado en Sincé, Chalán, Cartagena, entre otras poblaciones.

“Hemos tratado de tener acercamiento con las personas amenazas, pero todos se han ido a otras poblaciones, por temor a las amenazas”, dijo el director de Caribe Informativo.

En Valledupar, el personero Alfonso Campo Martínez, dijo que siempre y cuando la Personería sea notificada de cualquier hecho, le soliciten su intervención, “se hará, como lo hemos hecho en múltiples ocasiones, de darle apoyo a esta comunidad”.

Wilson Castañeda Castro advirtió que en el Cesar existen dos temas específicos: líderes hablan que siguen siendo motivos de amenazas y las muertes. Estos temas serán llevados a la Defensoría del Pueblo y las autoridades competentes.

Las autoridades, ¿fuera de su rango?

El caso de atrocidad más reciente sobre un integrante de la comunidad LGTBI se presentó el pasado 25 de julio.

Roberto Antonio Martínez Mojica, conocido como Tonny Grecco, fue encontrado al interior del local donde funcionaba un salón de belleza y a la vez era su residencia; de acuerdo con las informaciones conocidas por testigos del hecho, el cuerpo de Martínez Mojica estaba sentado, semidesnudo, maniatado, apuñalado y con un trapo en la boca.

En el 2013, se presentaron cuatro muertes: una en Valledupar, dos en Codazzi y en una en San Alberto. Las investigaciones indican que el ‘modus operandi’ fue muy parecido al utilizado para asesinar a ‘Tonny Grecco’.

“Pedimos que las autoridades del Cesar y de Valledupar asuman una investigación seria. No podemos decir que a ‘Tony’ lo mataron (Tonny) por ser hombre gay, pero si tuvo amenazas de hombres de una moto, no sabemos si era por extorsión o por su condición sexual. La situación del Cesar es de impunidad, porque no hay condenas en estos procesos”, declaró Wilson Castañeda Castro.

Según el informe de Ministerio del Interior, otra de las preocupaciones son las denuncias sobre “abuso de autoridad, fuerza desmedida, burlas y agresiones” por parte de la Policía contra mujeres trans y hombres gays.

Al respecto, el mayor Diego Mora, comandante de la Estación de Policía en Valledupar, aseguró que siempre hay políticas específicas para trabajar con integrantes de esta comunidad, y referente a las investigaciones sobre la muerte de Ricardo Martínez, dijo “esta diligencia después de cometido este hecho punible, está a cargo de la Fiscalía General de la Nación y ellos delegan a través de la Policía Judicial su trabajo metodológico, que en estos momentos están consiguiendo todas las pruebas para tratar de identificar y judicializar a la persona responsable de este hecho”.

Se espera que el 21 de diciembre, el Ministerio del Interior presente un proyecto de política pública nacional que dé respuesta a las necesidades en materia de salud, educación, trabajo y derechos humanos de la población LGBTI, duramente victimizada y excluida.

“La situación del Cesar es de impunidad, porque no hay condenas en estos procesos”: Wilson Castañeda Castro.

Por Carlos Mario Jiménez / EL PILÓN
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