El río Casacará, columna vertebral hídrica para el corregimiento de Llerasca y comunidades aledañas en el municipio de Agustín Codazzi, Cesar, es el escenario de un conflictivo enfrentamiento entre actividades de minería artesanal y minería a gran escala formalizada, cuyas consecuencias amenazan no solo la integridad del río, sino la vida y supervivencia de las comunidades rurales.
En la raíz de esta crisis está la explotación de materiales de construcción —arena, grava y recebo— en el cauce y orillas del río, tradicionalmente hecha de forma artesanal por población afrodescendiente y yukpa, que en años recientes ha escalado a una minería de mayor tamaño, con permisos técnicos y ambientales que, sin embargo, según denuncias locales, no se cumplen en la práctica.
Raúl Silva Díaz, veedor ambiental que ha recorrido el río Casacará y acompañado el clamor comunitario por la defensa del recurso, es tajante: “En el río están causando una catástrofe ambiental. Hoy a este río, definitivamente, lo han venido extrayendo material de manera muy irregular y no responsable con el medio ambiente”. Silva denuncia que “las autoridades competentes en materia ambiental, desde el departamento, están mirando hacia otro lado mientras en Llerasca acaban con el río Casacará”.
