La reciente intervención de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios a la empresa Air-e, debido a la crisis financiera que atraviesa la compañía, la ha puesto en la lupa de la Procuraduría de la General de la Nación, debido a que el ente de control a través de un oficio le solicitó a la Superservicios, puntualizar las posibles implicaciones económicas y de afectación del servicio para los usuarios en la Costa Caribe.
En ese sentido, el ente de control le solicitó al superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, Dagoberto Quiroga Collazos, aclarar con base a qué estudio técnico se le solicitó a la Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREG, concepto favorable para proceder a la toma de posesión de la empresa Air-e.
Así mismo, información sobre las fuentes de recursos a los que recurrirá la Superintendencia para garantizar el servicio y el monto mensual de gastos necesarios para garantizar la prestación del servicio en los departamentos del Atlántico, La Guajira y el norte del Magdalena, área de cobertura de Air-e.
