Todo parece indicar que el Gobierno nacional no tomó en serio que Glencore, propietaria del Grupo Prodeco, estaba dispuesta a renunciar a sus contratos mineros después de haber hecho inversiones en Cesar y Magdalena por más de US3.000 millones de dólares.
Su estrategia habría sido la de presionarla, con el aliento de políticos de oposición, sindicatos y agentes locales (y de la matriz de la opinión pública a favor cuando se trata de apretar a una multinacional) a que reiniciara sus actividades, a sabiendas de que perdería dinero en la difícil coyuntura del mercado.
Se descartaba la opción de permitirle una suspensión de actividades por año y medio, hasta el 2022, mientras se tramitaban autorizaciones administrativas, ambientales y judiciales y se conservaban minas, equipos y se llegaba a acuerdos temporales con los trabajadores. Esa apuesta de riesgo, bajo el entendido de que el gigante minero internacional estaba ‘cañando’ y que se mantendría ‘adentro’, se definió en tensos días de diciembre y enero.
