Luego de que el Juzgado Segundo Penal Municipal con funciones de Control de Garantías de Valledupar decidiera dejar en libertad al capitán de la Policía, Eduardo Andrés Merchán Prieto, acusado de presuntamente abusar sexualmente de una teniente de la misma institución el pasado 24 de noviembre en el Comando de Policía Cesar, la Procuraduría General de la Nación rechazó la decisión e indicó que debió imponérsele una medida de aseguramiento en centro carcelario.
El organismo de control mediante un comunicado expresó que fue equivocado solicitar por parte de la Fiscalía encargada la detención domiciliaria ante el juez en las diligencias, teniendo en cuenta que el capitán imputado por el delito de acceso carnal violento agravado si representa un peligro para la denunciante.
“Considera el ente de control que está probado en el proceso que el oficial debe ser recluido en un centro carcelario porque representar peligro para la víctima por la profesión y grado de autoridad que ostenta; y obstrucción de la justicia, porque su condición de capitán le permitiría manipular testigos y dificultar la realización de diligencias o el recaudo de pruebas por parte de funcionarios (artículos 309 y 311 CPP)”, dice el comunicado, el cual también agregó que para dicha medida se cumplía asimismo lo previsto en los artículos 308 y 313, que dice que en los delitos investigados de oficio, cuando la pena supera los 4 años, solamente procederá la detención preventiva en establecimiento carcelario.
La Procuraduría sostiene que el capitán Merchán Prieto, quien no aceptó cargos, debió ser recluido en una cárcel, porque la teniente en el momento del ataque se encontraba en estado de indefensión, recuperándose de una operación de rodilla; porque la agresión fue certificada por Medicina Legal que la incapacitó por 15 días y recomendó valoración por sicología forense, y porque la víctima tuvo que hacer pública la denuncia en su afán porque la justicia actuara.
La decisión el juez, Fabián Pumarejo, la tomó en la tarde de ayer al considerar que no era necesario privar de la libertad al incriminado teniendo en cuenta que carece de antecedentes penales, disciplinarios y no demuestra que no vaya a comparecer durante el debido proceso.
ASUMIÓ LA INVESTIGACIÓN
Asimismo el Ministerio Público asumió la investigación por este caso y ordenó a la Policía el traslado inmediato del proceso que adelanta contra el capitán, y la entrega de un informe detallado sobre la actuación progresada por el comandante y el subcomandante de policía departamental Cesar, una vez conocida la denuncia hecha por la teniente, el mismo 24 de noviembre.
“En las últimas horas se realizó una visita especial al casino de oficiales del comando en Valledupar, para establecer una relación de los capitanes que participaron en la despedida de fin de año del 23 y 24 de noviembre, la asignación y ubicación de las habitaciones de estos oficiales; y recolectar copias de las cámaras de seguridad y de las minutas de órdenes de servicios del comando desde el 22 hasta el 26 de noviembre de 2018, entre otras pruebas”, finalizó el comunicado de la Procuraduría.