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La Asociación Campesina Tierra de Bendiciones, beneficiaria de un predio en Valledupar, denuncia que el terreno asignado no es apto para la agricultura debido a su naturaleza rocosa y falta de agua cercana. Además, expresan su frustración por la falta de diálogo con la Agencia Nacional de Tierras.
El 22 de noviembre de 2024, desde Chimichagua, Cesar, el presidente Gustavo Petro, el director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Felipe Harman, y la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, hicieron entrega simbólica de más de 7.000 hectáreas ubicadas entre los municipios de Astrea, Chimichagua, La Gloria, San Martín, Gamarra, Aguachica y Valledupar, como parte de la reforma agraria impulsada por el Gobierno.
Una de las organizaciones beneficiadas fue la Asociación Campesina Tierra de Bendiciones Víctimas de Conflicto Armado, cuya representante legal, Maribel Vanegas, habló directamente con el presidente en el evento y expresó la necesidad de estos terrenos para las 34 familias.
Vanegas aseguró a EL PILÓN que a la Asociación le fue adjudicado el predio San Pedro, ubicado en la vereda Buenos Aires, corregimiento de Mariangola, zona rural de Valledupar. Tras meses de espera para visitar el terreno, los beneficiarios decidieron inspeccionarlo por su cuenta en febrero de este año y encontraron una finca de 345 hectáreas con limitaciones para desarrollar los proyectos productivos.
“No queremos recibir el predio porque no cumple las condiciones para cultivar. Necesitamos tierras que realmente nos permitan trabajar y subsistir”, afirmó Vanegas Martínez, desplazada por paramilitares del corregimiento El Perro, subrayando que el terreno va en contravía de lo establecido en el Decreto 1623 de 2023 que establece que las tierras entregadas deben garantizar la productividad agrícola.
Manuel Lara, fiscal de la Asociación y desplazado del corregimiento de Llerasca (Agustín Codazzi), aseveró que al no cumplirse a tiempo la visita técnica con la ANT, ellos mismos pagaron un estudio topográfico que, según él, determinó que más de 240 hectáreas son cerro rocoso y arcilloso con mucha pendiente. “El resto de tierra, el 30 % es plano semiquebrado, lajoso y arcilloso. Es una finca que no tiene agua. El agua más cercana está a 3 kilómetros en línea recta cruzando tres cerros más y, por lo tanto, encontramos que no es una finca productiva como la reforma agraria lo especifica”, precisó Lara.
Los campesinos también denuncian falta de diálogo y acompañamiento por parte de la ANT; según ellos, no fueron consultados sobre la compra del terreno. “Lo que no entendemos es que el coordinador en Valledupar, Rafael Araújo, manifestó que esta negociación se hizo a sus espaldas; según él no tenía conocimiento de la compra de estos terrenos. Algo que se nos hace extraño porque se estaban armando unos comités para que los líderes en estos comités fueran e inspeccionaran los terrenos por comprar y fueran testigos de que las tierras fueran fértiles”, añadió Lara.
EL PILÓN intentó contactar a Araújo, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta. No obstante, la asesora de la dirección de la ANT desde el Cesar, Alexandra Pineda, aseguró que, el año pasado, la entidad adquirió el predio y obtuvo un concepto favorable de productividad emitido por ingeniero agrónomo, el cual fue ratificado por otros profesionales tras un visita al terreno a mediados de marzo, refutando que el topógrafo mencionado por la comunidad no tiene competencia técnica en el caso.
“A raíz del rechazo por parte de la organización, se acordó en la mesa técnica del 12 de marzo, que a ellos se les iba a priorizar para unas futuras entregas, y el predio ya fue a verlo otra organización, la ANUC, (Asociación Nacional de Usuarios Campesinos), y va a tomar el predio, que sí lo considera productivo”, declaró Pineda.
“Nos sentimos utilizados”, expresaron los denunciantes puesto que aquel evento de noviembre fue promocionado a nivel nacional; en ese momento el director de la ANT Felipe Harman se refirió a la importancia de estas entregas para lograr seguridad alimentaria en el departamento del Cesar.
“Desde 2014 luchamos por volver al campo. Queremos sembrar maíz, yuca y frutas como limón y guayaba. Pero esta tierra no nos lo permite”, lamentó Lara. “Estamos en espera de un documento oficial que nos permita llegar a acuerdos. No queremos más promesas vacías”, enfatizó Vanegas Martínez mientras sostenía un documento que indicaba que el predio había sido comprado en $3.100 millones.
Por Andrea Guerra Peña.
La Asociación Campesina Tierra de Bendiciones, beneficiaria de un predio en Valledupar, denuncia que el terreno asignado no es apto para la agricultura debido a su naturaleza rocosa y falta de agua cercana. Además, expresan su frustración por la falta de diálogo con la Agencia Nacional de Tierras.
El 22 de noviembre de 2024, desde Chimichagua, Cesar, el presidente Gustavo Petro, el director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Felipe Harman, y la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, hicieron entrega simbólica de más de 7.000 hectáreas ubicadas entre los municipios de Astrea, Chimichagua, La Gloria, San Martín, Gamarra, Aguachica y Valledupar, como parte de la reforma agraria impulsada por el Gobierno.
Una de las organizaciones beneficiadas fue la Asociación Campesina Tierra de Bendiciones Víctimas de Conflicto Armado, cuya representante legal, Maribel Vanegas, habló directamente con el presidente en el evento y expresó la necesidad de estos terrenos para las 34 familias.
Vanegas aseguró a EL PILÓN que a la Asociación le fue adjudicado el predio San Pedro, ubicado en la vereda Buenos Aires, corregimiento de Mariangola, zona rural de Valledupar. Tras meses de espera para visitar el terreno, los beneficiarios decidieron inspeccionarlo por su cuenta en febrero de este año y encontraron una finca de 345 hectáreas con limitaciones para desarrollar los proyectos productivos.
“No queremos recibir el predio porque no cumple las condiciones para cultivar. Necesitamos tierras que realmente nos permitan trabajar y subsistir”, afirmó Vanegas Martínez, desplazada por paramilitares del corregimiento El Perro, subrayando que el terreno va en contravía de lo establecido en el Decreto 1623 de 2023 que establece que las tierras entregadas deben garantizar la productividad agrícola.
Manuel Lara, fiscal de la Asociación y desplazado del corregimiento de Llerasca (Agustín Codazzi), aseveró que al no cumplirse a tiempo la visita técnica con la ANT, ellos mismos pagaron un estudio topográfico que, según él, determinó que más de 240 hectáreas son cerro rocoso y arcilloso con mucha pendiente. “El resto de tierra, el 30 % es plano semiquebrado, lajoso y arcilloso. Es una finca que no tiene agua. El agua más cercana está a 3 kilómetros en línea recta cruzando tres cerros más y, por lo tanto, encontramos que no es una finca productiva como la reforma agraria lo especifica”, precisó Lara.
Los campesinos también denuncian falta de diálogo y acompañamiento por parte de la ANT; según ellos, no fueron consultados sobre la compra del terreno. “Lo que no entendemos es que el coordinador en Valledupar, Rafael Araújo, manifestó que esta negociación se hizo a sus espaldas; según él no tenía conocimiento de la compra de estos terrenos. Algo que se nos hace extraño porque se estaban armando unos comités para que los líderes en estos comités fueran e inspeccionaran los terrenos por comprar y fueran testigos de que las tierras fueran fértiles”, añadió Lara.
EL PILÓN intentó contactar a Araújo, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta. No obstante, la asesora de la dirección de la ANT desde el Cesar, Alexandra Pineda, aseguró que, el año pasado, la entidad adquirió el predio y obtuvo un concepto favorable de productividad emitido por ingeniero agrónomo, el cual fue ratificado por otros profesionales tras un visita al terreno a mediados de marzo, refutando que el topógrafo mencionado por la comunidad no tiene competencia técnica en el caso.
“A raíz del rechazo por parte de la organización, se acordó en la mesa técnica del 12 de marzo, que a ellos se les iba a priorizar para unas futuras entregas, y el predio ya fue a verlo otra organización, la ANUC, (Asociación Nacional de Usuarios Campesinos), y va a tomar el predio, que sí lo considera productivo”, declaró Pineda.
“Nos sentimos utilizados”, expresaron los denunciantes puesto que aquel evento de noviembre fue promocionado a nivel nacional; en ese momento el director de la ANT Felipe Harman se refirió a la importancia de estas entregas para lograr seguridad alimentaria en el departamento del Cesar.
“Desde 2014 luchamos por volver al campo. Queremos sembrar maíz, yuca y frutas como limón y guayaba. Pero esta tierra no nos lo permite”, lamentó Lara. “Estamos en espera de un documento oficial que nos permita llegar a acuerdos. No queremos más promesas vacías”, enfatizó Vanegas Martínez mientras sostenía un documento que indicaba que el predio había sido comprado en $3.100 millones.
Por Andrea Guerra Peña.