Los habitantes no quieren dejar el barrio, la Gobernación pretende comprarlo para derribarlo y remodelar el estadio Armando Maestre Pavajeau.
En Pablo Sexto ronda la zozobra. Desde hace unos días don Gustavo no duerme, se ha adelgazado y la angustia no le deja la vida tranquila. Su esposa está en las mismas, ellos no entienden cómo por un proyecto para la remodelación del estadio Armando Maestre Pavajeau tengan que dejar la casa que han habitado durante 47 años.
A principio de año, el Concejo de Valledupar declaróla zona como de utilidad pública y desde entonces sienten que las viviendas, en donde se han levantado tres generaciones dejaron de ser suyas y ahora viven en medio del temor que en cualquier momento el gobierno departamental los saque bajo la figura de expropiación, cuya resolución ya les envió.
Las familias que habitan las 24 viviendas que tiene el sector, para cuya compra hay 5.700 millones de pesos, es decir, un promedio de 237 millones 500 mil pesos, no entienden porque la Gobernación del Cesar que dice ser un gobierno a ‘Salvo’ les quiere pagar por el metro cuadrado de sus casas 400 mil pesos, cuando en Valledupar el valor de la tierra se disparó debido a la falta de esta.
Es así como en barrios apartados, que no tienen las mismas condiciones que el Pablo Sexto, el cual se encuentra a pocas cuadras del mercado público, Súpertiendas Olímpica, las clínicas, el hospital Rosario Pumarejo de López, el cementerio nuevo, el centro, el Idrecc, los colegios y el mismo estadio, les quieran pagar a menor valor de lo que está en el mercado, pues en sectores como el 12 de Octubre y San Fernando el metro cuadrado se encuentra a 500 mil pesos y más.
“Es que le han aplicado una depreciación a nuestras casas, cuando nosotros mal o bien vivimos aquí tranquilos, si nos vamos para otro lado, nos tocaría en esos barrios a la entrada a La Nevada en casas de dos pisos, en donde las personas de la tercera edad que tenemos aquí no puede subir escaleras y estamos lejos de todo, cuando aquí estamos cerca de todo, el mercado, el centro, el hospital”, dijo otro de los habitantes del Pablo Sexto.
La depreciación de la que hablan los habitantes la hizo la Sociedad de Arquitectos, encargada por la Gobernación del Cesar de hacer los avalúos y según su presidente Héctor Cáliz a la hora de hacer la valoración de cada vivienda tuvieron en cuenta el tiempo de vida útil, el área construida, el valor comercial en el mercado, pues según dice en la ciudad hay zonas donde el metro cuadrado lo pagan a dos millones de pesos, pero por el desarrollo que tiene, caso concreto zonas como la carrera 9 donde van a construir un nuevo centro comercial.
Según Cáliz para hacer el avalúo de las viviendas tuvieron en cuenta la oferta y la demanda en la zona, luego hicieron una estandarización de los predios, es decir que cada casa la pusieron en 200 metros cuadrados (la mayoría supera los 240 metros cuadrados) y establecieron el precio del metro en 400 mil pesos, debido a que son casas al pie de la plaza de mercado.
Aunque es precisamente la zona del mercado público la más costosa para muchos de los residentes del Pablo Sexto, debido a que todo está cerca y es por ello que reclaman un avalúo más justo, que el gobernador Luis Alberto Monsalvo se ponga la mano en el corazón y de verdad los ponga a ‘salvo’.
Pero la Sociedad de Arquitectos les aplicó una norma internacional que habla sobre la edad del inmueble, “no es lo mismo una casa recién construida, una en estado de conservación, todo eso se debe estudiar, porque hay una ley de sismorresistencia que dice que las viviendas que se construyeron antes de esta tienen una vida útil por ley de 50 años, si estas casas tienen 40 años quiere decir que le quedan 10 años”, aseguró Cáliz, quien además dijo que las que fueron remodeladas les queda más vida.
Basado en los avalúos de la Sociedad de Arquitectos, la Gobernación debe entrar a negociar con los propietarios de los predios, pero los precios que les ofrecen no les sirven, debido a que en el mercado las casas que hay superan los 150 millones de pesos de 6,5 metros de frente por 18 de fondo, cuando ellos tienen viviendas de más de 200 metros cuadrados con tres y cinco habitaciones, tres baños, dos salas, patio y garaje para tres vehículos, para ahora venir a salir a comprar más caro y tener que hacer créditos en un banco para completar el valor de estas modernas, pero pequeñas casas al noroccidente de la ciudad, en donde además deben pensar en carro para poder llegar a los sitios que hoy tienen a media cuadra.
“Por eso es que le pido al Gobernador que rectifique los avalúos, que haga una revisión nueva, porque no puede ser que nosotros que tenemos 256 metros cuadrados y 186 metros en construcción, ellos hablen de 149 metros cuadrados y si salimos a comprar con lo que nos están ofreciendo, tendríamos que hacer un crédito para completar y la ley dice que no nos pueden desmejorar nuestra calidad de vida, pero es lo que están haciendo”, dijo otro de los habitantes que omitió su nombre.
Estas familias que nunca pensaron que un proyecto de desarrollo, acabaría con la tranquilidad de su hogar, han escuchado que tratan de choza a sus casas en ladrillo, con baldosa, buenos techos, amplios patios y jardines, “dicen que queremos salir de pobres con la venta de las viviendas, pero por qué la Gobernación no sale y compra el lote y con esos 130 millones de pesos que nos están ofreciendo a algunos, hace las casas para ver si le alcanza”, dijo otro de los moradores .
¿Por qué el Pablo Sexto?
Aunque en el pasado y durante el gobierno de Hernando Molina Araújo, que también estuvo pendiente de hacer esta obra, especialistas que vinieron a Valledupar, entre ellos, el ex alcalde de Bogotá Enrique Peñaloza le recomendaron al mandatario la compra de predios en la vía a Bosconia para una Ciudadela Deportiva, durante el mandato de Cristian Moreno Panezo decidieron que lo mejor era quedarse en donde está el actual estadio.
Según recordó Rubén Darío Carrillo García, quien fue asesor de Cristian Moreno Panezo, desecharon esa idea, porque no vieron conveniente construir una obra en las afueras de la ciudad, porque eso sería ponérsela difícil a los aficionados que desean ver jugar a sus equipos, que tendrían que pensar en llegar en carros, porque para esa zona no hay transporte público.
Otra de las opciones que miraron fue la Villa Olímpica, escenario que tiene espacio y vías de acceso, “pero fue lo primero que se descartó porque según la ley a una distancia determinada de instalaciones militares (caso del Batallón La Popa que se encuentra al frente) no puede haber escenarios de concentración masiva de personas, por eso se habló para esa zona de otro tipo de desarrollo como canchas alternas, pistas de atletismo”.
Carrillo García dijo que cuando hicieron el proyecto no se pensó en reubicar el Pablo Sexto, porque no se requería, pero el nuevo gobierno, al parecer, recibió una recomendación de la FIFA (Federación Internacional de Fútbol) que le recomendó que no debía haber residencias en cierto perímetro.
El nuevo gobierno emprendió la compra de las viviendas, que según el Asesor Jurídico de la Gobernación, Jaime Fuentes se encuentra en la etapa de enajenación voluntaria “en la que la administración mediante una resolución le solicita al propietario el predio, previo a un avalúo hecho por una lonja reconocida (Sociedad de Arquitectos en este caso),ese avalúo, está contemplado en la ley y dice que la indemnización corresponde a ese precio”.
Según Fuentes, algunas personas entendieron que les deben pagar una indemnización, más el avalúo, “pero el funcionario público no puede salirse del reglamento legal, esa interpretación errónea que hicieron algunos propietarios no estamos en la obligación de cancelarla, tenemos que pagar lo que corresponde al avalúo”.
Es así como el Departamento se encuentra citando a cada una de las familias, cuando según estas debían hacer un arreglo en conjunto, porque es toda una manzana con 24 casas y deben darles un trato diferente porque es un desplazamiento y desarraigo a los que los están sometiendo, toda vez que ellos ni quieren irse ni están vendiendo.
La Gobernación dice que después del avalúo les mandó una trabajadora social y una socióloga, pero según Carrillo García en este tipo de procesos, lo primero es hacer el trabajo social y por último el avalúo, toda vez que es difícil sacar a familias que por años han vivido en una zona, en donde además hay muchos adultos mayores.
Lo cierto es que hoy en el Pablo Sexto espanta la incertidumbre y el temor los tiene aprisionados, mientras que al gobierno departamental lo persigue el tiempo de construir un moderno estadio que permita realizar encuentros deportivos nacionales y a la vez mostrar obras concretas, bonitas y llamativas como el majestuoso estadio que aspira hacer Luis Alberto Monsalvo.
Los habitantes no quieren dejar el barrio, la Gobernación pretende comprarlo para derribarlo y remodelar el estadio Armando Maestre Pavajeau.
En Pablo Sexto ronda la zozobra. Desde hace unos días don Gustavo no duerme, se ha adelgazado y la angustia no le deja la vida tranquila. Su esposa está en las mismas, ellos no entienden cómo por un proyecto para la remodelación del estadio Armando Maestre Pavajeau tengan que dejar la casa que han habitado durante 47 años.
A principio de año, el Concejo de Valledupar declaróla zona como de utilidad pública y desde entonces sienten que las viviendas, en donde se han levantado tres generaciones dejaron de ser suyas y ahora viven en medio del temor que en cualquier momento el gobierno departamental los saque bajo la figura de expropiación, cuya resolución ya les envió.
Las familias que habitan las 24 viviendas que tiene el sector, para cuya compra hay 5.700 millones de pesos, es decir, un promedio de 237 millones 500 mil pesos, no entienden porque la Gobernación del Cesar que dice ser un gobierno a ‘Salvo’ les quiere pagar por el metro cuadrado de sus casas 400 mil pesos, cuando en Valledupar el valor de la tierra se disparó debido a la falta de esta.
Es así como en barrios apartados, que no tienen las mismas condiciones que el Pablo Sexto, el cual se encuentra a pocas cuadras del mercado público, Súpertiendas Olímpica, las clínicas, el hospital Rosario Pumarejo de López, el cementerio nuevo, el centro, el Idrecc, los colegios y el mismo estadio, les quieran pagar a menor valor de lo que está en el mercado, pues en sectores como el 12 de Octubre y San Fernando el metro cuadrado se encuentra a 500 mil pesos y más.
“Es que le han aplicado una depreciación a nuestras casas, cuando nosotros mal o bien vivimos aquí tranquilos, si nos vamos para otro lado, nos tocaría en esos barrios a la entrada a La Nevada en casas de dos pisos, en donde las personas de la tercera edad que tenemos aquí no puede subir escaleras y estamos lejos de todo, cuando aquí estamos cerca de todo, el mercado, el centro, el hospital”, dijo otro de los habitantes del Pablo Sexto.
La depreciación de la que hablan los habitantes la hizo la Sociedad de Arquitectos, encargada por la Gobernación del Cesar de hacer los avalúos y según su presidente Héctor Cáliz a la hora de hacer la valoración de cada vivienda tuvieron en cuenta el tiempo de vida útil, el área construida, el valor comercial en el mercado, pues según dice en la ciudad hay zonas donde el metro cuadrado lo pagan a dos millones de pesos, pero por el desarrollo que tiene, caso concreto zonas como la carrera 9 donde van a construir un nuevo centro comercial.
Según Cáliz para hacer el avalúo de las viviendas tuvieron en cuenta la oferta y la demanda en la zona, luego hicieron una estandarización de los predios, es decir que cada casa la pusieron en 200 metros cuadrados (la mayoría supera los 240 metros cuadrados) y establecieron el precio del metro en 400 mil pesos, debido a que son casas al pie de la plaza de mercado.
Aunque es precisamente la zona del mercado público la más costosa para muchos de los residentes del Pablo Sexto, debido a que todo está cerca y es por ello que reclaman un avalúo más justo, que el gobernador Luis Alberto Monsalvo se ponga la mano en el corazón y de verdad los ponga a ‘salvo’.
Pero la Sociedad de Arquitectos les aplicó una norma internacional que habla sobre la edad del inmueble, “no es lo mismo una casa recién construida, una en estado de conservación, todo eso se debe estudiar, porque hay una ley de sismorresistencia que dice que las viviendas que se construyeron antes de esta tienen una vida útil por ley de 50 años, si estas casas tienen 40 años quiere decir que le quedan 10 años”, aseguró Cáliz, quien además dijo que las que fueron remodeladas les queda más vida.
Basado en los avalúos de la Sociedad de Arquitectos, la Gobernación debe entrar a negociar con los propietarios de los predios, pero los precios que les ofrecen no les sirven, debido a que en el mercado las casas que hay superan los 150 millones de pesos de 6,5 metros de frente por 18 de fondo, cuando ellos tienen viviendas de más de 200 metros cuadrados con tres y cinco habitaciones, tres baños, dos salas, patio y garaje para tres vehículos, para ahora venir a salir a comprar más caro y tener que hacer créditos en un banco para completar el valor de estas modernas, pero pequeñas casas al noroccidente de la ciudad, en donde además deben pensar en carro para poder llegar a los sitios que hoy tienen a media cuadra.
“Por eso es que le pido al Gobernador que rectifique los avalúos, que haga una revisión nueva, porque no puede ser que nosotros que tenemos 256 metros cuadrados y 186 metros en construcción, ellos hablen de 149 metros cuadrados y si salimos a comprar con lo que nos están ofreciendo, tendríamos que hacer un crédito para completar y la ley dice que no nos pueden desmejorar nuestra calidad de vida, pero es lo que están haciendo”, dijo otro de los habitantes que omitió su nombre.
Estas familias que nunca pensaron que un proyecto de desarrollo, acabaría con la tranquilidad de su hogar, han escuchado que tratan de choza a sus casas en ladrillo, con baldosa, buenos techos, amplios patios y jardines, “dicen que queremos salir de pobres con la venta de las viviendas, pero por qué la Gobernación no sale y compra el lote y con esos 130 millones de pesos que nos están ofreciendo a algunos, hace las casas para ver si le alcanza”, dijo otro de los moradores .
¿Por qué el Pablo Sexto?
Aunque en el pasado y durante el gobierno de Hernando Molina Araújo, que también estuvo pendiente de hacer esta obra, especialistas que vinieron a Valledupar, entre ellos, el ex alcalde de Bogotá Enrique Peñaloza le recomendaron al mandatario la compra de predios en la vía a Bosconia para una Ciudadela Deportiva, durante el mandato de Cristian Moreno Panezo decidieron que lo mejor era quedarse en donde está el actual estadio.
Según recordó Rubén Darío Carrillo García, quien fue asesor de Cristian Moreno Panezo, desecharon esa idea, porque no vieron conveniente construir una obra en las afueras de la ciudad, porque eso sería ponérsela difícil a los aficionados que desean ver jugar a sus equipos, que tendrían que pensar en llegar en carros, porque para esa zona no hay transporte público.
Otra de las opciones que miraron fue la Villa Olímpica, escenario que tiene espacio y vías de acceso, “pero fue lo primero que se descartó porque según la ley a una distancia determinada de instalaciones militares (caso del Batallón La Popa que se encuentra al frente) no puede haber escenarios de concentración masiva de personas, por eso se habló para esa zona de otro tipo de desarrollo como canchas alternas, pistas de atletismo”.
Carrillo García dijo que cuando hicieron el proyecto no se pensó en reubicar el Pablo Sexto, porque no se requería, pero el nuevo gobierno, al parecer, recibió una recomendación de la FIFA (Federación Internacional de Fútbol) que le recomendó que no debía haber residencias en cierto perímetro.
El nuevo gobierno emprendió la compra de las viviendas, que según el Asesor Jurídico de la Gobernación, Jaime Fuentes se encuentra en la etapa de enajenación voluntaria “en la que la administración mediante una resolución le solicita al propietario el predio, previo a un avalúo hecho por una lonja reconocida (Sociedad de Arquitectos en este caso),ese avalúo, está contemplado en la ley y dice que la indemnización corresponde a ese precio”.
Según Fuentes, algunas personas entendieron que les deben pagar una indemnización, más el avalúo, “pero el funcionario público no puede salirse del reglamento legal, esa interpretación errónea que hicieron algunos propietarios no estamos en la obligación de cancelarla, tenemos que pagar lo que corresponde al avalúo”.
Es así como el Departamento se encuentra citando a cada una de las familias, cuando según estas debían hacer un arreglo en conjunto, porque es toda una manzana con 24 casas y deben darles un trato diferente porque es un desplazamiento y desarraigo a los que los están sometiendo, toda vez que ellos ni quieren irse ni están vendiendo.
La Gobernación dice que después del avalúo les mandó una trabajadora social y una socióloga, pero según Carrillo García en este tipo de procesos, lo primero es hacer el trabajo social y por último el avalúo, toda vez que es difícil sacar a familias que por años han vivido en una zona, en donde además hay muchos adultos mayores.
Lo cierto es que hoy en el Pablo Sexto espanta la incertidumbre y el temor los tiene aprisionados, mientras que al gobierno departamental lo persigue el tiempo de construir un moderno estadio que permita realizar encuentros deportivos nacionales y a la vez mostrar obras concretas, bonitas y llamativas como el majestuoso estadio que aspira hacer Luis Alberto Monsalvo.