Con la finalidad de esclarecer la problemática que afecta a la comunidad yukpa y a las familias campesinas de la Serranía del Perijá, en el Cesar, diversas entidades se unen para buscar posibles soluciones en torno a la tierra, territorios identificados como olvidados, rezagos y falta de intervención del Estado.

En la Audiencia Pública denominada “El Perijá conversa”, realizada en el corregimiento de San José de Oriente, municipio de La Paz, asistieron representantes del Gobierno Nacional, ONG (Organizaciones No Gubernamentales), comunidades asentadas en el territorio y la Universidad Nacional de Colombia (UNAL) Sede de La Paz.

En el evento fueron expuestas las actividades realizadas por la UNAL, las cuales han contribuido a la construcción de paz. Estas actividades incluyen diplomados, reuniones, salidas de campo, talleres de cartografía participativa y lectura de mapas formales con líderes de esta zona del país. Dichas acciones han permitido que profesores y estudiantes interactúen y tengan conocimiento de lo que sucede en estos territorios.

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En cuanto a los conflictos territoriales tratados durante la Audiencia Pública, se presentó el conflicto territorial interétnico protagonizado por la comunidad indígena yukpa y por las diferentes comunidades campesinas que colonizaron la zona desde principios del siglo XX. La comunidad yukpa es el único grupo étnico de filiación caribe que vive en la Serranía, y se está llevando a cabo una reivindicación de su territorio ancestral, el cual abarca buena parte del norte y centro del Cesar al este del río del mismo nombre.

Además, se abordó el marco de la Sentencia T-375-23, que protege el derecho a la consulta previa, y se expuso la necesidad de ampliar y sanear los resguardos de estas comunidades, así como la territorialidad campesina y la colonización que se ha dado a través de diversas “oleadas” de refugiados en diferentes ciclos de violencia. Finalmente, se destacó la dificultad de la territorialidad ambiental del Estado, la cual se ve complicada por el poblamiento campesino en áreas que poseen la figura de reserva forestal o de ley segunda de 1959.

Todo lo anterior genera una problemática multidimensional en la gestión del territorio, tanto para el Estado como para las comunidades, ya que, entre otras cosas, impide que el campesinado consolide sus propiedades, acceda a los títulos de tierras y restringe la inversión estatal en vías, escuelas y salud.

El encuentro culminó con compromisos afirmados por parte de algunos representantes de las instituciones del Estado presentes en la audiencia, quienes se comprometieron a gestionar soluciones desde la Dirección de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural y el Ministerio de Agricultura. Esto se debe a la necesidad de crear el Comité Municipal de Reforma Agraria como un escenario técnico y político de decisión.

POR REDACCIÓN/EL PILÓN