El robo fue por 8 millones de dólares.
La mañana de este jueves 4 de abril se llevó a cabo ante el Juzgado Segundo Penal con funciones de control de garantías de Ocaña, Norte de Santander, la audiencia de solicitud de imposición de medida de aseguramiento en contra de Paola Carolina Suárez Herrera, Melkis Pérez Rangel y José Ignacio Delgado Lobo, señalados de pertenecer a la banda que a través de un engaño defraudó el patrimonio económico de la multinacional Drummond Ltd., robando la suma de 8 millones de dólares. Estas personas son procesadas por los delitos de concierto para delinquir, estafa agravada y acceso abusivo a un sistema informático.
Los indiciados a través de empresas fantasmas como Filtración y Mantenimiento del Cesar SAS, Industria Comercializadora Cesar SA y Cosmos del Cesar, entidades que supuestamente estaban ubicadas en los municipios de Becerril, La Jagua de Ibirico, Bosconia y el corregimiento de La Loma de Calenturas.
Según la Fiscalía, “estas personas actuaban mediante actividades de requisiciones, necesidades y mantenimientos para reparación de equipos, logrando hasta 500 órdenes de compra que eran de bajo costo para “no levantar sospechas y mantener control”. Melkis y Paola se prestaban para gerenciar las empresas, que no existían sino en papel, y José Ignacio hacía parte del grupo de mantenimiento de la empresa Drummond en el Cesar”.
Caso relacionado: Tres personas fueron imputadas por millonario desfalco a la empresa minera Drummond
La banda operaba con personal de compras, mantenimiento, y con los miembros de las empresas donde llegaban las órdenes de mantenimiento y reparación, acciones que no eran realizadas sino que era emitida una orden de cobro.
“Las órdenes para la reparación de elementos según el protocolo de Drummond no había necesidad de hacer las requisiciones porque eran elementos que tenían una vida útil del 60 %, para lo cual la empresa consideraba más fácil cambiarlo que entrar a hacer dichas reparaciones o mantenimientos”, dijo el representante de la Fiscalía en medio de la audiencia, aclarando que se pudo establecer que esas necesidades nunca se hicieron efectivas porque jamás entraron al patrimonio económico de Drummond, sino que se manejan a través de las empresas ficticias.
En este desfalco también participaron 14 personas más, varias activas a Drummond, que defraudaron a la empresa. Afectaron el sistema informático de Drummond para llevar a cabo dichos actos delictivos. Este proceso está aún en etapa de investigación para dar con la captura de los otros implicados.
Frente a esta actividad delictiva la Fiscalía 22 seccional de Chiriguaná solicitó medida de aseguramiento en centro de reclusión, requerimiento que fue apoyado por el representante de la víctima. No obstante, el miembro del Ministerio Público solicitó una medida menos lesiva, al igual que los abogados de los procesados que rechazaron esta decisión asegurando que los elementos materiales probatorios no demuestran la autoría en los hechos.
Al ser escuchadas todas las partes, el juez tomó la decisión de aplazar la audiencia considerando que hay un extenso material probatorio que se debe seguir analizando.
El robo fue por 8 millones de dólares.
La mañana de este jueves 4 de abril se llevó a cabo ante el Juzgado Segundo Penal con funciones de control de garantías de Ocaña, Norte de Santander, la audiencia de solicitud de imposición de medida de aseguramiento en contra de Paola Carolina Suárez Herrera, Melkis Pérez Rangel y José Ignacio Delgado Lobo, señalados de pertenecer a la banda que a través de un engaño defraudó el patrimonio económico de la multinacional Drummond Ltd., robando la suma de 8 millones de dólares. Estas personas son procesadas por los delitos de concierto para delinquir, estafa agravada y acceso abusivo a un sistema informático.
Los indiciados a través de empresas fantasmas como Filtración y Mantenimiento del Cesar SAS, Industria Comercializadora Cesar SA y Cosmos del Cesar, entidades que supuestamente estaban ubicadas en los municipios de Becerril, La Jagua de Ibirico, Bosconia y el corregimiento de La Loma de Calenturas.
Según la Fiscalía, “estas personas actuaban mediante actividades de requisiciones, necesidades y mantenimientos para reparación de equipos, logrando hasta 500 órdenes de compra que eran de bajo costo para “no levantar sospechas y mantener control”. Melkis y Paola se prestaban para gerenciar las empresas, que no existían sino en papel, y José Ignacio hacía parte del grupo de mantenimiento de la empresa Drummond en el Cesar”.
Caso relacionado: Tres personas fueron imputadas por millonario desfalco a la empresa minera Drummond
La banda operaba con personal de compras, mantenimiento, y con los miembros de las empresas donde llegaban las órdenes de mantenimiento y reparación, acciones que no eran realizadas sino que era emitida una orden de cobro.
“Las órdenes para la reparación de elementos según el protocolo de Drummond no había necesidad de hacer las requisiciones porque eran elementos que tenían una vida útil del 60 %, para lo cual la empresa consideraba más fácil cambiarlo que entrar a hacer dichas reparaciones o mantenimientos”, dijo el representante de la Fiscalía en medio de la audiencia, aclarando que se pudo establecer que esas necesidades nunca se hicieron efectivas porque jamás entraron al patrimonio económico de Drummond, sino que se manejan a través de las empresas ficticias.
En este desfalco también participaron 14 personas más, varias activas a Drummond, que defraudaron a la empresa. Afectaron el sistema informático de Drummond para llevar a cabo dichos actos delictivos. Este proceso está aún en etapa de investigación para dar con la captura de los otros implicados.
Frente a esta actividad delictiva la Fiscalía 22 seccional de Chiriguaná solicitó medida de aseguramiento en centro de reclusión, requerimiento que fue apoyado por el representante de la víctima. No obstante, el miembro del Ministerio Público solicitó una medida menos lesiva, al igual que los abogados de los procesados que rechazaron esta decisión asegurando que los elementos materiales probatorios no demuestran la autoría en los hechos.
Al ser escuchadas todas las partes, el juez tomó la decisión de aplazar la audiencia considerando que hay un extenso material probatorio que se debe seguir analizando.