Colombia no es un país minero, porque son modestas sus reservas probadas de carbón, oro y níquel, que son sus principales renglones de producción y exportación del sector minero, pero tiene un enorme potencial por desarrollar. De los recursos naturales no renovables podemos decir que es mejor tenerlos y no necesitarlos que necesitarlos y no tenerlos.
Y los necesitamos, prueba de ello es que el Gobierno central pasó de recibir $29 billones provenientes de la actividad extractiva en 2013 a cero pollito el año pasado, con lo cual se abrió un enorme hueco fiscal, de tal tamaño que la reforma tributaria aprobada en 2016 fue solo un paliativo y los recortes presupuestales no se han hecho esperar. Eso ha significado menos recursos para invertir en infraestructura y para el financiamiento del gasto social, porque no hay a la vista a corto plazo otra fuente de ingresos que pueda suplir los que se dejaron de recibir por la caída de los precios del petróleo, del carbón, el oro y el ferroníquel, que solo desde el año pasado empezaron a reaccionar.
No hay actividad humana que no tenga un impacto económico, social y ambiental y la actividad minera no es la excepción. De lo que se trata, entonces, es de que se minimice dicho impacto, se mitigue y se repare, cuando hay lugar a ello. Y eso es posible con la Minería bien hecha, esto es que no sea depredadora del medio ambiente y se impongan las buenas prácticas operacionales, cumpliendo con los estándares más exigentes y el buen relacionamiento con las comunidades del entorno, que deben ser las primeras beneficiarias.
