Durante los primeros tres días de intervención, la Alcaldía Municipal mediante una empresa contratista trasladó 46 restos del cementerio de los pobres al cementerio central de Aguachica, sur del Cesar. 

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La intervención se realizó mediante un plan de trabajo que puso en marcha la administración municipal del 16 al 22 de junio en cumplimiento con los lineamientos técnicos y logísticos que ordenó la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP. Según la Alcaldía, los restos óseos fueron trasladados a unos osarios.

“La Administración Municipal Primero Aguachica avanza en el proceso de verdad, justicia, reparación y no repetición a las víctimas del conflicto armado del municipio, brindando las garantías ordenadas por la ley, mediante la protección de los derechos de las familias que sufrieron el flagelo de la violencia”, manifestó Robinson Manosalva, alcalde de Aguachica. 

En el proceso de inspección participaron las familias con interés en el camposanto las cuales estuvieron acompañadas por el equipo profesional de la Oficina Jurídica del Municipio, la Secretaría de Gobierno Municipal y la Coordinación del Punto de Atención a las Víctimas del Municipio, así como también recibieron asistencia en asesoría jurídica y psicológica.

“A través de este proceso todavía hay muchas víctimas que están a la espera del reconocimiento de esos cuerpos que se encuentran acá sin ninguna identificación para ellos poder tener acceso a la verdad, la justicia y la reparación”, señaló Belkis Alvarado, representante de las víctimas. 

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La JEP desde el mes de abril de 2020 decretó medidas cautelares sobre el cementerio de los pobres de Aguachica para evitar la pérdida de los restos de personas que posiblemente fueron víctimas del conflicto en el departamento del Cesar y regiones aledañas. 

La medida se generó a raíz de la solicitud del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, MOVICE, que busca proteger, conservar y preservar 17 lugares en todo el país en donde pueden existir cuerpos de personas víctimas de desaparición forzada.

No obstante, la demora en el cumplimiento de las medidas hizo que el mandatario Robinson Manosalva estuviera privado de la libertad en el Departamento de Policía Cesar. La orden la profirió la JEP durante la última audiencia de verificación que realizaron en Valledupar durante el 24 y 25 de mayo. 

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La JEP consideró en ese entonces que el escrito de reconsideración presentado por el mandatario, ni los documentos allegados con este, dieron cuenta de una situación que justifique el incumplimiento de la orden.