La empresa Prodeco anunció la suspensión de sus actividades extractivas en el Cesar, en febrero de 2021, desde entonces, los alcaldes del corredor minero han presionado al Gobierno nacional para que resuelvan el litigio y entreguen los títulos mineros a otras operadoras.

Sin embargo, el Gobierno nacional parece que no tiene los mismos planes. En los diálogos realizados en el municipio de La Jagua de Ibirico el pasado 21 de diciembre, el Gobierno dejó sobre la mesa la idea de que la reactivación de las minas no es su prioridad, siguiendo con su política de no entregar más títulos de explotación de carbón a cielo abierto.

“NOS QUEDA EL PROBLEMA”

Pero para los alcaldes esto significa una tragedia económica y social, y así se lo hicieron saber a las ministras que asistieron al evento. Empezando por el alcalde de La Jagua de Ibirico, Ovelio Jiménez. “Lo cierto es que sin la reapertura de minas es imposible la transición. Queremos una transición progresiva, pero cerrar la minería de manera abrupta es un error. Las empresas mineras han generado muchas cosas positivas, algunas negativas, pero no podemos dejarlas de un día para otro. Sería una catástrofe”, señaló Jiménez.

Por poner un ejemplo, entre regalías e impuestos, La Jagua de Ibirico dejaría de recibir al año más de $20.000 millones de pesos. Como él, todos los alcaldes del corredor minero del Cesar y los trabajadores, sin excepción, enfocaron su discurso en la necesidad urgente de la reapertura de minas.

En ese sentido, el mandatario de El Paso, Andry Aragón, habló de la crisis que atraviesa el municipio. “Los hoteles y los restaurantes no tienen ocupación de más del 30%. El Paso está colapsando por las necesidades y el alcalde no tiene cómo darle soluciones. Una de las soluciones es la reapertura de las minas: bajan los índices de inseguridad, hay más regalías y más empleo”, sostuvo.

LA MINISTRA

El problema es que este Gobierno no cree en la minería. Por ejemplo, en su visita al municipio de La Jagua de Ibirico renombraron al ‘corredor minero’ como el ‘corredor de la vida’. Incluso, a los alcaldes los escuchó la ministra de Minas, Irene Vélez, quien ha liderado la estrategia del Gobierno de no entregar nuevos títulos mineros para la explotación de carbón a cielo abierto. La misma ministra ha sido dura con las mineras.

Al contrario, desde el Gobierno buscan crear un fondo para la transición. Según la funcionaria, dentro del Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno se busca incluir un artículo en el que se constituya un fondo de recursos destinado a los cinco municipios del ‘corredor minero’: La Jagua de Ibirico, Becerril, Codazzi, El Paso y Chiriguaná.

“Sabemos que estos cinco municipios están muy por encima del promedio nacional en términos de necesidades básicas insatisfechas (…) Creemos que es necesario generar en el marco del Plan Nacional de Desarrollo un artículo que permita que estos municipios tengan acceso a recursos para resolver sus necesidades básicas insatisfechas (NBI)”, señaló la ministra.

LA VOZ DISONANTE

La única líder política del departamento que no cree en la reapertura de minas es la senadora Imelda Daza Cotes. Y así lo hizo saber durante los diálogos. “Los partidos verdes de Europa han exigido que se le ponga plazo al uso de los combustibles fósiles. Efectivamente están resueltos a hacer la transición. La situación cambió por la guerra en Ucrania. Pero esa guerra habrá de terminar pronto. Pensemos en la propuesta del Gobierno, de pasar de una economía de extracción a una economía productiva”, señaló la senadora Imelda Daza.

ALTERNATIVAS

El alcalde de La Jagua de Ibirico también puso sobre la mesa un tema que ha ganado fuerza desde la posesión del presidente Gustavo Petro: la creación de una empresa minera de economía mixta, es decir con participación del Estado, especialmente de los municipios mineros.

“Estamos trabajando para que la región carbonera del Cesar pueda crear una empresa de economía mixta. Crear nuestra propia empresa”, señaló Ovelio Jiménez. Según explican líderes del sector, en la empresa de economía mixta, los trabajadores, Junta de Acción Comunal y los municipios serían socios accionarios. ¿Cómo entrarían a participar? Comprando acciones. Cabe destacar que el encargado de administrarla sería el sector privado, mientras que las utilidades se repartirían proporcional a las acciones.

Por Redacción EL PILÓN