En el marco de un proceso disciplinario que realizó la Oficina de Control Interno de la Universidad Popular del Cesar, UPC, fueron absueltos disciplinariamente los funcionarios Jairo Martínez Palmezano y María Inmaculada Pinto Cerchar, por presuntamente cometer un fraude en los requisitos de grado en ese plantel educativo en el sonado caso de ‘Grado Express’.

Ambos venían enfrentando una investigación disciplinaria que inició mediante un oficio del 16 de abril del año 2018 enviado por el decano de la Facultad de Derecho, Robert Romero, quien pone en conocimiento presuntas irregularidades cometidas por egresados de esa facultad con relación al proceso de grado, en que se habrían falsificados unos certificados que eran requisito para alcanzar el título.

Al respecto, el despacho valoró unos oficios, certificados y testimonios, a fin de verificar si Jairo Martínez, en su función de coordinador de Seminario de Grado de la Facultad de Derecho, no ejerció los controles necesarios para evitar que se expidieran certificaciones falsificadas de evaluación de seminarios de derecho para obtener título de Derecho o si María Inmaculada Pinto, en su condición de secretaria de la coordinación de seminarios, procedió a solicitar dinero y entregar a los egresados del programa de Derecho las certificaciones falsas.

“A los disciplinados no puede imponérsele sanción disciplinaria alguna, puesto que con su comportamiento jamás pudieron haber transgredido las disposiciones del estatuto disciplinario, toda vez que no hay certeza sobre la existencia de la falta y responsabilidad del investigado. Muy a pesar que el hecho existió, pero no hay prueba que conduzca que sean ellos los que lo hayan realizado. En ese sentido, el despacho los absolverá”, reza el fallo conocido por EL PILÓN.

PLEITO EN LO PENAL

María Inmaculada Pinto Cerchar aún tiene un proceso penal en los estrados judiciales, el cual está a la espera de celebrarse la audiencia de formulación de acusación.

No obstante, su defensor Tomás Javier Oñate indicó que con la decisión disciplinaria trabajarán por la preclusión de la acción penal.

“Este fundamento se va a tomar para que ante Fiscalía se solicite la preclusión de la acción penal, porque no hay mérito de que se continúe investigando, teniendo en cuenta que la misma institución que fungía como víctima la está absolviendo de responsabilidad disciplinaria”, dijo el abogado.