En la continuación de las audiencias preliminares contra los implicados en un presunto fraude en los requisitos de grados de la facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Popular del Cesar, UPC, el Juzgado Segundo Municipal de Valledupar con Funciones de Control de Garantías dictó medida no privativa de la libertad contra los nueve estudiantes capturados por la Fiscalía.

El juez habría tenido en cuenta que estos no representan un peligro para la sociedad y carecen de antecedentes judiciales.

Asimismo, la decisión estaría acorde con las peticiones de la defensa que manifestaron no ver necesaria una medida de aseguramiento privativa de la libertad, teniendo en cuenta que los jóvenes no representan riesgos de que vayan a afectar el proceso judicial o la investigación en su contra.

“El peligro debe verse si se puede obstruir el desarrollo de la justicia, la no comparecencia, pero mi defendida es una persona que no tiene antecedentes, no se puede limitar su movilidad nada más a estar en su casa. Además no se puede presumir que si obtuvo el documento manipulado haya sido producto de ella”, dijo el abogado Humberto García Martínez, quien representa los intereses de la estudiante Eva Fernández Rodríguez.

Aunque los jóvenes puedan enfrentar el proceso en libertad, pero siguen vinculados en el proceso y tienen que comparecer las veces que el juzgado de conocimiento lo requiera
Los cobijados con medida no privativa de la libertad son: Linda Marcela Luqués Palacio, Yoise Galena García Ortiz, Kelly Fernanda Villero Vanegas, Eva Astrid Fernández Rodríguez, Any Lucellys López López, Damaris Edith Pedroza Mejía, José Mario Meneses Duarte, Atilio Miguel Zabaleta Suárez y Libardo Jesús Medina Torres.

Entre tanto, a la funcionaria de la UPC implicada, María Inmaculada Pinto Cerchar, al cierre de esta edición no le había definido el tipo de medida de aseguramiento a aplicar.

“A esta se le atribuye ser la posible determinadora y de las 10 conductas punibles, al sembrar la idea de maniobrar los papeles públicos, puntualmente las certificaciones de las evaluaciones de los seminarios. Les colocó la idea de que los presentaran en la universidad con una tarea de convencer y determinarlos, más exactamente en la sede Sabana”, dijo el fiscal del caso en la imputación de cargos.

A los indiciados los detectives del CTI los capturaron en el desarrollo de un operativo el pasado miércoles desplegado en los municipios cesarense de Pailitas, La Paz, Valledupar; al igual que; en El Molino, La Guajira.