El presidente y expresidente de la multinacional minera Drummond, José Miguel Linares Martínez y Augusto Jiménez Mejía, respectivamente, afrontarán un juicio por presuntamente aliarse con los paramilitares entre los años 1996 y 2001 en el departamento del Cesar. 

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Así quedó establecido luego de que una fiscalía delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá confirmara en segunda instancia la resolución de acusación en contra de José Linares y Augusto Jiménez por el delito de concierto para delinquir agravado. 

Según la investigación, los directivos habrían aumentado el valor de un contrato de suministro de alimentos con una empresa proveedora para obtener recursos adicionales y destinarlos a cubrir obligaciones ilegales previamente adquiridas con el frente ‘Juan Andrés Álvarez’ del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC.

“De esta manera, al parecer, garantizaron la protección de sus bienes y ejercieron con libertad la operación minera de carbón en el departamento del Cesar”, informó la Fiscalía. 

No obstante, los hechos serán debatidos mediante la Ley 600 de 2000, del antiguo sistema de procedimiento penal. 

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La investigación surgió de una compulsa de copias emitidas por la justicia ordinaria en el marco de otros pleitos que se adelantan por el paramilitarismo. 

EL FRENTE 

El frente ‘Juan Andrés Álvarez’ que salpica a los directivos fue uno de los primeros que surgió de las AUC en el departamento del Cesar con una amplia injerencia en los municipios de Becerril, El Paso, La Jagua Ibirico, Agustín Codazzi y Chiriguaná. 

“Se extrae de las versiones dadas por los postulados que los esquemas utilizados para la financiación del frente ‘Juan Andrés Álvarez’, dependían de la zona, por ejemplo para las plantaciones de palma de aceite cobraban $30.000 por cada hectárea plantada y para la de caña de azúcar un valor de $10.000, Javier López Arce, alias el Canoso, era el encargado de recaudar los aportes de los ganaderos a quienes le cobraban un monto de diez mil pesos por hectárea y los grandes palmicultores, cultivadores de caña”, reza un oficio aportado a la Rama Judicial sobre el frente.

LA MULTINACIONAL

La multinacional Drummond, por su parte, mostró apoyo a sus directivos al considerar que las acusaciones de la Fiscalía están sustentadas en declaraciones falsas de delincuentes convictos, que recibieron pagos por su testimonio.

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“Lo que existe contra Drummond es un cartel de falsos testigos, promovido por un abogado norteamericano y abogados colombianos, que demandaron a la empresa en Estados Unidos, pero no tuvieron éxito. Sin embargo, lo que han logrado es que estos paramilitares repitan sus mentiras ante la Fiscalía y ante la JEP“, informó la multinacional en un comunicado.