En diciembre del año anterior, el Concejo de Valledupar no le permitió a la Alcaldía dejar contratada la alimentación escolar del 2016 con lo que se evitaría el problema de todos los años, que los niños no reciben desayunos y almuerzos en sus primeros días de clases.

El entonces alcalde Fredys Socarrás pedía facultades para comprometer vigencias futuras excepcionales y así contratar la alimentación escolar por un costo superior a los 11.000 millones de pesos, pero le fueron negadas.

Sobre esta situación el exsecretario de Educación Municipal, Asdrúbal Rocha Lengua, explicó que el Concejo no dio vía libre a las vigencias futuras aunque el Gobierno Nacional abrió un capítulo especial para hacerlo.

“Teníamos la aprobación del Ministerio de Educación con unos recursos que nos enviaron, unos 642 millones de pesos para demostrarle al Concejo que teníamos capacidad de endeudamiento y ni así fue aceptada, era un tema de análisis y no de una discusión política que terminará afectando a los estudiantes de Valledupar y sus corregimientos al inicio de este año escolar”, declaró Rocha Lengua.

A la fecha, la actual administración municipal, en cabeza de Augusto Daniel Ramírez Uhía, trabaja en el proceso de contratación directa para el tema de alimentación y licitación en transporte, enmarcado en la Ley 80 de 1993; serán más de 45 días hábiles para que la administración municipal pueda escoger al oferente, que según lo estipulado sería Reinaldo Carvajal, quien ha ejecutado el contrato en los últimos años.

Las jornadas escolares iniciarán el próximo 18 de enero, unos 70 mil estudiantes de Valledupar regresarán a clases pero no tendrán ni alimentación y menos el transporte que le corresponde contratar a la administración municipal. De igual manera, habrá afectación en la contratación que empleados de oficios varios, vigilancia y encargados de atención a niños en condición de discapacidad.

Estamos trabajando
Este año el servicio de alimentación y transporte escolar, por lo menos, se retrasará hasta los primeros días del mes de febrero. El secretario de Educación Municipal (e), Fidelino Palacios, explicó que la semana anterior trabajó en conjunto con las secretarías de Hacienda, General, oficinas Jurídica y Planeación, para darle trámite a los convenios en alimentación escolar.

“El transporte escolar necesariamente es licitación y lógicamente seguirá el curso. La alimentación se trabajará según la Oficina Jurídica a través de un convenio, no tenemos el ente operador, pero a más tardar el martes debe estar definido”, argumentó Palacios.

Dijo además que el contrato de alimentación tendrá un presupuesto de unos 13.000 millones que cubriría la mayor parte del año, en caso de agostarse los recursos tiene presupuestado una adición de 2.000 millones de pesos.

Sin diferencia
De una fuente cercana a la Secretaría de Educación, EL PILÓN estableció que este año el contrato de alimentación escolar sería ejecutado por Katia Elena Rosado Morillo, quien ha sido polémica tras la ejecución de contratos de esta índole en departamentos como La Guajira, Cesar, Sucre, Bolívar y Atlántico.

Para cada colegio no hay un presupuesto establecido, simplemente se distribuye la alimentación a quienes lo ameriten, tampoco es cierto que los rectores ejecuten recursos en el tema alimentación escolar, ellos manejan recursos de gratuidad que debe reinvertir en la misma institución.

El operador firma y responde por la ejecución del contrato, contrata a quienes preparan y sirven los alimentos. Es válido aclarar además que la minuta alimentaria es igual para todas las instituciones públicas, incluyendo las dirigidas por la Diócesis de Valledupar.

“No existe diferencia entre instituciones educativas, el operador lleva el alimento por igual sin que haya cambios entre unos y otros”, indicó la fuente.

En 2015, se entregaban unas 47.000 raciones alimentarias diarias y el mayor número de beneficiarios fueron los corregimientos de Valledupar, en el municipio se entrega el suplemento alimenticio, como lo denomina el Ministerio, a los grados de primero a quinto, si quedan son otorgados a sexto y séptimo. Para las instituciones de jornada única si se entrega desayuno y almuerzo a todos los estudiantes del plantel.

Otros municipios
A diferencia del municipio de Valledupar, los otros 24 municipios del Cesar contarán desde el primer día de clases con la ejecución del servicio de alimentación escolar. Antes de terminar el año, en comisión de presupuesto la Asamblea del Cesar aprobó el proyecto que en el 2016 beneficiará a 122.173 estudiantes de 1.066 instituciones educación del departamento.

Para tal fin fueron comprometidas vigencias futuras, lo que no pudo hacer la Alcaldía de Valledupar por la negativa del Concejo, para cumplir con la proyección de ejecutar el contrato por un valor de 19.463 millones de pesos.

Menos recursos nacionales
Teniendo como base las fallas en la ejecución del programa y la no utilización de algunos recursos ofrecidos por el Gobierno, el Ministerio de Educación Nacional anunció que la responsabilidad en materia de alimentación será compartida con cada una de las alcaldías y gobernaciones.

Para tener mayor coordinación y reglamentar lo referente a la implementación, contratación y seguimiento del Programa de Alimentación Escolar, PAE, el Ministerio expidió el 16 de septiembre de 2015 el Decreto 1852.

La norma tiene como principios básicos la responsabilidad compartida y la articulación de todos los actores, al igual que la cofinanciación a través de una bolsa común, en la que deben confluir diferentes fuentes de financiación: Recursos transferidos por el Ministerio, los del Sistema General de Participaciones, regalías y los que asignen para este fin cada una de las entidades territoriales certificadas.

Para el Cesar se torna algo preocupante debido a que el Ministerio entregaba el 70 por ciento el contrato a los municipios certificados. El año anterior, Valledupar recibió 6.100 millones y para este se esperan 5.100 millones de pesos, los otros 1.000 millones deberán ser aportados por el municipio. Y en poblaciones sin certificación la Gobernación entrega seis meses de alimentación y transporte, y el resto va por cuenta de cada administración.

La cartera educativa del país dijo que continuará aportando recursos, definiendo los lineamientos técnicos y administrativos del programa, brindando acompañamiento y haciendo seguimiento para garantizar la adecuada y oportuna prestación de los servicios de alimentación escolar en las instituciones educativas del país. Por su parte, las entidades territoriales serán las responsables del proceso de contratación de los operadores, de supervisar y hacer seguimiento a los contratos.

De igual manera, deben planificar y aunar esfuerzos para financiar la ejecución del programa. El Ministerio de Educación continuará haciendo seguimiento y acompañamiento técnico, jurídico y financiero a esta operación.

Vigilancia especial
En la capital del Cesar la entidad encargada de estudiar, otorgar y vigilar la prestación del servicio de alimentación escolar es la Secretaría de Educación Municipal, mientras que en los otros 24 municipios es la Secretaría de Educación Departamental.

El Ministerio de Educación Nacional viene haciendo un fuerte seguimiento a los recursos entregados a las entidades certificadas del país. El año anterior, el ente canceló contratos de operadores de alimentación escolar en Atlántico y Bolívar, luego de encontrar múltiples hallazgos tras denuncias de los estudiantes, padres de familia y comunidad en general.

Tanto el Ministerio de Educación como la Contraloría General de la Nación encontraron que no se estaba dando la cantidad de comida adecuada, los alimentos estaban en mal estado, y las manipuladoras de tenían la dotación suficiente ni las normas básicas de higiene.

Por tal motivo y ante el riesgo en la integridad y bienestar de los niños, la ministra Gina Parody decidió dar por terminado los contratos de la Fundación Kabala y Unión Temporal Alimentar en los departamentos nombrados anteriormente.

En agosto de 2015, Parody pidió a los alcaldes y gobernadores de Córdoba, La Guajira, Magdalena, Lorica, Sahagún, Ciénaga, Santa Marta, Uribia y Valledupar tomar las acciones respectivas frente a las irregularidades encontradas en sus programas de alimentación de niños, ya fuera terminando los contratos con los operadores o señalando los incumplimientos de los mismos.

En el caso específico de La Guajira, afirmó que el Ministerio ha respetado que sean las comunidades indígenas las que realicen el Programa de Alimentación Escolar pero, debido a las irregularidades encontradas, les llamó a que cumplan con las condiciones básicas de higiene que exige el Gobierno.

El contralor Edgardo Maya exigió al Ministerio de Educación que sea este mismo el que asuma la dirección y el manejo de este programa, la entidad no tomará tal consejo y seguirá otorgando la responsabilidad a las alcaldías de cada departamento.

Justamente, la Contraloría adelanta cinco procesos de responsabilidad fiscal por irregularidades en el programa, uno de ellos en La Jagua de Ibirico donde se detectó un sobrecosto por 3.026 millones.

El informe emitido por la Contraloría señala que en este municipio la administración municipal compró víveres como harina, lenteja, frijol, pasta, aceite, azúcar y leche, incluidos en un kit alimenticio entregado durante 18 meses a 5.063 beneficiarios, entre niños y niñas desnutridos y en riesgo de desnutrición, madres gestantes y lactantes, que presentó un monto mayor al normal.

La historia se repite año tras año, con este contrato y otros como el de transporte escolar. En muchas ocasiones los recursos que entrega el Ministerio de Educación son direccionados a otros proyectos, dejando sin sostenimiento financiero a la población estudiantil que este año en Valledupar no tendrá ninguno de los dos servicios a tiempo.

EL PILÓN conoció que la Procuraduría tiene varios de estos casos identificados y adelanta indagaciones en otros departamentos en donde están involucrados funcionarios de Rionegro (Antioquia), Sabanalarga (Atlántico), Magangué (Bolívar), Popayán (Cauca), Valledupar (Cesar), Cajicá, Nemocón, Tabio, Sesquilé (Cundinamarca), Cúcuta (Norte de Santander), Ibagué (Tolima) y Bucaramanga (Santander).

Son cinco ítems que entrega el Ministerio de Educación para el tema de la contratación escolar en el país: Planeación, contratación, ejecución, sistema de información, seguimiento, monitoreo y control.

La Procuraduría tiene abiertas 16 investigaciones por presuntas irregularidades en la contratación de raciones escolares en alcaldías y regionales del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) de 11 departamentos.

La ministra de Educación, Gina Parody, hizo un llamado a los alcaldes y gobernadores de regiones como Cesar y Valledupar para que tomen acciones en otros casos denunciados con respecto a alimentación escolar.

EL PILÓN estableció que este año el contrato de alimentación escolar sería ejecutado por Katia Elena Rosado Morillo.

“El transporte escolar necesariamente es licitación. La alimentación se trabajará según la Oficina Jurídica a través de un convenio, no tenemos el ente operador, pero a más tardar el martes debe estar definido”: Fidelino Palacios.

Por Carlos Mario Jiménez
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