El pasado lunes 6 de febrero el Gobierno nacional radicó en el Congreso de la República el Plan Nacional de Desarrollo de la administración de Gustavo Petro 2022-2026, el cual deberá ser aprobado a más tardar el 6 de mayo de 2023; sin embargo, el gobierno incluyó su trámite dentro del listado de proyectos de sesiones extraordinarias citadas desde este pasado lunes hasta el día 15 de marzo.

Se prevé que el Plan no salga tan rápido porque si bien por un lado hay afán gubernamental, por el otro comenzará un proceso de aterrizarlo, en cuanto a los instrumentos de ejecución y el plan de inversiones, que son puntos en el cual las aspiraciones regionales, de los congresistas y de gremios se enfocan –   más allá del concepto de recomendaciones del dado Consejo Nacional de Planeación -; pretenden que esos programas generales se conviertan en proyectos específicos que esta vez se espera sean estratégicos y de impacto.

Lo que podemos decir por lo pronto es que en el diagnóstico el gobierno, por querer ser diferente, apostó – contrario a la costumbre de tomar los asuntos por los sectores (digamos a cargo de cada Ministerio) a sabiendas de la dificultad, como lo señaló el director de Planeación Jorge Iván Gonzales -por unos llamados ‘ejes de transformación’, que pueden ser difusos y de difícil comprensión: 1. ordenamiento del territorio alrededor del agua (ambiente, ordenamiento territorial, catastro multipropósito, tierras), 2. Seguridad Humana y Justicia Social (salud, educación, protección social y subsidios, renta nacional, vida y justicia), 3. Derecho humano a la alimentación, 4. Internacionalización, transformación productiva para la vida (transición energética, reindustrialización, infraestructura, servicios públicos), y 5. Convergencia Regional (superar brechas ciudad-campo, y la digital).

Se señalan, además, como ‘ejes transversales’ Paz Total, actores diferenciales para el cambio (mujeres, niños, indígenas, dignificación pueblos) y estabilidad macroeconómica. Al observar el documento, parecen que estos ‘ejes transversales’ tienden a confundirse con los de transformación. Todo lo cual nos llevará a la necesidad de hacer un análisis más meticuloso de las más de doscientas páginas del documento.

De forma resumida podríamos decir, porque lo oímos repetidamente en los discursos del presidente y la vicepresidenta, que el propósito es alcanzar la paz total, la justicia social y la justicia ambiental.

Ahora, al mirar las líneas de inversión del PND en el Cesar y los llamados proyectos, fruto de las reuniones participativas que se hicieron, sus títulos y descripciones se reducen a buenos propósitos; problema de que en general adolecen, por su naturaleza, esos grandilocuentes planes, pero que tratándose del presente gobierno, de naturaleza fuertemente ideológica y simbólica, se hacen más evidentes. Pero eso será motivo de próximo editorial sobre la característica gaseosa en que podría tornarse la ejecución del gobierno Petro en El Cesar.