Como si fuera poco con los problemas de contaminación ambiental, accidentalidad vial, desempleo y corrupción que afectan al corredor minero, ahora se le suma otro que deja una huella social imborrable: son las mal llamadas Tocallantas: niñas de 11 a 16 años víctimas de la explotación sexual a lo largo de la vía entre las poblaciones Curumaní y El Copey, que abordan los camiones de tráfico pesado y en el recorrido tienen sexo con conductores depravados, que lo único que buscan es un rato de placer, sin importar el daño que le hacen a las infantes, quienes todavía no tienen la suficiente conciencia para saber lo que hacen y marcan sus vidas para siempre. Situación que, adicionalmente, puede generar accidentes en esta vía que es considerada la ruta del diablo.

El caso es tan grave que las niñas en algunos casos son inducidas por sus mismos padres, que ante la restricción para menores que se presenta en algunas residencias de los poblados, han optado por adecuar en sus mismas viviendas cuartos con aire acondicionado, para no ser detectados por las autoridades y de paso ganar más en este abominable negocio. Después de las 10 de la noche la carretera se convierte en el prostíbulo más grande del mundo, por su extensión en kilómetros, ya que los conductores recogen las niñas que van y regresan en un tráfico de sexo que no tiene dolientes. el instituto de bienestar familiar ha identificado 450 niñas que se dedican al paseo sexual, que ya tiene tarifas establecidas, sexo oral $10.000, sexo vaginal $20.000, sexo anal $25.000 y el triple play, un paquete que viene con descuento, es de 30.000 pesos y el más apetecido por estos conductores sin alma. Y ahora, están apareciendo pedófilos homosexuales, solicitando también niños para satisfacer sus inclinaciones, que en cualquier país del mundo tendría cárcel perpetua, pero en nuestro país sucede y nadie hace nada. La prostitución infantil es una realidad vivida por muchos niños en Colombia, pero lo más grave es que el departamento de Cesar se está ubicando a la cabeza en los indicadores, debido a la zona, que es considerada rica y debería tener resueltos los problemas de inclusión social.

Es un caso monstruoso que nos debería dar vergüenza como sociedad. Es un problema que crece y que merece la mayor atención de las autoridades ¿Donde está el compromiso del ICBF, de la Defensoría del Pueblo, de la Procuraduría, de la Gobernación del Cesar, de las alcaldías municipales por hacer valer los derechos de estos niños que todas las noches son vulnerados en su condición humana. Es el momento de actuar, las multinacionales del carbón que tantos dividendos recaudan no pueden hacerse los de la vista gorda ante un problema que indirectamente ellos suscitan, la sociedad cesarense no aguanta más humillación. El Presidente Juan Manuel Santos que fue tan diligente para calificar la bonanza minera con el fin de llevarse las regalías, debería organizar una comisión de alto nivel que aborde este tema con inversión, que recupere el tejido social con programas de prevención, psicorientación, vigilancia efectiva, proyectos para madres cabeza de hogar y fomento del empleo, en una zona que cada día se ahoga más en un mar de desesperanza.
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