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Servicios de internet, impresiones y fotocopias que violaban la libre locomoción de los vallenatos, tenían conexiones eléctricas ilegales.
La reciente intervención de la Alcaldía de Valledupar, este miércoles 5 de febrero, liderada por el secretario de Gobierno, Jorge Pérez, junto a su oficina de Espacio Público, abordó la problemática de la invasión del espacio público en la ciudad. En la operación se logró la desocupación de varios negocios informales que operaban en la calle 16, justo frente a la Gobernación del Cesar.
Estos establecimientos, que ofrecían servicios de internet, fotocopias y transcripción de textos, habían generado serias dificultades para la movilidad de los ciudadanos, obligándolos a transitar por las vías vehiculares y aumentando el riesgo de accidentes. Además, mantenían conexiones irregulares de energía, las cuales también fueron desarticuladas por las autoridades.
Pérez explicó que la acción fue motivada por una denuncia pública sobre la ocupación irregular del espacio. “La Secretaría de Gobierno con todo el equipo interdisciplinario de espacio público junto a nuestra Policía Nacional, junto a los inspectores policía urbano, tenemos un gran reto de recuperar el espacio público de la ciudad” . Este esfuerzo se alinea con el cumplimiento del Plan de Ordenamiento Territorial que busca mejorar las condiciones urbanísticas en Valledupar.
Durante el operativo los propietarios opusieron resistencia, alegando que llevaban ahí más de 20 años y nunca les impidieron trabajar ahí. Además, las autoridades cortaron las mesas que estaban aferradas con cemento a la vía pública.
Leer: La batalla por recuperar el espacio público en Valledupar
Durante la operación, se encontraron evidencias de defraudación del servicio eléctrico, lo cual es considerado un delito según el Código Penal. Pérez advirtió que estas acciones no solo conllevan sanciones económicas, sino también pueden resultar en privación de libertad. “Hoy, por supuesto, recuperamos este espacio público enfrente de la Gobernación”, afirmó .
El robo de energía eléctrica representa pérdidas con repercusiones económicas, sociales y ambientales. Este fenómeno ocurre cuando la electricidad se utiliza de manera ilegal, ya sea para evitar el pago de tarifas o para acceder al servicio sin costo alguno. En el caso de las conexiones encontradas en los negocios desmantelados en el espacio público, un computador con impresora puede gastar aproximadamente $650.000 diarios, al mes representaría cerca de $19.500.000.
Como resultado, los vallenatos que cumplen con sus obligaciones pueden enfrentar incrementos en las tarifas de electricidad como consecuencia directa del impacto financiero del hurto. Desde una perspectiva social, el hurto de energía afecta la calidad del suministro eléctrico. Las conexiones irregulares a menudo provocan interrupciones y fluctuaciones en el servicio, lo que puede dañar los electrodomésticos y generar riesgos de incendios.
En términos ambientales, al no pagar por el servicio, se fomenta un consumo irresponsable que incrementa las emisiones de gases de efecto invernadero y acelera el calentamiento global. Es importante recordar que el hurto de energía no solo tiene consecuencias económicas y ambientales, sino que también está tipificado como un delito en el Código Penal Colombiano, lo que implica sanciones severas para quienes sean sorprendidos cometiendo este acto ilícito.
El secretario también destacó que las medidas no se limitan a esta intervención. Se están preparando nuevos decretos para prohibir la circulación de carretillas en el mercado público y otras áreas críticas. “Vamos a ejercer autoridad frente al tema de la venta y compra de productos en carretillas”, anunció Pérez, quien subrayó que no se busca perjudicar a los vendedores informales, sino regular su actividad para que puedan operar sin afectar el espacio público.
La situación en Valledupar ha sido descrita como un “problema latente” que afecta tanto a peatones como a conductores. “De manera voluntaria ellos (los ocupantes del espacio público) pues recogieron sus elementos y esperamos que no se siga ocupando el espacio público de manera irregular en esta importante zona, que también ha sido producto de accidentes. Al ciudadano le toca bajarse del espacio público hacia la vía pública y ha ocasionado en varias ocasiones accidentes de tránsito tanto con vehículos automotores, como con vehículos motocicletas”, reconoció Pérez.
Por: Redacción EL PILÓN
Servicios de internet, impresiones y fotocopias que violaban la libre locomoción de los vallenatos, tenían conexiones eléctricas ilegales.
La reciente intervención de la Alcaldía de Valledupar, este miércoles 5 de febrero, liderada por el secretario de Gobierno, Jorge Pérez, junto a su oficina de Espacio Público, abordó la problemática de la invasión del espacio público en la ciudad. En la operación se logró la desocupación de varios negocios informales que operaban en la calle 16, justo frente a la Gobernación del Cesar.
Estos establecimientos, que ofrecían servicios de internet, fotocopias y transcripción de textos, habían generado serias dificultades para la movilidad de los ciudadanos, obligándolos a transitar por las vías vehiculares y aumentando el riesgo de accidentes. Además, mantenían conexiones irregulares de energía, las cuales también fueron desarticuladas por las autoridades.
Pérez explicó que la acción fue motivada por una denuncia pública sobre la ocupación irregular del espacio. “La Secretaría de Gobierno con todo el equipo interdisciplinario de espacio público junto a nuestra Policía Nacional, junto a los inspectores policía urbano, tenemos un gran reto de recuperar el espacio público de la ciudad” . Este esfuerzo se alinea con el cumplimiento del Plan de Ordenamiento Territorial que busca mejorar las condiciones urbanísticas en Valledupar.
Durante el operativo los propietarios opusieron resistencia, alegando que llevaban ahí más de 20 años y nunca les impidieron trabajar ahí. Además, las autoridades cortaron las mesas que estaban aferradas con cemento a la vía pública.
Leer: La batalla por recuperar el espacio público en Valledupar
Durante la operación, se encontraron evidencias de defraudación del servicio eléctrico, lo cual es considerado un delito según el Código Penal. Pérez advirtió que estas acciones no solo conllevan sanciones económicas, sino también pueden resultar en privación de libertad. “Hoy, por supuesto, recuperamos este espacio público enfrente de la Gobernación”, afirmó .
El robo de energía eléctrica representa pérdidas con repercusiones económicas, sociales y ambientales. Este fenómeno ocurre cuando la electricidad se utiliza de manera ilegal, ya sea para evitar el pago de tarifas o para acceder al servicio sin costo alguno. En el caso de las conexiones encontradas en los negocios desmantelados en el espacio público, un computador con impresora puede gastar aproximadamente $650.000 diarios, al mes representaría cerca de $19.500.000.
Como resultado, los vallenatos que cumplen con sus obligaciones pueden enfrentar incrementos en las tarifas de electricidad como consecuencia directa del impacto financiero del hurto. Desde una perspectiva social, el hurto de energía afecta la calidad del suministro eléctrico. Las conexiones irregulares a menudo provocan interrupciones y fluctuaciones en el servicio, lo que puede dañar los electrodomésticos y generar riesgos de incendios.
En términos ambientales, al no pagar por el servicio, se fomenta un consumo irresponsable que incrementa las emisiones de gases de efecto invernadero y acelera el calentamiento global. Es importante recordar que el hurto de energía no solo tiene consecuencias económicas y ambientales, sino que también está tipificado como un delito en el Código Penal Colombiano, lo que implica sanciones severas para quienes sean sorprendidos cometiendo este acto ilícito.
El secretario también destacó que las medidas no se limitan a esta intervención. Se están preparando nuevos decretos para prohibir la circulación de carretillas en el mercado público y otras áreas críticas. “Vamos a ejercer autoridad frente al tema de la venta y compra de productos en carretillas”, anunció Pérez, quien subrayó que no se busca perjudicar a los vendedores informales, sino regular su actividad para que puedan operar sin afectar el espacio público.
La situación en Valledupar ha sido descrita como un “problema latente” que afecta tanto a peatones como a conductores. “De manera voluntaria ellos (los ocupantes del espacio público) pues recogieron sus elementos y esperamos que no se siga ocupando el espacio público de manera irregular en esta importante zona, que también ha sido producto de accidentes. Al ciudadano le toca bajarse del espacio público hacia la vía pública y ha ocasionado en varias ocasiones accidentes de tránsito tanto con vehículos automotores, como con vehículos motocicletas”, reconoció Pérez.
Por: Redacción EL PILÓN