En zozobra viven los habitantes del departamento del Cesar y Valledupar, con los diferentes hechos que se han registrado relacionados con homicidios, hurtos y amenazas. Ahora, el ciudadano Jaime Jiménez denunció un suceso que le ha causado preocupación.

Según lo manifestado por Jiménez  líder del conjunto cerrado Flores de María 1 en la capital del Cesar, hace pocos días fue  víctima de amenazas de muerte a través de mensajes de WhatsApp. Según la víctima, la administradora del lugar también estaría siendo intimidada.

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Manifiesta que en el mensaje se les exigen que abandonen sus cargos en un plazo de diez días. En caso de no hacerlo sus vidas estarían en peligro.

“Nosotros recibimos a través de un mensaje vía whatsapp, que llegó al número del celular de la portería del conjunto diciendo que debemos renunciar al cargo tanto mi persona como la administradora y representante legal del conjunto en un término de 10 días porque están ofreciendo una suma de dinero por nuestras cabezas, de no hacerlo dice claramente que llevaríamos plomo si no accedemos a estas peticiones. Nosotros quedamos muy sorprendidos con este tipo de acciones porque estábamos trabajando dentro de toda la comunidad y por el bienestar de nuestro conjunto”, indicó.

La víctima asegura que estas intimidaciones les ha causado temor teniendo en cuenta que se les advirtió de asesinarlos. Jiménez manifestó que desconoce el origen de las mismas  ya que lo que ha venido haciendo es coordinar mejoras y resolviendo problemas financieros en el conjunto.

Afirmó que la administración del se ha caracterizado por una gestión responsable buscando alternativas para cubrir los costos básicos de mantenimiento, seguridad y nómina.

“Lo más sorprendente es que no tengo ningún inconveniente con ninguno de los propietarios o los inquilinos. Siempre he tenido y tratado de tener una relación lo más cordial posible, lógicamente habrán personas que no comparten nuestro pensamiento y es respetable, pero nunca se me ha hecho de pronto algún tipo de acusación o algún tipo de reclamo”, afirmó.

Las amenazas fueron dejadas a disposición de la Fiscalía que deberá iniciar un proceso de investigación para determinar exactamente de dónde provienen. 

Cabe señalar que en  medio de esta situación alarmante los afectados decidieron continuar con los trámites necesarios para realizar la asamblea ordinaria del 2025, donde se presentará el presupuesto anual y se formalizará la entrega de los cargos con el fin de evitar que sus vidas corran peligro. 

“Entregaremos nuestros cargos y convocaremos a una asamblea en el conjunto”, expuso.

Frente al caso la comunidad exige que las autoridades esclarezcan los hechos lo antes posible y se determine de dónde provienen las amenazas.