La reciente intervención de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios a la empresa Air-e, debido a la crisis financiera que atraviesa la compañía, la ha puesto en la lupa de la Procuraduría de la General de la Nación, debido a que el ente de control a través de un oficio le solicitó a la Superservicios, puntualizar las posibles implicaciones económicas y de afectación del servicio para los usuarios en la Costa Caribe.  

En ese sentido, el ente de control le solicitó al superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, Dagoberto Quiroga Collazos, aclarar con base a qué estudio técnico se le solicitó a la Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREG, concepto favorable para proceder a la toma de posesión de la empresa Air-e.

Así mismo, información sobre las fuentes de recursos a los que recurrirá la Superintendencia para garantizar el servicio y el monto mensual de gastos necesarios para garantizar la prestación del servicio en los departamentos del Atlántico, La Guajira y el norte del Magdalena, área de cobertura de Air-e.

En ese orden de ideas, el ministerio público, también solicitó información sobre los subsidios causados y aún no girados a la empresa con corte a agosto de 2024, y el comportamiento de los indicadores: pérdidas, recaudo, calidad del servicio (SAIDI y SAIFI).

Cabe recordar que el pasado martes, la empresa Air-e informó que necesitaba una intervención urgente del Gobierno Nacional, pues solo tenía capacidad para operar por cuatro o cinco días más. En atención a esa solicitud, el jueves 12 de septiembre la Superservicios tomó posesión de la empresa. 

De acuerdo con la Superservicios, el objetivo de la intervención es revisar los estados financieros de Air-e y las condiciones bajo las cuales la empresa está operando. Esta acción responde a los problemas de ineficiencia y falta de cobertura que la empresa ha mostrado en su operación en el Caribe colombiano.

Por Namieh Baute Barrios