Los centros de pensamiento Fundesarrollo, con sede en Barranquilla, y Cesore, con sede en  Valledupar  hicieron un llamado al Gobierno nacional para que la transición energética en la Región Caribe sea un proceso gradual que incluya la creación de una matriz de fuentes de generación de energía múltiples, y una diversificación económica que mitigue los riesgos fiscales y externos derivados de la reducción de los ingresos por exportaciones, impuestos y regalías derivados de los combustibles fósiles.

Tras advertir que los riesgos antes señalados impactarían la financiación pública y privada y la generación de empleo, las dos organizaciones advirtieron que el aspecto fiscal es uno de los mayores desafíos para los departamentos y municipios de esta zona del país que dependen económicamente del carbón y del petróleo, al ser  productores o puertos de exportación, dado que no existen ingresos para reemplazar las regalías, cruciales para sus presupuestos.

Los planteamientos están hechos en un estudio titulado “Hacia la energía y la minería sostenible en el Caribe”, en el que se plantea que esa decisión gubernamental crea un dilema significativo porque por una parte las energías alternativas no generan regalías, y por lo otra, mientras se intentan resolver problemas globales dejando de producir fósiles, (Colombia solo contribuye con el 0.6% de las emisiones mundiales), se están perdiendo regalías condenando a muchos ciudadanos al desempleo y a la pobreza. 

El análisis recordó que La Guajira y Cesar son particularmente dependientes de estos ingresos, con cifras alarmantes en cuanto a la proporción de su presupuesto que proviene de regalías y sobretasas. “Una reducción abrupta en la producción de combustibles fósiles podría reducir el PIB regional en un 10.6% y el PIB nacional en un 8.7%, con impactos significativos en los departamentos con mayor dependencia”.

El estudio consideró crucial que los nuevos proyectos, especialmente los de energía alternativa y las comunidades y municipios energéticos promovidos por el gobierno, contribuyan a cerrar la brecha en el sector rural caribeño, garantizando el acceso a la electricidad, dado que aún persiste el consumo de leña y la falta de iluminación en muchos hogares pobres de la costa rural porque el servicio es intermitente y costoso y porque en muchos territorios dónde se genera la energía se vive en la oscuridad.

“Este es el principal reclamo de las comunidades caribeñas, especialmente rurales, indígenas y afrocolombianas, que albergan gran parte de los aerogeneradores y granjas solares. Estas zonas de alta pobreza a menudo no se benefician de la energía extraída de sus territorios ni de los bienes públicos asociados, como puestos de salud con energía o escuelas climatizadas.

Según cálculos del Centro Regional de Estudios de Energía (CREE), un hogar de estrato 1 debe destinar el 16.5% de su ingreso a pagar servicios públicos. Por lo tanto, brechas de esta naturaleza, son las que deben cerrarse con los nuevos proyectos”, planteó el estudio que fue hecho por Oriana Álvarez Vos – Directora ejecutiva de Fundesarrollo; Fernando Herrera Araújo, director de Cesore; el investigador Jorge Guerra España, siguiendo el modelo del CREE.

Basados en esos argumentos los dos centros de pensamiento insistieron en que para que la transición energética sea exitosa se requiere una planificación cuidadosa, inversión continua, una estrecha colaboración entre el gobierno, las comunidades y el sector privado, y la capacitación y formación de jóvenes para el manejo de las nuevas energías. “La clave estará en gestionar equitativamente los recursos, fomentar el desarrollo local y garantizar que los beneficios de la transición energética sean distribuidos de manera justa”.

En ese mismo sentido, advirtieron que debido el impacto ambiental que también tienen las energías renovables no convencionales (FERNC) como la solar y la eólica, aun siendo las más limpias, es vital que se instalen sin afectar corredores biológicos o sitios sagrados indígenas porque estas preocupaciones igualmente deben ser parte de la planificación de estos proyectos. 

Seguidamente Fundesarrollo y Cesore resaltaron que abogan también por la necesidad de que existan decisiones concertadas entre el gobierno central y las autoridades y comunidades regionales. “La política minera carbonífera del actual gobierno es un ejemplo de lo que se cuestiona en la regiones: decisiones centralistas en cuanto a la no adjudicación de los títulos mineros que devolvió Prodeco en el Cesar, la no venta de carbón a Israel y la declaratoria de zona de reserva ambiental en zonas mineras, son decisiones que afectan de manera profunda las finanzas y el bienestar social de los habitantes vulnerables del territorio a cuyas autoridades y líderes nunca se les ha consultado su opinión”.

Al sustentar este planteamiento, el estudio resaltó que la región Caribe es fundamental para la economía minero-energética de Colombia, contribuyendo significativamente al PIB y las exportaciones del país. En 2023, el PIB regional fue de 142.154 mil millones de pesos, con un crecimiento del 83% desde 2005. La economía regional se basa en servicios, comercio e industria, aunque el sector minero sigue siendo crucial, especialmente en los departamentos de Cesar y La Guajira. 

Además, el Caribe colombiano es responsable de entre el 36% y el 45% de las exportaciones minero-energéticas nacionales. En 2022, las exportaciones de estos recursos alcanzaron los 11.979 millones de dólares, representando el 67% de las exportaciones regionales. La región debe diversificar su economía y atraer inversiones en energías renovables para adaptarse a la transición global hacia fuentes más sostenibles.