En respuesta a las múltiples quejas y denuncias por parte de la ciudadanía sobre el procedimiento que realiza la Secretaría de Tránsito Municipal para la imposición de fotomultas, la Procuraduría General de la Nación solicitó al secretario de Tránsito y Transporte de Valledupar, Alberto Daza Sagbini, información sobre el procedimiento manual para la imposición de multas, sus debidos estudios y las socializaciones a la población con sus respectivas evidencias acerca de la fotodetención y cultura ciudadana.

El ente de control hace el requerimiento con el propósito de constatar que en la ciudad el procedimiento para la imposición de multas cumple con las previsiones legales y cuenta con los debidos estudios para su funcionamiento. Lo anterior, debido a que la ciudadanía ha denunciado que el proceso para la fotodetención es “inadecuado, excesivo y no consta de un parámetro fijo”. 

En ese sentido, la Procuraduría también puntualizó que quiere conocer si los medios usados para detectar infractores cuentan con la autorización de seguridad vial como está establecido en la ley y, si no, se debe indicar las razones. De igual manera pidió verificar a las autoridades de la capital cesarense el cumplimento de la Ley 1843 de 2017, la cual regula la instalación y puesta en marcha de los sistemas y otros medios tecnológicos para la detección de infracciones.

De acuerdo con la entidad, Daza tendrá un plazo no mayor a cinco días para suministrar la información requerida. Este plazo se cumplirá el próximo viernes 23 de agosto. 

“MULTAS IMPAGABLES”

A través de los diferentes medios de comunicación la ciudadanía ha manifestado su inconformidad y rechazo ante la aplicación de las fotomultas en la ciudad de Valledupar. Uno de los tantos denunciantes es Marcos Barrios, repartidor de suministros para empresas de eventos, quien aseguró que tiene que pagar $1.145.000 en fotomultas “por bajarse del carro a revisar una llanta”. 

“Me colocaron las dos multas el mismo día. Yo salí a hacer unas entregas y sentí un ruido en la parte de atrás del carro. Puse las luces intermitentes, me estacioné y me agaché junto al carro para revisar la llanta. Vi que le faltaba aire, pero no me podía quedar ahí porque iba tarde. Hice la entrega y camino al taller otra vez sentí el ruido y me detuve a revisar la llanta. Cuando llegué a mi casa vi que al correo me llegó la notificación del comparendo”, explicó Barrios. 

Agregó que aún no ha podido pagarlas y que es una “injusticia” porque se detuvo a revisar el estado del vehículo y no a parquearse en un lugar prohibido. 

Un caso similar lo vivió María Ochoa, enfermera de profesión, que tiene un acumulado de $1.717.560 en fotomultas por parquear en zona prohibida. “Mi infracción es porque mi esposo me lleva al trabajo y espera a que me baje del carro. No me han puesto más multas porque voy al trabajo en bus los días que él viaja o sino tuviera 10 millones o más en multa. Yo no sé qué harán con ese dinero porque es exorbitante la multa”, comentó Ochoa. 

En ese sentido, el oficio del ente de control también puntualiza que el Ministerio Público pretende obtener los datos sobre la empresa que lleva a cabo la expedición y recaudo de los comparendos, en el que se especifique también “el vínculo de estos con la administración municipal”. 

¿QUIÉN IMPONE EL COMPARENDO? 

Debido a la baja popularidad de las cámaras de fotomultas, hay quienes señalan que el comparendo lo colocan de manera automática. Sin embargo, la Agencia Nacional de Seguridad Vial puntualiza que los Sistemas Automáticos, semiautomáticos y otros medios tecnológicos para la detección de infracciones, SAST, tienen la función de detectar y recoger evidencias mediante cámaras de vídeo y equipos electrónicos los cuales servirán como prueba de ocurrencia de una presunta infracción de tránsito. 

“De acuerdo con lo anterior, los SAST no imponen comparendos ni multas”. Con la evidencia recaudada por estos dispositivos, las autoridades de tránsito son quienes elaboran una orden de comparendo si se encuentra mérito para ello. Estas autoridades son las únicas competentes para expedir órdenes de comparendos por infracciones de tránsito ocurridas en su jurisdicción. 

“Los inspectores de tránsito, los inspectores de policía o quien haga sus veces en el respectivo ente territorial adelantarán el proceso administrativo contravencional”, señala la agencia. 

LAS DEBIDAS SEÑALIZACIONES 

Paola Navarro, docente de Lengua Castellana, comentó que no hay suficiente señalización para informar a la ciudadanía de la presencia de los dispositivos electrónicos, y eso ha provocado que el número de personas multadas aumente. Acotando así que están dispuestos en lugares que “pone en entredicho si de verdad están en cumplimiento de la ley”. 

“Hasta el momento no me han colocado una infracción porque a mí no me gusta estacionar el carro en ningún lugar, ni siquiera en parqueaderos por la inseguridad, pero he notado y es algo que también he comentado con amigos, que los lugares en donde están esos dispositivos hay demasiada concurrencia y tráfico. Es casi imposible que un vehículo no se detenga”, argumentó Navarro. 

De acuerdo con la Agencia Nacional de Seguridad Vial, en Colombia hay 678 cámaras de fotomultas autorizadas por el Gobierno Nacional. Estos dispositivos deben tener la autorización del Ministerio de Transporte y estar acompañados de señales visibles que informen que es una zona vigilada por cámaras o radar. Esto con el propósito de advertir a los ciudadanos sobre su existencia y fortalecer las acciones preventivas frente a comportamientos no seguros.

En ese sentido, se le recomienda al conductor que en caso de tener dudas sobre el sitio dispuesto para la cámara, debe consultar el sitio web oficial de la Agencia Nacional de Seguridad Vial y detallar si realmente la cámara se encuentra registrada para su funcionamiento. Así mismo, podrá verificar si el dispositivo es el indicado para la infracción impuesta, ya que no todos estos sistemas tecnológicos tienen la misma funcionalidad.

Por Redacción EL PILÓN