En los últimos meses se han conocido una serie de quejas por los altos costos de consumo en el recibo de la luz, siendo constantes las reclamaciones en contra de la empresa operadora de servicio de energía en Valledupar, Afinia Grupo EPM.

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Son comunes casos como los de Carmen Gómez, una madre cabeza de hogar que reside en el barrio Don Alberto de la capital cesarense, cuyo estrato es tres, quien desde hace más de un año está a la espera de resolver un problema de abuso en la factura de la luz.

“Hace dos años llegaron a mi casa, me bajaron el contador y me dijeron que estaba alterado. Me hicieron una supuesta acta donde decían que yo tenía dos computadores de mesa, una impresora industrial, motor para bombear agua y nada de eso es verdad“, dijo la residente de Valledupar al exponer su situación que ya pasó a manos de la Superintendencia de Servicios Públicos, tras recibir una multa de $1.200.000 que ya ha aumentado a $2.400.000, pero sigue sin obtener respuesta debido que desde la entidad le manifiestan que está en lista de espera por más de mil casos represados por afectaciones de la empresa Afinia.

Ante estos reclamos, Melkis Kammerer, abogado y defensor de la comunidad por más de 23 años, dio a conocer su postura sobre las denuncias de costos excesivos en servicios públicos, exponiendo que hace falta más control por parte de los entes gubernamentales como Alcaldía, Gobernación, Procuraduría y Personería, en cuanto a la inspección de vulneración de derechos, justificando que la Superintendencia de Servicios Públicos que es quien debería proteger a la comunidad “está en beneficio de las empresas y estos actúan sobrepasando la ley”.

“Los trabajadores de Afinia al hacer visitas a la comunidad dicen que el medidor está malo y lo envían a un laboratorio propio donde supuestamente confirman que sí está dañado y luego cobran sanciones por energía que, según, no se facturó“, expresó el abogado experto que dice haber ganado más de 500.000 tutelas en contra de las empresas y entidades del estado, resaltando que “es ilegal realizar visitas sin previo aviso y suspender los servicios públicos en su totalidad sin garantizar el bienestar de la ciudadanía”.

De acuerdo con Kammerer el artículo 30 de la resolución 108 de 1997 establece que los medidores deben estar ubicados en un sitio de fácil acceso tanto para los operativos de la empresa, como para los usuarios, apuntando en que estos acontecimientos se pueden prevenir. “Conozco casos de personas que han pasado de pagar el recibo de la luz en 200.000 pesos hasta 8 y 9 millones de pesos”, acotó, dando a conocer que diario exponen ante él hasta 60 quejas por altos consumos.

Otro caso de aumento inusual en el recibo de la luz es el de Melisa Rosa Jiménez, residente del barrio Divino Niño, estrato 1 del municipio, que presenta afectaciones de salud y depende económicamente de su hijo, quien frecuentemente pagaba 75.000 pesos en el recibo de la luz y ahora el saldo de consumo es de 922.000 pesos; “no tengo cómo pagar esta factura”, expresó.

Así mismo, Héctor Acosta, en busca de solución también expuso que de pagar entre 900.000 pesos y un millón de pesos en los meses de agosto, septiembre y octubre, pasó a 4 millones en el mes de noviembre, siendo un aumento exagerado y desajustado a la realidad del consumo.

Antes estas denuncias, este medio de comunicación intentó hablar con el gerente de Afinia en Valledupar, Jorge Rivero, quien no fue posible contactar, así como con el representante de la Superintendencia en el municipio, Carlos Dávila, pero este se encontraba de vacaciones.

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Es importante señalar que a la falta de respuesta de la Superintendencia por el cobro excesivo de servicios públicos, la comunidad puede acudir a los Comités de Desarrollo y Control Social que son espacios de participación creados por los usuarios como mecanismo de gestión social en los servicios públicos garantizados por el artículo 202 de la Constitución y la ley 1757 del 2015 para obligar a la Superintendencia a cumplir con la vigilancia y control. Aunque en Valledupar aún no funcionan estos comités para defender los atropellos de las empresas de servicios públicos, para el próximo 23 de febrero del 2024 está prevista una convocatoria de confirmación para velar por el beneficio de la ciudadanía.