En el plano de la realidad este es un sofismo, es un barniz de legalidad a las campañas y no solamente en las de nuestro departamento sino a nivel nacional.
En conversación con varios amigos sobre la situación de Valledupar y el departamento del Cesar, de cara al manejo de la cosa pública y las próximas elecciones regionales, el eje central fue la financiación de las campañas políticas.
Consideramos que dichas financiaciones, sin duda alguna, son non sanctus en lo absoluto y oficialmente cumplen con el formalismo del tope de inversión en ellas, las cuales son presentadas ante el Consejo Nacional Electoral, ente que a través de la Resolución No. 0670 del 31 de enero del 2023, fijó los montos de gastos de las campañas para los cargos uninominales, de los candidatos que se inscriban para las elecciones de gobernaciones, alcaldías distritales y municipales.
Esta resolución establece los topes de las campañas que se lleven a cabo durante en este año y el monto máximo que cada partido o movimiento con personería jurídica pueda invertir en ellos; lo anterior con fundamento en el art. 109 de la C.N., que regula la limitación del monto de los gastos que los partidos, movimientos, grupos significativos de ciudadanos o candidatos puedan realizar en las campañas electorales.
Así mismo la máxima cuantía de las contribuciones privadas, de acuerdo con la ley. De los apartes de dicho Acto Administrativo, se ve las buenas intenciones en el Órgano de Cierre en interpretación de la Constitución Nacional (Corte Constitucional) tal materia, cuando expresa: “El Principio de Transparencia en materia electoral apunta al establecimiento de instrumentos a determinar con precisión el origen, destinación, el monto de los recursos económicos, que soportan la campaña electoral. Por ello deben rendir cuentas o balances al término de las elecciones y las sanciones al candidato o partido político que incumplan tal deber o superen los montos máximos autorizados.
Apuntando a combatir la corrupción. Para fijar los límites de los topes o montos de inversión se debe apreciar: 1) Los costos reales de las campañas; 2) El censo electoral a diciembre 2022 y 3) La apropiación presupuestal para la financiación estatal en la anualidad reinante. Bajo estas premisas, se tiene como monto o tope de inversión para las elecciones regionales en los cargos de alcalde de Valledupar y gobernador del departamento del Cesar con corte a 23 de abril de 2023.
Valledupar con potencial electoral de 321.801 votantes, con parámetro de un censo electoral de 250.001 a 500.000 votantes, el monto de inversión en la campaña es de $1.862.410.015, en cuanto al departamento con potencial electoral de 894.275 votantes para el segundo cargo en mención, con un censo electoral de 885.001 a 1.500.000 votantes, su tope de inversión en campaña es de $2.669.942.415.
En el plano de la realidad este es un sofismo, es un barniz de legalidad a las campañas y no solamente en las de nuestro departamento sino a nivel nacional, inclusive, es solo mirar cómo está en el ojo del huracán la elección del primer cargo de la nación, en donde los escándalos de dineros presuntamente no ingresados en la contabilidad oficial y la transparencia de su procedencia se está volviendo el tema casi que mensual a digerir, donde la tinta que rueda en la prensa escrita y la verborrea en las emisoras sin importar su ranking no tiene fin.
No dejes de leer: Vandalizaron valla de Christian Moreno, candidato a la Alcaldía de Valledupar
La anterior narrativa tiene de largo como de ancho para su análisis y el temor de la gente de bien para aspirar a dichos cargos siempre está acompañada por el temor fundado de la escasez de recursos económicos para su financiación, pues la reposición de los recursos por parte del Estado (es parcial) y no cubre siquiera el 50% de lo realmente invertido para tal empeño, máxime que se tiene previsto como valor de reposición por voto para este año la suma de $2.755 para alcaldías y de $4.590 para gobernaciones, partiendo que cumplan con el porcentaje establecido de votos válidos obtenidos para ello, el cual es del 4% o más del total de votos válidos depositados en la respectiva elección y son muchas las familias en el departamento del Cesar que se han visto arruinadas por disponer del capital de trabajo de ellas en pro de una campaña política.
De ahí que los aspirantes a esas dignidades dejan casi siempre para la última semana a la fecha de vencimiento de inscripción su decisión al respecto, con la mal llamada estrategia de no incurrir en gastos que lastimen las arcas de sus pretensiones y esperar cual es opositor a dedo de las casas de gobierno, en un claro sentimiento derrotista.
Yo me aparto de esas formas de ver la dialéctica electoral, pues de insistir en ella es entrar en el juego perverso del dinero fácil, en la asociación de apostadores e inversores de dichas campañas donde el tercer receptor termina envilecido, sub judice y abrumado por las ías, y mostrando una clara incapacidad de servicio con un afán de llegar al consistorio público o despacho pertinente a cualquier precio y de sus verdaderas intenciones de masacrar el erario (debe cumplir sus compromisos soterrados), derrotar su pobreza económica y de por vida pasar de ser una persona majísima a una cacoquimia.
Nuestro ordenamiento jurídico permite con su paquidermia en su gestión judicial que la anulación de una elección popular o el resultado de un proceso de esta envergadura coincida con un escaso margen de seis meses de diferencia (a lo sumo) con la terminación del periodo para el cual fue elegido (a) la elección demandada; ello garantiza la inscripción de personas que se encuentren con varios años inmersas en estos tipos de investigaciones en una clara mofa al electorado.
Desde el punto de vista filosófico, aunque para algunos sea cursi o desueto ante la ostentosidad de los recursos de una campaña sobre todo en sus dos a tres últimos meses, se necesita un alto nivel de conciencia, ver, sentir y transmitir una campaña electoral como una empresa donde el éxito de ella no sea el derroche de dinero, sino de entusiasmo, concientización y compromiso; y no solo del candidato sino de su grupo de colaboradores.
Para ello debe cumplirse con todos los pasos de una planeación estratégica con análisis del entorno, formulación, programación y ejecución de lo que se quiere. Debe haber una visión y una misión, unos objetivos a corto y largo plazo y un plan de acción para avanzar en la dirección correcta.
Traducido al español y hablando coloquialmente, si se desea salir airoso en dicho propósito no se puede competir de tú a tú en dicho proceso electoral, pues en dicha arena las fuentes reales de financiación son variadas, las antes expresadas y otras más erosivas a la democracia como es el mismo dinero del Estado, que es utilizado para financiar las campañas durante los cuatro años venideros con miras a la próxima contienda electoral, permitiendo perpetuar en el poder a quienes lo vienen dirigiendo hasta ahora y a través de mecanismos con apariencia de legalidad.
Es imperativo sentir la necesidad de que esto no puede seguir así, que no es de una decisión de cuatro a seis meses; que sea una meta a cumplir con el tiempo necesario para la organización del cometido, donde la juventud debe ser la protagonista, por ser la más golpeada , a la que se le niegan las oportunidades y la que es fácil presa de que enajenen su libertad en el voto, donde los sectores de la producción y gremios se sacudan, quienes son los que aglutinan la clase trabajadora y en gran parte votante, pues con ella es con quien tienen el contacto directo en sus respectivas relaciones laborales sin que ello signifique que le estén condicionando su libre albedrío.
Señores constructores, ingenieros y arquitectos locales, hemos perdido parte de nuestra identidad donde hasta los nombres de los consorcios y uniones temporales no hacen honor a nuestros sitios emblemáticos, pues es un hecho notorio que hacen alusión a poblaciones que no son del departamento del Cesar, por no ser considerados como contratistas y solo falta que llegue el denominado “Consorcio de la arepa de huevo de Luruaco”. Tienen huevo. ¿No? Ruego a Dios se dé un debate en las Universidades de la región donde participe por lo menos Elvia Milena Sanjuan, Claudia Margarita Zuleta, Katia Salem Ospino, Arturo Calderón Rivadeneira, José Luís Mayorca, Antonio Sanguino, Kaleb Villalobos, Surelys Pana, Gustavo Arregocés. ¡Amanecerá y veremos dijo el ciego y no vio!
POR: CARLOS ALBERTO ARAMENDIZ TATIS/ESPECIAL PARA EL PILÓN.
En el plano de la realidad este es un sofismo, es un barniz de legalidad a las campañas y no solamente en las de nuestro departamento sino a nivel nacional.
En conversación con varios amigos sobre la situación de Valledupar y el departamento del Cesar, de cara al manejo de la cosa pública y las próximas elecciones regionales, el eje central fue la financiación de las campañas políticas.
Consideramos que dichas financiaciones, sin duda alguna, son non sanctus en lo absoluto y oficialmente cumplen con el formalismo del tope de inversión en ellas, las cuales son presentadas ante el Consejo Nacional Electoral, ente que a través de la Resolución No. 0670 del 31 de enero del 2023, fijó los montos de gastos de las campañas para los cargos uninominales, de los candidatos que se inscriban para las elecciones de gobernaciones, alcaldías distritales y municipales.
Esta resolución establece los topes de las campañas que se lleven a cabo durante en este año y el monto máximo que cada partido o movimiento con personería jurídica pueda invertir en ellos; lo anterior con fundamento en el art. 109 de la C.N., que regula la limitación del monto de los gastos que los partidos, movimientos, grupos significativos de ciudadanos o candidatos puedan realizar en las campañas electorales.
Así mismo la máxima cuantía de las contribuciones privadas, de acuerdo con la ley. De los apartes de dicho Acto Administrativo, se ve las buenas intenciones en el Órgano de Cierre en interpretación de la Constitución Nacional (Corte Constitucional) tal materia, cuando expresa: “El Principio de Transparencia en materia electoral apunta al establecimiento de instrumentos a determinar con precisión el origen, destinación, el monto de los recursos económicos, que soportan la campaña electoral. Por ello deben rendir cuentas o balances al término de las elecciones y las sanciones al candidato o partido político que incumplan tal deber o superen los montos máximos autorizados.
Apuntando a combatir la corrupción. Para fijar los límites de los topes o montos de inversión se debe apreciar: 1) Los costos reales de las campañas; 2) El censo electoral a diciembre 2022 y 3) La apropiación presupuestal para la financiación estatal en la anualidad reinante. Bajo estas premisas, se tiene como monto o tope de inversión para las elecciones regionales en los cargos de alcalde de Valledupar y gobernador del departamento del Cesar con corte a 23 de abril de 2023.
Valledupar con potencial electoral de 321.801 votantes, con parámetro de un censo electoral de 250.001 a 500.000 votantes, el monto de inversión en la campaña es de $1.862.410.015, en cuanto al departamento con potencial electoral de 894.275 votantes para el segundo cargo en mención, con un censo electoral de 885.001 a 1.500.000 votantes, su tope de inversión en campaña es de $2.669.942.415.
En el plano de la realidad este es un sofismo, es un barniz de legalidad a las campañas y no solamente en las de nuestro departamento sino a nivel nacional, inclusive, es solo mirar cómo está en el ojo del huracán la elección del primer cargo de la nación, en donde los escándalos de dineros presuntamente no ingresados en la contabilidad oficial y la transparencia de su procedencia se está volviendo el tema casi que mensual a digerir, donde la tinta que rueda en la prensa escrita y la verborrea en las emisoras sin importar su ranking no tiene fin.
No dejes de leer: Vandalizaron valla de Christian Moreno, candidato a la Alcaldía de Valledupar
La anterior narrativa tiene de largo como de ancho para su análisis y el temor de la gente de bien para aspirar a dichos cargos siempre está acompañada por el temor fundado de la escasez de recursos económicos para su financiación, pues la reposición de los recursos por parte del Estado (es parcial) y no cubre siquiera el 50% de lo realmente invertido para tal empeño, máxime que se tiene previsto como valor de reposición por voto para este año la suma de $2.755 para alcaldías y de $4.590 para gobernaciones, partiendo que cumplan con el porcentaje establecido de votos válidos obtenidos para ello, el cual es del 4% o más del total de votos válidos depositados en la respectiva elección y son muchas las familias en el departamento del Cesar que se han visto arruinadas por disponer del capital de trabajo de ellas en pro de una campaña política.
De ahí que los aspirantes a esas dignidades dejan casi siempre para la última semana a la fecha de vencimiento de inscripción su decisión al respecto, con la mal llamada estrategia de no incurrir en gastos que lastimen las arcas de sus pretensiones y esperar cual es opositor a dedo de las casas de gobierno, en un claro sentimiento derrotista.
Yo me aparto de esas formas de ver la dialéctica electoral, pues de insistir en ella es entrar en el juego perverso del dinero fácil, en la asociación de apostadores e inversores de dichas campañas donde el tercer receptor termina envilecido, sub judice y abrumado por las ías, y mostrando una clara incapacidad de servicio con un afán de llegar al consistorio público o despacho pertinente a cualquier precio y de sus verdaderas intenciones de masacrar el erario (debe cumplir sus compromisos soterrados), derrotar su pobreza económica y de por vida pasar de ser una persona majísima a una cacoquimia.
Nuestro ordenamiento jurídico permite con su paquidermia en su gestión judicial que la anulación de una elección popular o el resultado de un proceso de esta envergadura coincida con un escaso margen de seis meses de diferencia (a lo sumo) con la terminación del periodo para el cual fue elegido (a) la elección demandada; ello garantiza la inscripción de personas que se encuentren con varios años inmersas en estos tipos de investigaciones en una clara mofa al electorado.
Desde el punto de vista filosófico, aunque para algunos sea cursi o desueto ante la ostentosidad de los recursos de una campaña sobre todo en sus dos a tres últimos meses, se necesita un alto nivel de conciencia, ver, sentir y transmitir una campaña electoral como una empresa donde el éxito de ella no sea el derroche de dinero, sino de entusiasmo, concientización y compromiso; y no solo del candidato sino de su grupo de colaboradores.
Para ello debe cumplirse con todos los pasos de una planeación estratégica con análisis del entorno, formulación, programación y ejecución de lo que se quiere. Debe haber una visión y una misión, unos objetivos a corto y largo plazo y un plan de acción para avanzar en la dirección correcta.
Traducido al español y hablando coloquialmente, si se desea salir airoso en dicho propósito no se puede competir de tú a tú en dicho proceso electoral, pues en dicha arena las fuentes reales de financiación son variadas, las antes expresadas y otras más erosivas a la democracia como es el mismo dinero del Estado, que es utilizado para financiar las campañas durante los cuatro años venideros con miras a la próxima contienda electoral, permitiendo perpetuar en el poder a quienes lo vienen dirigiendo hasta ahora y a través de mecanismos con apariencia de legalidad.
Es imperativo sentir la necesidad de que esto no puede seguir así, que no es de una decisión de cuatro a seis meses; que sea una meta a cumplir con el tiempo necesario para la organización del cometido, donde la juventud debe ser la protagonista, por ser la más golpeada , a la que se le niegan las oportunidades y la que es fácil presa de que enajenen su libertad en el voto, donde los sectores de la producción y gremios se sacudan, quienes son los que aglutinan la clase trabajadora y en gran parte votante, pues con ella es con quien tienen el contacto directo en sus respectivas relaciones laborales sin que ello signifique que le estén condicionando su libre albedrío.
Señores constructores, ingenieros y arquitectos locales, hemos perdido parte de nuestra identidad donde hasta los nombres de los consorcios y uniones temporales no hacen honor a nuestros sitios emblemáticos, pues es un hecho notorio que hacen alusión a poblaciones que no son del departamento del Cesar, por no ser considerados como contratistas y solo falta que llegue el denominado “Consorcio de la arepa de huevo de Luruaco”. Tienen huevo. ¿No? Ruego a Dios se dé un debate en las Universidades de la región donde participe por lo menos Elvia Milena Sanjuan, Claudia Margarita Zuleta, Katia Salem Ospino, Arturo Calderón Rivadeneira, José Luís Mayorca, Antonio Sanguino, Kaleb Villalobos, Surelys Pana, Gustavo Arregocés. ¡Amanecerá y veremos dijo el ciego y no vio!
POR: CARLOS ALBERTO ARAMENDIZ TATIS/ESPECIAL PARA EL PILÓN.