Aunque algunos sectores hablan de una reforma integral al sistema de educación superior, los puntos de mayor interés a nivel local tienen que ver con la fórmula de financiación de las universidades públicas.
El Gobierno nacional pretende radicar el proyecto de reforma a la Ley 30 de 1922 el próximo 20 de julio en el Congreso de la República, según afirmó la ministra de Educación, Aurora Vergara, en diálogo con EL PILÓN, en Valledupar.
Esta iniciativa ha generado expectativa en la región porque sectores académicos y estudiantiles han expresado la necesidad de que la Universidad Popular del Cesar (UPC) reciba mayores recursos por parte de la Nación, como lo hacen otras instituciones públicas.
Según el rector de la UPC, Rober Romero, la alma mater está recibiendo, en promedio, $3.500.000 al año por estudiante, mientras que “La Universidad Nacional $19.500.000”.
Estas asignaciones presupuestales están sustentadas en los artículos 86 y 87 de la citada Ley. El primero de ellos define que “Las universidades estatales u oficiales recibirán anualmente aportes de los presupuestos nacional y de las entidades territoriales, que signifiquen siempre un incremento en pesos constantes, tomando como base los presupuestos de rentas y gastos vigentes a partir de 1993”.
El problema de esta fórmula de distribución de los recursos, según fuentes consultadas por esta casa editorial, sería que para esa época, la universidad tenía recursos inferiores, carecía de infraestructura y recibía miles de estudiantes menos que hoy.
El otro artículo, el 87, establece que el Gobierno nacional “incrementará sus aportes para las universidades en un porcentaje no inferior al 30% del incremento real del Producto Interno Bruto, en razón al mejoramiento de la calidad de las instituciones que lo integran”.
“De ahí la urgencia de modificar esos dos artículos: se tomó la fotografía de las universidades en esa época y nos están distribuyendo recursos con base en lo que era la vieja UPC, hoy la UPC es 10 veces más”, explicó Romero.
El análisis que hace el abogado es que las “universidades pequeñas están condenadas a ser pequeñas”, por eso, han pedido una fórmula “equitativa”, que tenga en cuenta las condiciones actuales.
Sin embargo, la ministra de Educación manifestó que el Gobierno nacional “ha hecho una apuesta estructural de financiamiento para las instituciones educativas públicas que permiten que hoy tengan nuevo financiamiento a sus bases presupuestales, esto debe ayudar a que los rectores puedan garantizar más acceso en perspectiva de regionalización”.
No obstante, continúa el debate sobre la reforma a la Ley 30 entre estudiantes, directivos y expertos, para suministrar información que alimente la ponencia que estará en el Congreso de la República.
Juan López, representante estudiantil ante el Consejo Superior de la UPC, ha estado en esos escenarios: “Se espera que los insumos que salgan de estos espacios puedan verse reflejados en esta reforma que va a ser trascendental para el país, el Ministerio le está dando un enfoque territorial y de superar brechas de desigualdad”.
Los movimientos estudiantiles y otros sectores de la academia esperan que dichos artículos sean priorizados en la nueva legislatura, consideran que una reforma integral sería ‘más demorado’.
Aunque algunos sectores hablan de una reforma integral al sistema de educación superior, los puntos de mayor interés a nivel local tienen que ver con la fórmula de financiación de las universidades públicas.
El Gobierno nacional pretende radicar el proyecto de reforma a la Ley 30 de 1922 el próximo 20 de julio en el Congreso de la República, según afirmó la ministra de Educación, Aurora Vergara, en diálogo con EL PILÓN, en Valledupar.
Esta iniciativa ha generado expectativa en la región porque sectores académicos y estudiantiles han expresado la necesidad de que la Universidad Popular del Cesar (UPC) reciba mayores recursos por parte de la Nación, como lo hacen otras instituciones públicas.
Según el rector de la UPC, Rober Romero, la alma mater está recibiendo, en promedio, $3.500.000 al año por estudiante, mientras que “La Universidad Nacional $19.500.000”.
Estas asignaciones presupuestales están sustentadas en los artículos 86 y 87 de la citada Ley. El primero de ellos define que “Las universidades estatales u oficiales recibirán anualmente aportes de los presupuestos nacional y de las entidades territoriales, que signifiquen siempre un incremento en pesos constantes, tomando como base los presupuestos de rentas y gastos vigentes a partir de 1993”.
El problema de esta fórmula de distribución de los recursos, según fuentes consultadas por esta casa editorial, sería que para esa época, la universidad tenía recursos inferiores, carecía de infraestructura y recibía miles de estudiantes menos que hoy.
El otro artículo, el 87, establece que el Gobierno nacional “incrementará sus aportes para las universidades en un porcentaje no inferior al 30% del incremento real del Producto Interno Bruto, en razón al mejoramiento de la calidad de las instituciones que lo integran”.
“De ahí la urgencia de modificar esos dos artículos: se tomó la fotografía de las universidades en esa época y nos están distribuyendo recursos con base en lo que era la vieja UPC, hoy la UPC es 10 veces más”, explicó Romero.
El análisis que hace el abogado es que las “universidades pequeñas están condenadas a ser pequeñas”, por eso, han pedido una fórmula “equitativa”, que tenga en cuenta las condiciones actuales.
Sin embargo, la ministra de Educación manifestó que el Gobierno nacional “ha hecho una apuesta estructural de financiamiento para las instituciones educativas públicas que permiten que hoy tengan nuevo financiamiento a sus bases presupuestales, esto debe ayudar a que los rectores puedan garantizar más acceso en perspectiva de regionalización”.
No obstante, continúa el debate sobre la reforma a la Ley 30 entre estudiantes, directivos y expertos, para suministrar información que alimente la ponencia que estará en el Congreso de la República.
Juan López, representante estudiantil ante el Consejo Superior de la UPC, ha estado en esos escenarios: “Se espera que los insumos que salgan de estos espacios puedan verse reflejados en esta reforma que va a ser trascendental para el país, el Ministerio le está dando un enfoque territorial y de superar brechas de desigualdad”.
Los movimientos estudiantiles y otros sectores de la academia esperan que dichos artículos sean priorizados en la nueva legislatura, consideran que una reforma integral sería ‘más demorado’.