A propósito del anuncio del Gobierno de Gustavo Petro de iniciar las conversaciones para reformar la Ley 30, EL PILÓN dialogó con el rector de la Universidad Popular del Cesar, Rober Romero, sobre los puntos críticos, como la financiación de las universidades. 

El presidente Gustavo Petro habló de una reforma a la Ley 30. ¿Qué debe cambiar en la educación superior de este país? 

La Ley 30 requiere una reforma integral. Es una ley de 1992, a punto de cumplir 30 años. La educación ha evolucionado, sobre todo a partir de la autonomía de las universidades, pregonada en el artículo 69 de la Constitución.

Lo más urgente son los artículos 86 y 87. Esos artículos reglamentan la forma de financiación de las universidades estatales y cómo se distribuyen los recursos. 

¿Y cómo está reglamentada la financiación de las universidades? 

El gran problema de las universidades públicas es la financiación, la carencia de recursos, eso nos limita en el objetivo de mejorar calidad, ampliar calidad, y potenciar la investigación. 

Se requiere acabar la inequidad en la financiación de la universidad.  La fórmula que establece la Ley 30 está premiando a aquellas universidades que en 1992 eran grandes y castigando a universidades como la nuestra, que en aquel entonces eramos incipientes. En 1992 teníamos cuatro programas de pregrado, hoy tenemos 22. 

Si se sigue aplicando la misma fórmula de 1992 estamos condenados a no avanzar. Es como si las universidades grandes tuvieran el privilegio de ser grandes todo el tiempo, y las que fueron pequeñas estuvieran condenadas. 

Hablemos de esa inequidad en números…

Este año nosotros recibimos $3.5 millones por estudiante al año, mientras que universidades como la Nacional recibe más de $20 millones al año. El título que entrega la Nacional es igual al título que entrega la UPC. 

Analizando el presupuesto de la UPC, de los $120 mil millones, solo $3 mil millones son para inversión… 

La gran debilidad de la UPC son los recursos para la inversión y fomento. La universidad ha crecido, pero sobre la base de esfuerzos propios. El presupuesto de la universidad está destinado, en más del 95%, para funcionamiento. Eso nos limita el crecimiento. 

Pongo un ejemplo: el bloque de aulas costó $23.000 millones de pesos. El comedor universitario costó alrededor de $5.000 millones de pesos. Por fortuna hemos tenido el respaldo del gobierno departamental. 

Y eso es lo que nos ha permitido avanzar como universidad. Si queremos ampliar cobertura, como propone el presidente, necesitamos nuevas aulas, bloques, laboratorios. El reto es jalonar recursos para proyectos de inversión. Eso es lo que estamos intentando. 

¿Qué ha hablado con los congresistas sobre el trámite de la reforma?

Yo me reuní con ellos y les expliqué la inequidad en la distribución de los recursos, y lo mal que está en ese escenario la UPC. Tienen el compromiso de prestarle atención a los dos artículos que hablan de la financiación en la Ley 30 cuando inicie el estudio de la reforma. 

¿Qué tan posible es la acreditación institucional de la UPC?

Estamos más cerca que nunca de la acreditación institucional de la UPC. Para poder acreditar institucionalmente la universidad necesitamos mínimo 7 programas. En este momento, por primera vez en la universidad, tenemos 4 programas acreditados. Estamos haciendo esfuerzos para acreditar 3 más y lograr la acreditación institucional.

Qué significaría eso para el estudiantado 

Para el estudiante implica que el programa en el que estudia tiene unas condiciones (funcionamiento, docentes, laboratorios) reconocidas por el Estado, que le permiten certificar que será un egresado de alta calidad. Tendrá un valor agregado. No es lo mismo presentar la hoja de vida siendo egresado de un programa de alta calidad.

Por Deivis Caro