Las estrategias acordadas entre los órganos penitenciarios y las autoridades gubernamentales del departamento del Cesar por ahora ‘han sido insuficientes’ para reducir de manera considerable el hacinamiento que padecen los cuatro centros carcelarios de Valledupar. 

A esa conclusión llegó el delegado sobre derechos humanos de la Procuraduría General de la Nación, Javier Sarmiento Olarte, tras una reunión que sostuvo con los funcionarios de la Alcaldía Municipal, la Gobernación Cesar y directivos del Inpec. 

En el encuentro se evaluaron los compromisos adquiridos el pasado 2 de diciembre para afrontar la problemática carcelaria, pero estas no se han llevado a cabo en su totalidad. 

Por ejemplo, el Inpec solo ha realizado el traslado de 45 internos de La Permanente de los 100 que se había comprometido. En consecuencia, en la estación el número de privados de la libertad sólo pasó de 568 personas a 522, por lo que continúa el hacinamiento por encima del 900 %. 

La administración municipal también avanzó en las diligencias para ampliar las instalaciones de La Permanente, pero la medida es a mediano plazo y no surtirá efectos inmediatos. 

“El grado de afectación de los derechos humanos de estas personas privadas de la libertad es grave, no solo por el hacinamiento y las enfermedades como tuberculosis, gripas y dengue que pululan allí, sino por permanentes agresiones denunciadas entre los grupos que se conforman entre los presos. El INPEC se ha comprometido a investigar lo que sucede y si hay armas entre los presos”, manifestó Sarmiento. 

El funcionario instó a las autoridades administrativas a acelerar las medidas de intervención para descongestionar las cárceles. 

“Si bien hay (medidas) a largo plazo como la construcción de unos centros de detención transitoria, deben darse medidas rápidas como quiera que el hacinamiento sigue en alrededor del 900%”, puntualizó Sarmiento. 

Pero añadió que esa estrategia de descongestión tendrá que estar acompañada de brigadas a cargo de la Defensoría del Pueblo para revisar los casos de cada detenido, empezando por aquellos que llevan más de tres años esperando que se resuelva su situación jurídica en un centro de reclusión diseñado para detenciones de máximo 36 horas. 

Estas medidas nuevamente serán evaluadas en una mesa de trabajo del próximo 27 de enero de 2023.