La Procuraduría vinculó a cinco servidores públicos a la investigación adelantada por presuntas irregularidades en el proyecto de la Casa en el Aire.
La Procuraduría General de la Nación vinculó a cinco servidores públicos, para la época de los hechos, a la investigación adelantada por presuntas irregularidades en el proyecto de construcción de la primera etapa del parque Casa en el Aire, en Valledupar.
Se trata de José Juan Lechuga Zambrano, exsecretario General; Juan Pablo Morón, María Raiza Fuentes Lacouture y Alfredo Quintero Ternera, en sus condiciones de secretarios de Obras Públicas, supervisores de contrato de obra 1613 y de interventoría 1632 de 2018, además, Gerín Fernando Picaza Montero, quien para la época de los hechos ejerció el apoyo a la supervisión del mencionado contrato.
El ente disciplinario investiga posibles deficiencias e insuficiencias técnicas en los estudios y diseños; retrasos en la realización de las obras, presuntas inconsistencias en los actos modificatorios del contrato y en la fijación de precios unitarios no previstos.
A esta investigación ya se encuentran vinculados: Mello Castro González, en su condición de alcalde de Valledupar; Augusto Daniel Ramírez Uhía, exalcalde de Valledupar; Jorge Armando Maestre, en su condición de secretario de Obras Públicas y supervisor de los contratos de obra de interventoría mencionados, y Carlos Andrés Lozada Contreras, en su condición de representante legal del Consorcio Caye – Cinco.
La Procuraduría vinculó a cinco servidores públicos a la investigación adelantada por presuntas irregularidades en el proyecto de la Casa en el Aire.
La Procuraduría General de la Nación vinculó a cinco servidores públicos, para la época de los hechos, a la investigación adelantada por presuntas irregularidades en el proyecto de construcción de la primera etapa del parque Casa en el Aire, en Valledupar.
Se trata de José Juan Lechuga Zambrano, exsecretario General; Juan Pablo Morón, María Raiza Fuentes Lacouture y Alfredo Quintero Ternera, en sus condiciones de secretarios de Obras Públicas, supervisores de contrato de obra 1613 y de interventoría 1632 de 2018, además, Gerín Fernando Picaza Montero, quien para la época de los hechos ejerció el apoyo a la supervisión del mencionado contrato.
El ente disciplinario investiga posibles deficiencias e insuficiencias técnicas en los estudios y diseños; retrasos en la realización de las obras, presuntas inconsistencias en los actos modificatorios del contrato y en la fijación de precios unitarios no previstos.
A esta investigación ya se encuentran vinculados: Mello Castro González, en su condición de alcalde de Valledupar; Augusto Daniel Ramírez Uhía, exalcalde de Valledupar; Jorge Armando Maestre, en su condición de secretario de Obras Públicas y supervisor de los contratos de obra de interventoría mencionados, y Carlos Andrés Lozada Contreras, en su condición de representante legal del Consorcio Caye – Cinco.