El Gobierno nacional y sus diferentes funcionarios han referido una “actualización” o “reforma” al Código de Minas colombiano, es decir, la Ley 685 de 2001. 

Este código regula las relaciones jurídicas del Estado con los particulares por causa de los trabajos y obras de la industria minera. 

La norma dice que esa regularización debe darse tanto en las fases de exploración, construcción y montaje, como en las de explotación, “beneficio”, transformación, transporte y “promoción” de los minerales que se encuentren en el suelo o subsuelo.

Sin embargo, Alejandro Echavarría, vicepresidente de sostenibilidad y nuevos proyectos de la empresa extractiva CNR, dijo a EL PILÓN que desconoce cuáles serían los cambios que pretende adelantar el Gobierno de Gustavo Petro. 

“No tenemos conocimiento exactamente sobre los cambios que precisa el Gobierno, no se le ha comunicado al sector, pero estaremos atentos para articularnos con esa iniciativa”, manifestó Echavarría. 

El directivo de esta compañía que opera en La Loma, municipio de El Paso, Cesar, agregó que “las empresas del corredor minero tienen mucho para aportar, particularmente, en lo que tiene que ver con una transición energética justa”. 

“EL CÓDIGO ES ANACRÓNICO”

La ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, aseguró que adelantarán las reformas “pertinentes” en el Congreso de la República, pero que “se respetarán” las condiciones de los contratos vigentes. 

Para el economista guajiro Amylkar Acosta, jefe de esta cartera nacional en el gobierno de Juan Manuel Santos, el código vigente “es anacrónico, obsoleto”. 

Acosta fue ponente de la Ley 685 de 2001 que se aprobó bajo el mandato de Andrés Pastrana Arango.  

Después de 21 años, el exsenador considera que esta legislación “amerita ajustes y actualizaciones debido a los nuevos retos y situaciones que se presentan en el país”. 

El experto dijo a EL PILÓN que esa reforma se intentó, “pero se cayó porque  fue declarada inexequible por la Corte Constitucional porque no se cumplió con el requisito de la consulta previa”. 

De acuerdo con la Agencia Nacional de Minería, la consulta previa “es el derecho fundamental que tienen los grupos étnicos, de poder decidir sobre medidas legislativas y administrativas, proyectos, obras o actividades que se vayan a realizar dentro de los territorios”. 

AUDIENCIA PÚBLICA

Amlikar Acosta sugiere al Gobierno nacional avanzar en ese mecanismo de participación para que el proyecto de ley no tenga el mismo final. 

Entre tanto, la Comisión Accidental Minera del Congreso de la República ha realizado una serie de audiencias públicas sobre el particular en Maicao y Albania, La Guajira, y en Ciénaga, Magdalena. 

Este sábado 26 serán en el corregimiento de Cañaverales, municipio de San Juan del Cesar, La Guajira, y el domingo 27 de noviembre en La Jagua de Ibirico, centro del Cesar. 

En los eventos estarán la senadora Imelda Daza y la representante Carmen Ramírez, así como trabajadores y comunidad de esa zona minera. 

SUGERENCIA A LAS MODIFICACIONES

El Gobierno debería, dentro de los ajustes que pretende,  determinar las competencias entre la administración nacional y las entidades territoriales, subrayó el exministro, “para que no choquen en las decisiones”. 

El otro tema que consideró importante es “reflejar los estándares técnicos y de responsabilidad social empresarial” que tiene la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos​, OCDE, del cual Colombia es miembro. 

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