Los siete judicializados por presunta corrupción en la contratación de la Casa en el Aire enfrentarán el proceso penal en libertad. El Juzgado Cuarto Penal Municipal con función de Control de Garantías decidió no imponerles medida de aseguramiento.

Los beneficiados son el exalcalde de Valledupar Augusto Daniel Ramírez Uhía, el exsecretario General José Juan Lechuga Zambrano, el interventor Carlos Andrés Losada Contreras, el contratista Jorge Mario Peña Mattos, así como los exsecretarios de Obra Juan Pablo Morón y Jorge Maestre Jaraba.

En la misma situación quedó la contratista Johana Patricia Vergara Abello, quien recobró la libertad desde el pasado viernes.

No obstante, el exmandatario Augusto Daniel Ramírez Uhía y el exsecretario General José Juan Lechuga permanecerán privados de la libertad en sus lugares de residencia por una medida de aseguramiento domiciliaria que recibieron de otro juez por una investigación relacionada a un contrato en el sector de educación.

Además, Ramírez Uhía también tiene una condena de primera instancia por el delito de corrupción al sufragante, la cual fue apelada y está en revisión en el Tribunal Superior del Distrito Judicial de la capital del Cesar.

El juez cuarto penal consideró que algunos de los imputados ya no son funcionarios públicos, por lo que no representaban una posible obstrucción a lo que resta del pleito.

Consideró, también, que la Fiscalía no fue clara en la urgencia y necesidad de imponerles una medida domiciliaria.

“El despacho decide apartarse de las medidas que ha solicitado la Fiscalía en tanto no se abarcaron esos aspectos necesarios de trascendencia en un debate como el que aquí se ha discutido, en el que se plantea la necesidad que deban afectarse o limitarse los derechos fundamentales por la investigación ya mencionada”, precisó el juez.

La Fiscalía 12 seccional, por su parte, interpuso un recurso de apelación para que la decisión sea valorada por un juez de segunda instancia.

LA INVESTIGACIÓN

Sin embargo, todos deberán responder por el proceso en el que determinaron que hubo un detrimento patrimonial de $3.012.436.705 por presuntas irregularidades en la planeación y ejecución de la primera etapa del proyecto Casa en el Aire.

Según la investigación, en la obra hubo sobrecostos y no se construyó como fue diseñada o proyectada.

LOS PUNTOS CLAVE

La Fiscalía determinó que los muros señalados no se construyeron de acuerdo con la especificación de acabado en concreto arquitectónico; no incrustaron entre los muros y las placas las redes, como estaba establecido; las caras inclinadas del núcleo estructural de la obra se especificaron como prefabricación en concreto y se hicieron en fibrocemento; así como tampoco construyeron las escaleras con los parámetros indicados, poniendo en riesgo la comunidad.

Pero lo más cuestionado por el ente fue el hecho de haber pagado por los materiales mucho más del valor proyectado.

Por el suministro de anillos de concreto F’C 21 MPA acelerado a 7 días y anillos estabilizadores contrataron por un valor de $747.364 y lo modificaron por $ 3.405.943; la construcción de túnel en concreto ocre para acabado a la vista F’C 35 MPA lo contrataron por $ 1.019.883 y lo modificaron a $2.467.937; la placa aligerada en concreto F’C 28 MPA para cimentación y el concreto F’C 28 MPA para cimentación que incluye bombeo, lo valoraron en $ 333.820 y el precio lo modificaron a $481.389.

El contrato de obra No. 1613 se estableció por valor de $ 6.398.499.993.30, y con un plazo de 11 meses; pero por fallas u omisiones aumentó a $9.295.833.056.

El consorcio contratado fue Broes Construcciones, a quien se le ha pagado $8.357.575637, por una ejecución del 89%.

LA DEFENSA

El abogado defensor Hugo Mendoza Guerra afirmó que el exalcalde Augusto Daniel Ramírez solamente delegó realizar la contratación, un motivo que no lo hacía responsable de los cuestionamientos.

Asimismo, indicó que nada estaba probado y que el ente quiso fue hacer un juicio en las audiencias preliminares. Solicitó, finalmente, que se mantenga la decisión del juez cuarto por no haber requisitos jurídicos para imponer medida. Al llamado se unieron los demás defensores.