Ante los casos de muertes por desnutrición en el país, la Procuraduría General de la Nación solicitó al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), a 23 gobernadores y a cinco alcaldías de ciudades capitales, un reporte detallado de las medidas adoptadas para enfrentar esta grave situación.

El llamado de alerta del ente de control busca detener las muertes asociadas a la desnutrición en menores de cinco años, que según el último reporte del Instituto Nacional de Salud alcanzan 235 casos notificados por autoridades territoriales, de los cuales se confirman 124 por esta causa.   

Los departamentos con las cifras que más preocupan al Ministerio Público son Chocó con 21 casos confirmados, La Guajira, 13; Cesar, 13; Bolívar, 12; Risaralda, cinco; Meta, cinco; Antioquia, Casanare y Magdalena, con cuatro casos, respectivamente.  Asimismo, ciudades como Barranquilla y Santa Marta, con tres casos cada uno; Bogotá, con dos; Cartagena, uno. También han fallecido por desnutrición ocho niños y niñas extranjeras. 

SEGUIMIENTO 

De acuerdo con el seguimiento que con especial énfasis realiza la Procuraduría desde el año 2021, dada la gravedad de la problemática y el aumento de casos, estas cifras reflejan la necesidad de que se priorice esta temática en las agendas y se busquen alternativas para evitar que estos casos se presenten. 

“Tan solo un caso de muerte por desnutrición constituye un hecho grave que demuestra que las políticas formuladas en los territorios han sido insuficientes para detenerlas”, enfatizó el ente de control en comunicaciones oficiales enviadas a las autoridades territoriales, a las que pidió un informe detallado de las medidas adoptadas para enfrentar esta grave situación. 

Agregó que estas situaciones deben ser atendidas con prioridad.  “Desde la Procuraduría se hacen las alertas para que con eficacia y una debida planeación exista una respuesta institucional urgente y coordinada, con miras a que, con un enfoque de derechos, territorial, diferencial y de gestión pública, se propenda por la protección que merece esta población infantil que resulta la más afectada por este flagelo”. 

El ente de control también llama la atención por la situación que se presenta en las comunidades indígenas tule, wounaan y embera de Chocó; nasa de Valle del Cauca; sikuani y amorúa de Vichada; nukak y sikuani de Guaviare, y el pueblo wayuu de La Guajira, y pide focalizar la atención integral de manera diferencial y territorial para estas poblaciones que históricamente han sido vulneradas.

KAREN LILIANA PÉREZ / EL PILÓN 

@karenperezcol