“Oiga no, mi sargento es que ‘80’ le manda decir que no lo ataquen, que hablemos, que podemos organizar algo”, dijo el soldado a su superior, el sargento viceprimero José de Jesús Rueda Quintero, comandante del pelotón ‘Zarpazo’, quien atendió el mensaje enviado por los paramilitares. 

De ahí surgió una propuesta, sencilla y aparentemente beneficiosa: ‘dos bajas’ señaladas de ser guerrilleros a cambio de que los dejaran patrullar en la Sierra Nevada de Santa Marta. El sargento Rueda Quintero aceptó el ofrecimiento, pues habidas cuentas necesitaba mostrar resultados al entonces teniente coronel Juan Figueroa, comandante del Batallón de Artillería Nº 2 La Popa, adscrito a la Décima Brigada Blindada del Ejército Nacional. 

De la oscura misión se encargó el soldado Yeris Andrés Gómez Coronel y Diego Ordóñez que coordinaron con los hombres al mando de alias 80 o el Paisa el resultado positivo. Sin embargo, solo los paramilitares delegaron conseguirlo inicialmente; raptarían a dos ciudadanos y después los entregarían a los soldados. 

Así las cosas, el 27 de febrero del año 2004 los ‘para’ montaron un retén en el sector conocido como ‘La Ye’ que comunica al corregimiento de Badillo con el sector Corral de Piedra del municipio de San Juan del Cesar, La Guajira.  

Por ahí venían pasando en un vehículo los indígenas wiwa: Carlos Mario Navarro Montaño, de 18 años, Luis Eduardo Oñate, de 16, y su abuelo, con destino a La Sierrita, un pueblo cerca del resguardo kogui, malayo y arhuaco. Tenían planeado acompañar al longevo a la finca, pero los hombres armados acabaron con los planes de un tajo. 

Pidieron a los jóvenes que se bajaran del automotor y se los llevaron a donde se encontraban esperándolos los soldados de la tropa ‘Zarpazo’. 

Al recibir a los muchachos, los militares entraron en contacto con el sargento Jesús Rueda Quintero que a su vez solicitó al superior jerárquico permiso para iniciar una operación donde se verían ‘resultados’.   

Pero en el sitio, los soldados ya se habían adelantado y acabaron con la vida de los dos ciudadanos, por tanto, tuvieron que disparar hacia un punto fijo al aire para legalizar la munición gastada, y de esta forma, justificar que habían estado en un combate.

Después, surgió un cambio de planes, decidieron presentar a los jóvenes como miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, no identificadas, y no como guerrilleros como se había acordado. 

“Este coronel Figueroa (…) llegó desde un principio queriendo atacar grupos paramilitares, entonces (…) si yo presentaba esas bajas como guerrilleros, igual me iba a tocar atacar ¿a quién? pues, a los paramilitares, porque no le había hecho afectación ¿sí? En cambio, si los presentábamos como paramilitares, pues había una afectación al grupo como tal y se echaban las operaciones en ese sector contra ese grupo, por ese motivo fue que se decidió (…) en lo que se organizó con el cabo Ordóñez de no presentarlos como guerrilleros, sino como paramilitares; para que se mostrara una afectación directamente al grupo paramilitar que se estaba atacando y no la guerrilla (Sic)”, dijo el militar José de Jesús Rueda Quintero en una versión voluntaria el 19 de septiembre de 2018.  

El falso positivo salió registrado en el diario EL PILÓN el 1 de marzo. En la nota, el Ejército reportó que a los supuestos paramilitares les habían incautado un fusil, una pistola 9 milímetro, una escopeta, 208 cartuchos y un chaleco, color negro. 

Desde entonces, las dos familias emprendieron la odisea de buscar a sus seres queridos y conocieron de sus crueles asesinatos. Las ejecuciones extrajudiciales afectaron de manera física, moral y económica a las dos familias indígenas que después de un largo tiempo conocieron la verdad. 

“Cuando sucedieron estos casos que fueron de sorpresa desde ese momento me quedé sin un peso en el bolsillo, había comenzado mi casa que estaba en obra negra y tuve que deshacerme de esta para darle cristiana sepultura a mi hijo”, manifestó Franklin Navarro, padre de Carlos Mario.  

LOS INVOLUCRADOS 

Las dos muertes de los wiwas fueron reconocidas por los militares José de Jesús Rueda y Arley Aguirre Solano. 

De ellos, el sargento (r) José de Jesús Rueda compareció en la reciente audiencia de reconocimiento que hizo la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, en la que aceptó que los wiwas no pertenecían a grupos al margen de la ley. 

“No tenían nada que ver con el conflicto armado y por mis decisiones y mis alianzas, con las autodefensas, se dieron de baja y se presentaron como muertos en combate”, acotó Rueda. 

Por Marllelys Salinas / EL PILÓN 

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