Una serie de sucesos desafortunados tiene en decadencia la calidad educativa de la UPC. En los últimos cinco años la Universidad Popular del Cesar ha tenido varios escándalos de irregularidades en el proceso de elección del rector y multas en algunos miembros del Consejo Superior Universitario que en la actualidad le están pasando cuenta de cobro a los estándares educativos del alma mater. 

El pasado 8 de marzo del presente año, el Ministerio de Educación Nacional, emitió el radicado número 2022-EE-046591, mediante el cual avala la decisión del Consejo Nacional de Acreditación, CNA, en negar el trámite de acreditación de los programas académicos de pregrado de la UPC. 

Los programas que no cuentan con la acreditación en alta calidad son: ingeniería agroindustria, microbiología y licenciatura en matemáticas. 

El Consejo Nacional de Acreditación señaló que el 14 de julio de 2021, la universidad radicó el informe de autoevaluación de los dos primeros programas académicos y el 31 de octubre de 2021 el tercero, todos con fines de acreditación.

Uno de los aspectos a valorar en dicho trámite, que conforme al Artículo 24 del Acuerdo 02 de 2020, contempla las condiciones iniciales de programas académicos. “No haber sido sancionada la institución ni sus directivos, representantes legales, consejeros, administradores, revisores fiscales, o cualquier persona que ejerza la administración y/o el control de la institución de educación superior en los últimos cinco (5) años por incumplimiento de las normas de educación superior, ni tener vigentes medidas preventivas o de vigilancia especial”, detalló el radicado. 

De acuerdo con lo anterior, el CNA concluyó que “se observa que la Institución no cumple con los requisitos para la acreditación en alta calidad de programas académicos”. 

LAS RAZONES DE LA SANCIÓN

Precisamente, fueron las sanciones de Mineducación hacia algunos miembros del Consejo Superior Universitario, en 2020 y la multa al exrector Carlos Emiliano Oñate, en 2018, las causas determinantes de la negatividad del CNA en renovar la acreditación en alta calidad de los tres programas académicos de la UPC. 

“Mediante Resolución 023673 del 21 de diciembre de 2020 se impone una multa en contra de algunos miembros del Consejo Superior Universitario de la Universidad Popular del Cesar por inobservancia de lo dispuesto en el Artículo 18 de la Ley 1740 de 2014”, aseveró el documento de Mineducación. 

“Mediante Resolución 11227 del 13/07/2018 se resolvió la investigación y se dispuso multa de 10 SMLMV SNIES 1120. Directivo: Carlos Emiliano Oñate Gómez exrector de la Universidad Popular del Cesar”, concluyó.

EL HISTORIAL DE L A UPC 

En 2019, La Fiscalía General de la Nación hizo efectiva la captura del exrector de la Universidad Popular del Cesar, Carlos Enrique Oñate, quien estuvo en el cargo entre los años 2017 y 2018.

En su momento, el exrector tuvo que responder por los delitos de peculado por apropiación y celebración de contrato sin el lleno de requisitos legales, posteriormente, Oñate fue dejado en libertad en 2019. 

Para el año 2020, el Consejo Superior Universitario, CSU, eligió a José Sierra Lafaurie, como rector encargado de la UPC. Más tarde, en 2021 el Consejo de Estado declaró nula la elección de Sierra Lafaurie, tras comprobarse que se presentaron irregularidades en su designación. 

Según el Consejo determinó que hubo una vulneración en los reglamentos de la institución superior. También puntualizó que la sesión extraordinaria se realizó sin el quórum requerido, por lo que no se puede producir ningún efecto jurídico sin la mayoría requerida, por tanto, estaba viciado de nulidad “puesto que quebranta los estatutos de la universidad”, entre otras irregularidades.

“Ellos fueron sancionados porque al elegir a José Sierra Lafaurie, como rector encargado violaron los acuerdos pactados en la Universidad Popular del Cesar. Y, precisamente por elegir al nefasto rector encargado José Sierra Lafaurie, esa decisión mal tomada del Consejo Superior Universitario, es la que nos tiene en este momento con las puertas cerradas a la acreditación de los programas durante los próximos 5 años”, explicó Emiliano Piedrahita, docente de la UPC.  

¿PARA QUÉ SIRVE? 

El CNA explica que la acreditación fundamenta la fe pública que el Estado debe dar sobre la alta calidad de las instituciones y de los programas de educación superior que la han alcanzado. Es una estrategia de promoción y reconocimiento de la calidad y orienta a padres de familia, estudiantes y demás usuarios del servicio, para elegir con mayor conocimiento y criterio entre distintas ofertas de formación profesional.

“La acreditación por alta calidad es una garantía de la formación recibida por los estudiantes que hace más atractivo para los empleadores el vincular a los egresados de dicho programa, la acreditación por alta calidad permite mayor acceso de recursos a las instituciones, acceder a posibilidades que no se tienen de otra forma, como redes interinstitucionales, intercambios con instituciones acreditadas, entre otros”, lamentó Juan Nacimiento, representante de los estudiantes ante el CSU, de la UPC. 

“EL REGISTRO CERTIFICADO CONTINUA”: RECTOR DE LA UPC 

Por su parte, el rector encargado de la UPC, Alberto Cuello, dijo que el CNA “no ha negado” la acreditación de alta calidad, sino que los programas de ingeniería agroindustria, microbiología y licenciatura en matemáticas no inician el trámite de estudio para alcanzar dicha renovación. 

“Por los inconvenientes en años atrás no son sometidos al estudio de alta calidad, pero su registro certificado continua normalmente a excepción de microbiología, que, para este caso, entablamos un derecho de reposición el cual estamos esperando la respuesta”, acotó Cuello. 

TRIBUNAL CONDENA A LA UPC 

Otro escándalo enfrenta la UPC referente a la condena proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar, Sala Segunda de Decisión Civil- Familia-Laboral, que ordena a la directivas reintegrar a Dorismel Caamaño, al cargo que ejercía en el periodo lectivo 2020, estos es, como “docente ocasional de tiempo completo categoría asistente” a partir del periodo académico 2021 y a título de indemnización deberá cancelarle la remuneración dejaba de pagar en ese ciclo académico junto con las demás acreencias laborales a que tiene derecho 

“En ese caso nosotros vamos a apelar porque los docentes catedráticos no se pueden reintegrar, él tuvo un contrato por cuatro meses que ya lo había terminado”, acotó Alberto Cuello, rector encargado de la UPC. 

KAREN LILIANA PÉREZ / EL PILÓN