El caso de periodistas víctimas del conflicto armado y social en Colombia no está priorizado ante la Jurisdicción Especial para La Paz, JEP, según respuesta al preguntar por avances, resultados y/o decisiones, de manera colectiva o individual, en virtud del punto 5 y/o de las ‘Víctimas del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, firmado entre el Estado colombiano y la antigua guerrilla de las FARC–EP, y  en el marco de la creación del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, (SIVJRNR).

“…La JEP no conoce, ni investiga, sobre los delitos cometidos de manera individual, por las personas sometidas ante ella y hasta el momento, el Tribunal para la Paz de la Jurisdicción Especial para la Paz, no ha priorizado ningún caso relacionado con la violencia en contra del periodismo colombiano”, según respuesta de la JEP del pasado martes 25 de mayo de 2021.

La JEP está conformada por tres Salas de Justicia y un Tribunal para la Paz que se subdivide a su vez en cinco secciones, además de su Secretaría Ejecutiva y de la Unidad de Investigación y Acusación. Las Salas de Justicia y Secciones del Tribunal para la Paz realizan funciones para definir la situación jurídica de los miembros de la antigua guerrilla de las FARC-EP, agentes del Estado e integrantes de la Fuerza Pública y civiles que se sometan de manera voluntaria a la Jurisdicción, en hechos ocurridos en el marco del conflicto armado y social antes del primero de diciembre de 2016.

El proceso de reconocimiento de verdad y responsabilidad, de acuerdo a las leyes 1957 de 2019 y 1922 de 2018, tiene como objetivo determinar, priorizar y seleccionar los casos más graves y representativos de los delitos cometidos en el marco del conflicto armado y sancionar a aquellos que tuvieron participación determinante en dichos delitos, a partir del reconocimiento de responsabilidad que realicen los comparecientes ante la Jurisdicción.

“La SRVR (Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas) recibirá los informes que le presente la Fiscalía General de la Nación, los órganos competentes de la justicia penal militar, las autoridades competentes de la Jurisdicción Especial Indígena, la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República y cualquier jurisdicción que opere en Colombia, sobre todas las investigaciones por conductas ocurridas hasta el 1 de diciembre de 2016 de competencia de la JEP. (Art. 79 Literal b). Ley 1957 de 2019). De igual manera, recibirá los informes de las organizaciones de víctimas, indígenas, negras, afrocolombianas, raizales, palenqueras, Rrom y de derechos humanos colombianas relativos a las conductas cometidas por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado, así como de fuentes judiciales o administrativas. (Art. 79 Literal c) Ley 1957 de 2019)”, en respuesta a radicado.

A partir de la presentación y/o radicados de informes, la SRVR inicia la construcción y delimitación de universos provisionales de casos y situaciones de su competencia y/o agrupación y posteriormente realiza un trabajo de priorización y/o concentración. Para luego avocar conocimiento de macrocasos. Hasta la fecha (25 de mayo de 2021), la Sala de Reconocimiento de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas no ha resuelto avocar conocimiento de macrocasos que tenga relación con el asesinato de periodistas en Colombia.

“En caso tal que ante la Sala de Reconocimiento de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas, las entidades que según la Ley deben presentar los informes ante la JEP, o alguna asociación de víctimas, hubieren presentado informes relacionados con la violencia en contra del periodismo colombiano, será dicha sala la que determinará la procedencia o no de avocar conocimiento de un macrocaso sobre tales hechos y conductas”, expone en oficio la Dirección de Asuntos Jurídicos de la JEP.

En ese contexto, la Comisión de la Verdad como mecanismo extrajudicial integrante del SIVJRNR tiene el mandato de promover el esclarecimiento de violaciones de derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario en el marco del conflicto armado y social, por medio de la identificación de patrones y contextos explicativos que permitan comprender lo sucedido.

“…La Comisión ha propiciado desde el inicio de sus labores, diversos espacios de escucha, eventos a nivel nacional y territorial en los que participan víctimas, comunidades, responsables y otros sectores de la sociedad sobre el esclarecimiento de casos, patrones, y causas del conflicto colombiano…”, respondió la Comisión de la Verdad.

LA VIOLENCIA CONTRA PERIODISTAS EN COLOMBIA

Los periodistas colombianos han sido víctima de los diferentes actores del conflicto armado. El ejercicio periodístico se ha desarrollado en medio de la violencia impuesta por los grupos en cuestión, quienes defienden sus intereses a través de prácticas mercenarias como el asesinato selectivo y sistemático, las amenazas, la intimidación, el secuestro, la tortura, la violación y el desplazamiento, en consecuencia: “El ejercicio del periodismo en Colombia ha sido, por décadas, una actividad de alto riesgo…” (Verdad Abierta, 10 de agosto de 2019).

En medio del ‘fuego cruzado’, la actividad periodística ha sido instrumentalizada por estructuras del narcotráfico, paramilitares, integrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, miembros de las guerrillas, el Estado y la clase dirigente corrupta.

“Asesinar periodistas se convirtió en una estrategia de guerra, claramente definida, con la participación diferenciada de los múltiples actores del conflicto interno colombiano y con objetivos que recaían sobre la víctima, sus familiares, el medio de comunicación en el que trabajaban y en general la comunidad en la que vivían y en la que tenían influencia y reconocimiento. El asesinato buscaba acallar, amedrentar, aleccionar, desaparecer, presionar, silenciar”, refiere el informe ‘La palabra y el silencio -La violencia contra periodistas en Colombia (1977 – 2015)’, del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH, 2015, p. 26).

La violencia impuesta al periodismo colombiano en medio del conflicto ha generado prácticas como la censura, la autocensura y el silenciamiento, lo que redunda en una ‘democracia fallida’en medio de la construcción del proyecto de Estado–Nación, además de las violaciones a la libertad de prensa y expresión, y la limitante del goce efectivo de la ciudadanía de la democratización de la comunicación.

Casos representativos e impactantes de la violencia impuesta al periodismo colombiano hay muchos y los habrá en la medida en que no pare el asesinato de periodistas. Sin la intención de categorizar a las víctimas, el interés de este trabajo se centra en la necesidad de verdad, justicia, reparación y compromisos de no repetición de aquellos periodistas de provincia, de pueblo, de pequeños medios, cuyos crímenes permanecen en la impunidad y el olvido dada la poca recordación y las dificultades de sus familiares para acceder a la justicia y a la exposición mediática.

El informe citado del CNMH caracteriza la agresión a la prensa en cuatro periodos que inician con el asesinato del primer periodista a manos de dos agentes de la Policía en Santander y documenta una cuarta época hasta el año 2015.  Así las cosas, el tercer momento se considera el más violento contra el ejercicio del periodismo en Colombia.  “El periodo comprendido entre 1996 y 2005 fue uno de los más difíciles para el periodismo colombiano…” (CNMH, 2015, pág. 89).

En Colombia hay documentados 162 asesinatos perpetrados a periodistas y/o trabajadores de medios de comunicación por razones relacionadas con su oficio. “…De muchos de ellos no hay archivo alguno y frente a la investigación de los crímenes, la justicia ha sido negligente en la mayoría de los casos”, según el informe ‘Estos son los periodistas asesinados en Colombia por causas asociadas a su oficio’de la Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP, en consulta del 12 de junio de 2021.

El país fue testigo del primer momento de preparación de una estrategia guerrera contra los trabajadores de los medios entre los años 1975 y 1985. Estos años se van a desarrollar en medio de una violencia similar a la que se vivió durante la Bonanza Marimbera; en un segundo periodo, comprendido de 1986 a 1995, la prensa y los medios de comunicación van a ser un objetivo de los jefes del narcotráfico, pero ya en un tercer periodo que data de 1996 al 2005 se conjugan todas las formas de violencia contra el papel del periodismo.

En esta época se destacan como agentes generadores de violencia los jefes paramilitares, los llamados ‘parapolíticos’ y los mandos guerrilleros. En suma, es la década de mayor violencia contra periodistas. “Como características de este periodo se destacan: el poder creciente de los actores armados, el aumento de las amenazas y la intención de silenciar, expulsar o poner a su servicio a las personas que ejercen el periodismo en sus regiones de arraigo” (CNMH, 2015,pág. 95, 96).

En los años sucesivos, 2006–2015, los asesinatos de periodistas disminuyeron como consecuencia del proceso de Justicia y Paz entre el Estado y las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, entre otras razones.

Los periodistas de provincia ‘se regularon’ y en algunos casos se autocensuraron; cesaron los asesinatos tal vez como una consecuencia del silenciamiento impuesto, pero persisten las amenazas individuales y, en algunos casos, colectivas a los periodistas que se atreven a hacer periodismo crítico e investigativo, violentando las libertades de prensa y expresión, según revisión de prensa y testimonio de periodistas, conforme lo ha informado el periódico EL PILÓN con base en la investigación ‘Memoria del olvido: historia de caso del periodista Guzmán Quintero Torres, Valledupar, septiembre de 1999, de la Universidad Nacional de Colombia.

LAS ASPIRACIONES DE VERDAD…

La FLIP en el texto ‘6 Pasos para la Reparación Colectiva al Periodismo’ propone algunas reflexiones conceptuales y metodológicas para una reparación colectiva acertada:

“Hay que partir del hecho de que detenerse a develar el daño colectivo en esta materia garantiza que las medidas de reparación a futuro sean ajustadas con lo que en realidad ha vivido la prensa en Colombia. No hacerlo podría conducir a que se haga pasar por reparación unas acciones que están lejos de ser respuesta a la violencia soportada, con el riesgo de que allí no haya más que intereses indebidos de algunos interesados, o políticas públicas que debieron cumplirse desde tiempo atrás, que terminan por dejar abierta la posibilidad de una insatisfacción de las víctimas o una repetición de los crímenes” (FLIP 2015, p.7).

Entre los años 2012 a 2014 se evidencian acciones realizadas por la Unidad de Victimas en su página web. No obstante, en los últimos años se infieren pocos avances en la materia a partir de la información publicada, a pesar del diseño de instrumentos y herramientas metodológicas por parte de Fecolper y la FLIP, además del reconocimiento institucional.

Al respecto, es pertinente preguntar a entidades como la Unidad de Víctimas y a las organizaciones y agremiaciones como la FLIP, Fecolper, Circulo de Periodistas de Valledupar, CPV, Periodistas Asociados del Cesar, PAC, entre otras, por las gestiones, avances, resultados y/o decisiones de manera colectiva o individual en el marco de la creación del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición.

Los familiares de las victimas consultadas para la investigación ‘Memoria del olvido: historia de caso del periodista Guzmán Quintero Torres, Valledupar, septiembre de 1999’ coinciden en las exigencias de verdad, justicia, reparación y no repetición de los daños y afectaciones al periodismo en Colombia en el contexto del conflicto armado y social.

Por Hamilton Fuentes – EL PILÓN