En una rueda de prensa con diferentes medios de comunicación de Valledupar, autoridades indígenas y administrativas dieron a conocer su posición a propósito de la decisión de la Superintendencia de Salud de  ordenar una medida cautelar al giro directo que realiza la EPSI Dusakawi a las instituciones que hacen parte de su red de prestación de servicios.

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Según la entidad, esto se realiza “con el propósito de mitigar un posible riesgo en la destinación de los recursos del sistema de salud y verificar que los valores postulados correspondan a servicios efectivamente prestados”.

La rueda de prensa la lideró Zawarwiko Torres, cabildo gobernador del pueblo arhuaco. Torres defendió el trabajo de la EPSI. “Se ha prestado un servicio de calidad, y lo más importante, un servicio intercultural de acuerdo a los principios que tiene cada uno de los pueblos indígenas,  prestando una salud diferencial. Dusakawi es la única empresa prestadora de servicios que le ha respondido a nuestro pueblo en el servicio de salud, y nadie más puede hacer lo que ha hecho Dusakawi en estos 25 años”, señaló Torres.

 Desde el Gobierno nacional, en cabeza de la Superintendencia, han cuestionado algunas decisiones administrativas tomadas en la EPSI, de allí su última decisión. En ese sentido, el gerente de Dusakawi, Arístides Loperena, señaló que esas limitaciones podrían afectar el funcionamiento de la EPSI.

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“La situación financiera de Dusakawi no es mala, pero decir que tenemos un superávit sería mentir, pero si el Gobierno nos sigue imponiendo limitaciones y restricciones ahí sí nos acabaríamos. Hoy, prácticamente, la intervención impide afiliar más personas, aunque se abrió la posibilidad de solo afiliar indígenas”, indicó Loperena.

Por eso, desde la entidad se solicitó a la Superintendencia de Salud una mesa técnica para buscar salidas  a las problemáticas derivadas del cambio de normatividad del Estado, las cuales ponen en riesgo la operatividad de Dusakawi.

“Dusakawi está en cabeza de los pueblos de la Sierra (Nevada de Santa Marta): wiwa, arhuaco, yukpa, y se afiliaron los kankuamos, kogui, chimila y wayuu; representa alrededor de 232.238 personas que nos corresponde defender, donde el 89,8 % son población indígena. Somos conscientes que dentro del proceso administrativo pueden existir falencias, pero el Gobierno debe promover que los pueblos puedan administrar la salud según su autonomía”, agregó el gerente.

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Y concluyó: “Los pueblos indígenas afiliados a la EPSI comparten características culturales, pero a la vez hay diferencias, por lo que el abordaje de la salud debe ser concertado en cada pueblo indígena. Esto implica preservar el deber ser de la EPSI, que de ninguna manera puede ser suplantada. Haremos los ajustes pertinentes para el mejor funcionamiento de nuestra entidad, pero no accederemos a entregar nuestra salud a quienes desconocen que la misma depende de la sanación física de nuestro territorio”.

Por: Redacción EL PILÓN.