Al ritmo que la particular y convulsionada historia de Colombia fue evolucionando con acontecimientos significativos que marcaron la sociedad, el periodismo encargado del cubrimiento de los hechos de orden público también tuvo que hacerlo enfrentando los nuevos retos que requería el deber de informar.

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En ese sentido, fue posible dejar en los archivos de prensa aquellos hitos que notablemente se desarrollaron con el trasegar de los años en el departamento del Cesar en materia de seguridad, durante los 26 años de vida periodística que tiene este medio de comunicación.

EL ROBO DEL SIGLO

Uno de esos sucedió al poco tiempo que salió la primera publicación de EL PILÓN. Se trata del monumental robo de $24.072 millones al Banco de la República en Valledupar entre el 16 y 17 de octubre de 1994.  Sin un solo disparo, al menos unos 14 asaltantes ingresaron a las instalaciones escondidos en un camión con la excusa de arreglar los aires acondicionados y se apoderaron del motín.

Para eso durante más de 20 horas con caretas, herramientas y máquinas de soldadura, entre otras, perforaron la bóveda.

La peor parte de la historia la llevó el gerente de la entidad financiera, Marco Emilio Zabala Jaimes, quien siendo inocente, estuvo privado de la libertad acusado de ser uno de los tantos cómplices con los que contaron los delincuentes.

Su drama fue documentado por este medio de comunicación con informes, como el titulado: “Fui víctima de la delincuencia, de la justicia y del mismo banco”, publicado dos años después, el miércoles 23 de octubre de 1996. 

TERROR EN LA CÁRCEL JUDICIAL

Hace 23 años el terror se apoderó de un sector de la ciudad de los ‘Santos Reyes’. El 3 de abril de 1997 un grupo de internos sindicados por el delito de rebelión se tomó la Cárcel Judicial, sembrando el pánico durante 12 días.

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De acuerdo a lo documentado por EL PILÓN, los privados de la libertad se apoderaron del armamento que portaba la guardia del Inpec para la seguridad del centro de reclusión donde dieron muerte al guardián Wilson Bautista Maldonado.

Así vieron fácil la tarea de enfrentar a los otros dragoneantes del penal y tomar de rehenes a 13 personas, entre las que se encontraba una menor de 14 años de edad, y quienes después fueron dejados en libertad.

La cárcel, situada en el barrio El Dangond, se convirtió en el campo de batalla entre los internos y la Fuerza Pública, que durante las 24 horas de todos esos días estuvieron en vigilancia.

Durante el amotinamiento también murieron los guardianes Tito Edilberto Vargas y Jhon Arboleda, además del agente de la Sijín, Rafael Torres Mojica. 

Ante la emergencia fue necesaria la mediación de organismos de control y vigilancia de Derechos Humanos, pues uno de los motivos del actuar de los reclusos era por las condiciones y traslados que hacía la cárcel.

Fueron arduos días de cubrimiento periodístico hasta que el amotinamiento terminó. “Duré una semana durmiendo en una hamaca alrededor de la cárcel porque constantemente había movimiento del Ejército, de otros, y entonces ante cualquier disparo teníamos que estar atentos de la noticia. Me tocó cubrirla con un compañero de Bogotá llamado José Luis Rodríguez”, recordó Joaquín Emilio Building, periodista judicial. 

SILENCIAN A PERIODISTAS

Dos hechos sacudieron enormemente el gremio periodístico de la región por los asesinatos de los comunicadores Amparo Jiménez Pallares, el 11 de agosto de 1998 y el de Guzmán Quintero, cometido el 16 de septiembre del año 1999 cuando era jefe de redacción de EL PILÓN.

“A partir de ese doloroso acontecimiento la forma de hacer periodismo sufrió muchas modificaciones en detrimento de la totalidad de la verdad, era la vida la que estaba en juego. Esa muerte fue una inflexión histórica para el periodismo vallenato, se constituyó en el punto de quiebre para el desarrollo de esa actividad”, narró el periodista Oscar Martínez Ortiz, en el especial que recientemente publicó por este medio sobre los 21 años de la muerte de Guzmán. 

LAS MASACRES

El conflicto armado que se vivió en todo el país también tuvo un importante escenario en los papeles de la prensa que documentó sus resultados fatales como las múltiples tomas y masacres guerrilleras y paramilitares en el departamento. 

Entre estas se encuentran la toma de las Farc en el corregimiento de Aguas Blancas, el 20 de enero del año 2002;  la masacre paramilitar en Los Tupes, el 30 de mayo de 2001 y la masacre en Santa Cecilia jurisdicción de Astrea, ocurrida en enero del 2000, entre otras.

La muerte, destrucción y barbarie de miles de familias cesarenses estuvieron en conocimiento de la opinión pública, pese a las fuertes presiones con las que los periodistas trabajaban.

“Antes de 2002 se cubrían muchas masacres, éramos un grupo de judiciales de diferentes medios que viajábamos juntos por todo el departamento y sur de La Guajira. Recuerdo una masacre en Becerril que fue bastante dura y difícil de cubrir”, manifestó Hernando Vergara Noriega, reportero gráfico. 

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Explicó además que los que cubrían los hechos judiciales se encontraban en medio del fuego cruzado por los grupos armados.

“Lo más difícil fueron las amenazas, a veces nos quitaban el material de trabajo, nos retenían las cámaras, que nos las entregaban después de estar retenidos y hubo una vez que fuimos a cubrir el asesinato de unos indígenas donde nos retuvieron todo el día”, puntualizó.

LA CAPITAL BAJO FUEGO: SECUESTRO DE CONSUELO

Sin embargo, la violencia no se quedó en los campos cesarenses, pues comenzó a sentirse en el casco urbano de Valledupar como el carro bomba que estalló el 14 de septiembre de 2001, en la carrera 9 con calle 16ª del centro; el secuestro y muerte de la exministra de cultura, Consuelo Araujonoguera, en septiembre de 2001 y el atentado contra la sede principal del supermercado Olímpica, el 18 de junio de 2002. 

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El repudio llegó desde las más altas esferas del poder por lo sucedido pero sobre todo por la muerte de Consuelo Araujonoguera, conocida como La Cacica, pues fue una de las fundadoras del Festival de la Leyenda Vallenata y gran gestora cultural.

UNA NUEVA ÉPOCA

Aunque todavía existen retos que asumir frente al orden público y seguridad, las formas de violencia fueron cambiando en la región.  Por eso, en los últimos tiempos los casos de homicidios y la manera de ejecutarlos han indignado a la sociedad actual, tales como el crimen del ganadero Juan Felipe ‘Puro’ Ustáriz, sucedido el 20 de enero de 2019; el del médico pediatra Alberto ‘Tico’ Aroca Saad, el 20 de agosto del mismo año y la muerte del líder social Aramis Arenas Bayona, el pasado 19 de mayo en Becerril, entre otros.