En el mismo fallo se dispuso la entrega del predio a los segundos ocupantes reconocidos en el proceso.
Este sábado, el Tribunal Superior de Cartagena ordenó a la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras indemnizar con 2.059 millones de pesos a los propietarios del predio ‘La Esperanza’ en el municipio de Codazzi, Cesar, luego de establecer que estos fueron obligados a abandonarlo en 1993 por grupos armados al margen de la ley.
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La Procuraduría General de la Nación indicó en un comunicado que la decisión fue tomada tras una solicitud que hizo la entidad al Tribunal, en la que también se ordenó transferir la finca de 600 hectáreas, aproximadamente, al Fondo de la Unidad de Restitución de Tierras para que sea entregado a 18 personas reconocidas como segundos ocupantes del predio.
Según la Procuraduría, estas personas vivieron en la finca con autorización de los propietarios y fueron víctimas de desplazamiento forzado entre 2001 y 2002. Además, dejaron claro que según el fallo cada persona beneficiada deberá incluirse en un “proyecto productivo que garantice el acceso a la tierra y el mínimo vital de los segundos ocupantes”.
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La sentencia también aclaró que de la extensión total de la finca se deberán descontar 32 hectáreas que fueron restituidas a un tercero debidamente acreditado.
Por otro lado, en cuanto a los propietarios del terreno, el tribunal estableció que desde su desplazamiento adelantaron un proceso de venta ante el entonces Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, Incora, para que fuera adjudicado a campesinos de la región.
En el mismo fallo se dispuso la entrega del predio a los segundos ocupantes reconocidos en el proceso.
Este sábado, el Tribunal Superior de Cartagena ordenó a la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras indemnizar con 2.059 millones de pesos a los propietarios del predio ‘La Esperanza’ en el municipio de Codazzi, Cesar, luego de establecer que estos fueron obligados a abandonarlo en 1993 por grupos armados al margen de la ley.
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La Procuraduría General de la Nación indicó en un comunicado que la decisión fue tomada tras una solicitud que hizo la entidad al Tribunal, en la que también se ordenó transferir la finca de 600 hectáreas, aproximadamente, al Fondo de la Unidad de Restitución de Tierras para que sea entregado a 18 personas reconocidas como segundos ocupantes del predio.
Según la Procuraduría, estas personas vivieron en la finca con autorización de los propietarios y fueron víctimas de desplazamiento forzado entre 2001 y 2002. Además, dejaron claro que según el fallo cada persona beneficiada deberá incluirse en un “proyecto productivo que garantice el acceso a la tierra y el mínimo vital de los segundos ocupantes”.
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