La Procuraduría General de la Nación anunció una investigación a tres gobernadores y 15 alcaldías, entres esas a la de Pueblo Bello, Cesar, por presuntamente celebrar contratos con financiadores de sus campañas políticas, a pesar de estar inhabilitados por haber hecho aportes del más del 2% establecido.

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Según el ente de control, la administración de Pueblo Bello, a cargo de Danilo Duque Barón, realizó un contrato con la Asociación de Productores Agroecológicos de la Sierra Nevada de Santa Martha, por valor de $93,5 millones de pesos.

Junto a esta también están las alcaldías de Buga (Valle del Cauca), Puerto Rico (Caquetá), Piamonte (Cauca), Villa de Leiva (Boyacá), Montelíbano (Córdoba), Consacá (Nariño), El Espinal (Tolima), Repelón (Atlántico), y las administraciones de los municipios de Itagüí, Argelia, Támesis, Barbosa, Maceo y Carmen de Viboral, en el departamento de Antioquia.

“Los mandatarios que celebraron contratos con personas naturales o jurídicas que estaban inhabilitadas serán objeto de investigación y están en la obligación de darlos por terminado, según corresponda en cada caso, mediante acto administrativo debidamente motivado y ordenar su liquidación en el estado en que se encuentren”, precisó el procurador General, Fernando Carrillo Flórez.

De igual manera están bajo la lupa las gobernaciones de Vichada, Atlántico y Boyacá, las cuales en conjunto con las alcaldías alcanzaron un monto en contratación por cerca de $6.000 millones con 18 financiadores de campañas políticas.

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Las aparentes irregularidades habrían quedado evidenciadas por un análisis de datos que hizo el organismo de control sobre los aportantes de las campañas de 2019 que superaron el tope y que ahora está inhabilitado para suscribir contratos.

“Este segundo paso nos arrojó un universo de 120 contratos por un monto que asciende a $45.909 millones y una vez concentrados en la inhabilidad de los financiadores que superaron el 2% del aporte se identificaron: 18 financiadores que entregaron más de $620 millones a 18 candidatos elegidos (3 gobernadores y 15 alcaldes), cuyas administraciones suscribieron 52 contratos por más de $5.800 millones, a través de 20 entidades públicas de su propia circunscripción electoral”, acotó Carrillo.