En diciembre de 2018 la Procuraduría Regional del Cesar sancionó en primera instancia a 16 concejales de Valledupar por elegir a Omar Contreras como contralor, cuando, según lo expuesto por una sentencia del Consejo de Estado, este se encontraba inhabilitado para ser elegido por haber sido defensor regional del pueblo un año antes.

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A finales del año pasado, la Procuraduría ejecutó la sanción y los concejales fueron suspendidos e inhabilitados por 12 años. Sin embargo, en diciembre del 2019 la Corte Constitucional revocó las sentencias del Consejo de Estado que declaraban nula la elección de Contreras señalando que este no se encontraba inhabilitado.

Con esa decisión, quedaron sin efectos las sanciones interpuestas por la Procuraduría a los 16 exconcejales y a Omar Contreras, suspendidos e inhabilitados por 12 años para ejercer cargo público.

Sin embargo, el ente de control señala que la sanción no fue un error. Así lo da a entender el documento expuesto por la Secretaría  Técnica del Comité de Conciliación de la Procuraduría que conoció el diario EL PILÓN.

Allí, el Ministerio Público explica que al conceder la Corte Constitucional el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso al ejercicio de cargos públicos a Omar Contreras quedó sin efectos la sentencia del 19 de julio de 2018 proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado que declaró la nulidad de su elección como contralor municipal de Valledupar.  

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Los efectos de la decisión de la Corte Constitucional, agrega el documento, repercutió tanto en los hechos por los cuales se inició la investigación disciplinaria como en los fundamentos normativos con los que se estructuró la tipicidad de la falta. 

Por eso, sostienen, tal circunstancia abrió paso a la configuración de la pérdida de fuerza ejecutoria del acto administrativo, en este caso los fallos sancionatorios impuestos a los concejales. Por eso, señalaron desde la Procuraduría, las entidades públicas y las personas pueden conciliar asuntos de contenido particular y económico. 

En otras palabras, según explica la Comisión Técnica del ente, no hubo falla sino que fueron revocados los fundamentos normativos que daban pie a la sanción.

Pese al inicio de la conciliación, 15 de los 16 exconcejales rechazaron la propuesta de la Procuraduría que consistía en el pago de $8 millones por las sesiones que no asistieron ante la ejecutoria del fallo más la revocatoria de las sanciones interpuestas.

Al contrario, la mayoría de los excorporados decidieron ir a la vía judicial reclamando una reparación moral y económica acusando daños individuales y a los familiares por la decisión tomada por la Procuraduría.

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Según lo que señalan, interpondrán demandas de nulidad y restablecimiento de derecho, que como se lee, consiste en la nulidad del acto administrativo que sanciona a los exconcejales y el restablecimiento de derecho que es la parte resarcitoria, compuesta por los perjuicios morales y los servicios materiales.  En la parte resarcitoria varios ya solicitaron una reparación individual y al núcleo familiar que consideran fueron afectados.

SI CONCILIÓ

De los 16 exconcejales de Valledupar citados a las audiencias de conciliación con la Procuraduría General, José Aramendiz, del partido Centro Democrático, fue el único que llegó a una conciliación con el Ministerio Público.

Lo anterior gracias a que Aramendiz  aceptó la propuesta del ente de control de revocar las sanciones más $8 millones por las sesiones que no pudo asistir una vez se ejecutó el fallo sancionatorio.  Firmada la conciliación se revoca la medida, por lo que el exconcejal podrá regresar a la vida pública.

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“Las decisiones son individuales. Yo tomé esta decisión porque la mejor pelea es la que no se hace y creyendo que era una hoja que había que doblar porque desde el 2016 venimos luchando nosotros contra demandas  y contra tutelas, sanciones de la Procuraduría y  uno se gana uno muchos enemigos. Ya es hora de irse por otro camino”, señaló el militante del partido Centro Democrático.

El exconcejal aseguró, además, que la decisión la tomó pensando en su futuro como servidor público, porque la intención es regresar a la arena política. “La verdad es que tengo aspiraciones, seguiré en la política. Somos personas jóvenes tratando de hacer una vida pública y creo que el momento es ahora. No es momento de pelear”, agregó. La audiencia de José Aramendiz se celebró este jueves junto a otros cinco exconcejales.

Por: Deivis Caro Daza / EL PILÓN