Desde un comienzo, la Ley 1801 en la cual se reglamenta el Código de Policía fue objeto de polémica.

Igual que en todo el país, en Valledupar entró en vigencia el 30 de enero del 2017 después de varios meses de socialización. Después de dos años y 19 días en vigencia en Valledupar hay registro de casi 10.000 infracciones.

El espacio público no solo es el tema de agenda, sino el que registra la mayor cantidad de sancionados. En el artículo 140 del Código de Policía están 12 numerales que señalan los comportamientos contrarios a ese espacio que es de todos.

Dentro de todas las prohibiciones, el consumo de sustancias alucinógenas lidera la tabla. En el 2018 fueron 894 comparendos por el consumo de sustancias alucinógenas y 512 por el porte de esas sustancias, lo que representa el 29,6 % de todas las multas registradas el año pasado.

Aunque se cree que la regulación de estas sustancias empezó con el Decreto 1844 del 2018, que prohibió el porte de la dosis mínima en lugares públicos, en realidad solo le dio nuevos aplicativos a la Policía, como la incautación o destrucción de las sustancias. “Es como un complemento que fortaleció todo el trabajo que se estaba haciendo. Era una queja constante, los parques se estaban llenando de personas que consumían sustancias y obvio la comunidad se quejaba y es ahí donde entramos nosotros”, explicó Laureano García, jefe del grupo de Espacio Público, de la Policía del Cesar.

García es el jefe de un grupo de 8 policías que acompañan a la Oficina de Espacio público de la Alcaldía municipal de Valledupar.

Pero desde noviembre, por la falta de contratación, en la Oficina del Espacio Público no hay operarios trabajando, solo el inspector y un asistente. “Varios trabajos que realizamos el año pasado se han caído porque estamos sin operarios. Estamos esperando a ver qué pasa para seguir trabajando en la recuperación del Mercado y otras zonas”, comentó Manuel Mercado, inspector del Espacio Público de la Alcaldía Municipal.

El top 5 con más comparendos en Valledupar lo sigue el desacato a orden de Policía, con 851 casos en el 2018: tipificado en el artículo 35 del Código de Policía, se encarga de sancionar los comportamientos que afectan la relación entre las personas y las autoridades. Este también es un caso delicado. En Valledupar se ha multado por el numeral 2, que habla de incumplir o impedir la función de la orden de la Policía. En este caso, con una multa de 32 salarios mínimos diarios legales vigentes, lo que equivale a 883.328 pesos, en la ciudad se aplicaron multas en este sentido por un valor de 751 millones.

EN EL 2019 SE MANTIENE LA TENDENCIA

A cierre de esta edición, en Valledupar se habían aplicado 992 comparendos por la norma, según la Oficina de Registro Nacional de Medidas Correctivas. Y la tendencia con los comportamientos la sigue liderando el espacio público con el artículo 140, especialmente con el numeral 7 y 8.

El numeral 7 hace referencia al consumo de bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, parques o centros hospitalarios, entre otros, y el 8 al porte de sustancias prohibidas en el espacio público. En los primeros 50 días del 2019 se aplicaron 441 comparendos solo por estos dos numerales.

Respecto al año anterior, en los primeros 50 días del año creció la participación de estos dos numerales pasando de representar el 29 % el año pasado a el 44,6 % de todas las sanciones que van este año, que en total son 992.

Para ambos la multa es la misma: tipo general 2: 8 salarios mínimos diarios legales vigentes, algo así como $220.800. Pero en el numeral 8 se caracteriza algo especial: la destrucción del bien (sustancias prohibidas).

LOS TRAUMATISMOS DEL CÓDIGO DE POLICÍA

Durante todo el 2018, se aplicaron 4.741 comparendos por comportamientos contrarios a la normas; más del 50 % relacionado con el Espacio Público. Eso significa, en números más detallados, que en la capital del Cesar se aplica en promedio el Código de Policía 13 veces por día, o 395 casos por mes.

Pero la entrada del Código de Policía también ha provocado traumatismos. Los uniformados lo reconocen. “Indiscutiblemente es una transición, entonces a veces romper los paradigmas causa traumatismos. Sobre todo porque la norma se centra en la convivencia que nos incumbe a todos. Es un proceso de adaptación. Toda normatividad nueva va a generar traumatismos. El código fue generado para recuperar esa convivencia. Ese respeto mutuo”, agregó el intendente Yimmy Chávez, responsable de la Oficina de Medidas Correctivas de la Policía.

Porque los policías también cometen errores en el procedimiento, se creó el Comité Civil de Convivencia para ver en qué terminan las aplicaciones donde el presunto infractor presenta una queja por mal procedimiento.

En ese caso, hay un inspector encargado de calificar si el policía se excedió en la aplicación de la norma. Para esto, escucha ambas partes y las pruebas: si falla en favor del presunto infractor se revoca la medida.

Pero sin duda, el mayor traumatismo ha sido generado por el espacio público. También establecido en el artículo 140, la recuperación del espacio público ha sido poca o nula por diferentes factores, principalmente la protección con la que cuentan los vendedores ambulantes y estacionarios.

Protegidos por la Sentencia T-067/17, no se pueden retirar de sus lugares de trabajo sin tener un espacio para su reubicación. De esa jurisprudencia se desprenden varios conceptos que se manejan para realizar el procedimiento.

Según el mayor José Montoya Rodríguez, hay un concepto de ‘confianza legítima’ que también protege a los vendedores. “En esa sentencia del 2017 se interpreta que por los años de un vendedor en determinado lugar se le concede la ‘confianza legítima’, de allí su derecho a trabajar que habla la Corte”, aseveró el mayor.

Pero el caso de los vendedores recién establecidos es diferente. Según el uniformado, con ellos sí se aplica enseguida el Código de Policía para recuperar el espacio.

Sin embargo, el mayor traumatismo surge cuando se presentan tutelas y peticiones para recuperar un espacio donde está establecido un vendedor con muchos años. “He allí el meollo”, así lo entiende el intendente Yimmi Chávez. En ese caso la Policía queda en la mitad: entre el derecho a laboral del vendedor ambulante y la orden de recuperar el espacio público.

Por eso, para el abogado Elkin Benavides algunas de estas normas presentan inaplicabilidad constitucionales, por enfrentarse con derechos fundamentales. Pero los policías siempre eligen seguir la orden, allí es donde nacen las polémicas.

DEIVIS CARO DAZA/ EL PILÓN
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