Dado que los propietarios que fueron beneficiados con estos apartamentos no estaban habitando sus inmuebles, según el seguimiento que hace el Ministerio de Vivienda a través de visitas e investigación, dicha sectorial tomó esta decisión que ayer se adelantó en medio del disgusto y enfrentamientos con la Policía.
Ayer desde las seis de la mañana, con presencia del Esmad de la Policía Nacional, dos funcionarios del Ministerio de Vivienda y la gerencia de Fonvisocial, se llevó a cabo el desalojo de cinco apartamentos en la urbanización Nando Marín, ubicada en el sur de Valledupar y la cual fue la solución de vivienda para población vulnerable que habitaba en zonas de riesgo como la margen derecha del río Guatapurí.
Según explicó Aníbal Quiroz, gerente de Fonvisocial, que es la entidad que brinda acompañamiento al ministerio en este proceso, tras el seguimiento que tienen todos los proyectos de vivienda gratuita se tomó esta medida y se tienen en estudio 900 casos más en los cuales las personas no están habitando sus viviendas (80 %) o practican actividades ilícitas en las mismas (20 %).
Los cinco desalojos de ayer se realizaron de acuerdo con Quiroz porque las personas no habitaban estos apartamentos y los tenían arrendados a terceras personas, algo que hace parte de los incumplimientos que tiene el Ministerio de Vivienda para retirarles la condición de habitantes de apartamento titular y reasignar dichas propiedades en la lista de elegibles que tiene el Departamento para la Prosperidad Social con todas las personas que se inscribieron.
“Creo que esto es un mensaje de contundencia para las otras familias de esos 900 casos que hoy están documentando para que vivan los apartamentos, para que no sean desalojados”, manifestó Quiroz.
Sandra Milena Daza Ortiz, propietaria del apartamento 102 en la manzana 10 bloque B, y una de las personas que fue desalojada en este procedimiento, aseguró que en su caso el inmueble no se encontraba en arriendo y que quienes vivían allí mientras ella trabajaba como gestora social en los corregimientos de Badillo, Guacoche, Guacochito, El Jabo y Villa Germania, son una excuñada suya y la pareja de esta a quienes llevó hasta su casa por el temor de un desalojo.
Además agregó que cuando el DANE adelantó el censo ella se encontraba en la vivienda.
En su defensa ha entablado en el Juzgado Séptimo una demanda de nulidad y restablecimiento junto con varios derechos de petición y tutelas que según Daza no han sido tenidos en cuenta. “Esto se maneja por un Decreto 528 de 2016 como propiedad horizontal y no han hecho un debido acompañamiento porque el único que está autorizado para decir quién vive y quién no es el administrador y no lo hay”, aseguró.
Sobre las medidas que las personas pueden tomar para frenar esta situación, Quiroz explicó que existe un debido proceso a través del que cuentan con ciertos recursos y tienen la posibilidad de respuesta, algo a lo que varios han acudido. Sin embargo, las decisiones ya están en su segunda instancia confirmadas por lo cual procedieron al desalojo.
El funcionario recordó que el año anterior ya se llevó a cabo un desalojo en la urbanización Lorenzo Morales, de similares características a Nando Marín. En dicha ocasión se tomó la decisión por actividades ilícitas dado que la persona usaba el apartamento para la venta de alucinógenos.
Con relación a esa situación en particular manifestó que el tema de la actividad de microtráfico se ha vuelto un problema de seguridad para Lorenzo Morales por lo cual en aquel momento actuó también el Ministerio de Vivienda de manera oportuna y ellos con el acompañamiento policial lograron adelantar la medida.
Quienes han sido beneficiados con estas viviendas deben vivir durante diez años y después pueden disponer del inmueble dado que según lo que está diseñado en la política bajo la cual fueron hechos estos proyectos es que a las personas que se les entregó un apartamento gratis sean quienes lo habiten. Al tiempo, las personas que son desalojadas quedan vetadas de los programas de vivienda gratuita, pero mantienen la opción de aspirar a un subsidio como ‘Mi Casa Ya’ o alguna otra ayuda de este tipo que ofrezca el Gobierno Nacional.
Por último, Quiroz reveló que en lo que resta del año no se tienen previstos más desalojos salvo que el Ministerio de Vivienda “haga un tema exprés” en el mes de noviembre. Al tiempo reiteró que frente al panorama de hace cinco años cuando Nando Marín fue construida, que presentaba condiciones adversas que podían dificultar la presencia en esa zona de las personas, ya hoy cuenta con un entorno diferente del que destacó la pavimentación de la carrera 27, dos colegios, un CDI y próximamente parques. “Se le ha hecho todo un entorno y lo que hacemos es un llamado para que la gente viva de manera cómo lo firmó con el Ministerio de Vivienda esos apartamentos”, sentenció.
Dado que los propietarios que fueron beneficiados con estos apartamentos no estaban habitando sus inmuebles, según el seguimiento que hace el Ministerio de Vivienda a través de visitas e investigación, dicha sectorial tomó esta decisión que ayer se adelantó en medio del disgusto y enfrentamientos con la Policía.
Ayer desde las seis de la mañana, con presencia del Esmad de la Policía Nacional, dos funcionarios del Ministerio de Vivienda y la gerencia de Fonvisocial, se llevó a cabo el desalojo de cinco apartamentos en la urbanización Nando Marín, ubicada en el sur de Valledupar y la cual fue la solución de vivienda para población vulnerable que habitaba en zonas de riesgo como la margen derecha del río Guatapurí.
Según explicó Aníbal Quiroz, gerente de Fonvisocial, que es la entidad que brinda acompañamiento al ministerio en este proceso, tras el seguimiento que tienen todos los proyectos de vivienda gratuita se tomó esta medida y se tienen en estudio 900 casos más en los cuales las personas no están habitando sus viviendas (80 %) o practican actividades ilícitas en las mismas (20 %).
Los cinco desalojos de ayer se realizaron de acuerdo con Quiroz porque las personas no habitaban estos apartamentos y los tenían arrendados a terceras personas, algo que hace parte de los incumplimientos que tiene el Ministerio de Vivienda para retirarles la condición de habitantes de apartamento titular y reasignar dichas propiedades en la lista de elegibles que tiene el Departamento para la Prosperidad Social con todas las personas que se inscribieron.
“Creo que esto es un mensaje de contundencia para las otras familias de esos 900 casos que hoy están documentando para que vivan los apartamentos, para que no sean desalojados”, manifestó Quiroz.
Sandra Milena Daza Ortiz, propietaria del apartamento 102 en la manzana 10 bloque B, y una de las personas que fue desalojada en este procedimiento, aseguró que en su caso el inmueble no se encontraba en arriendo y que quienes vivían allí mientras ella trabajaba como gestora social en los corregimientos de Badillo, Guacoche, Guacochito, El Jabo y Villa Germania, son una excuñada suya y la pareja de esta a quienes llevó hasta su casa por el temor de un desalojo.
Además agregó que cuando el DANE adelantó el censo ella se encontraba en la vivienda.
En su defensa ha entablado en el Juzgado Séptimo una demanda de nulidad y restablecimiento junto con varios derechos de petición y tutelas que según Daza no han sido tenidos en cuenta. “Esto se maneja por un Decreto 528 de 2016 como propiedad horizontal y no han hecho un debido acompañamiento porque el único que está autorizado para decir quién vive y quién no es el administrador y no lo hay”, aseguró.
Sobre las medidas que las personas pueden tomar para frenar esta situación, Quiroz explicó que existe un debido proceso a través del que cuentan con ciertos recursos y tienen la posibilidad de respuesta, algo a lo que varios han acudido. Sin embargo, las decisiones ya están en su segunda instancia confirmadas por lo cual procedieron al desalojo.
El funcionario recordó que el año anterior ya se llevó a cabo un desalojo en la urbanización Lorenzo Morales, de similares características a Nando Marín. En dicha ocasión se tomó la decisión por actividades ilícitas dado que la persona usaba el apartamento para la venta de alucinógenos.
Con relación a esa situación en particular manifestó que el tema de la actividad de microtráfico se ha vuelto un problema de seguridad para Lorenzo Morales por lo cual en aquel momento actuó también el Ministerio de Vivienda de manera oportuna y ellos con el acompañamiento policial lograron adelantar la medida.
Quienes han sido beneficiados con estas viviendas deben vivir durante diez años y después pueden disponer del inmueble dado que según lo que está diseñado en la política bajo la cual fueron hechos estos proyectos es que a las personas que se les entregó un apartamento gratis sean quienes lo habiten. Al tiempo, las personas que son desalojadas quedan vetadas de los programas de vivienda gratuita, pero mantienen la opción de aspirar a un subsidio como ‘Mi Casa Ya’ o alguna otra ayuda de este tipo que ofrezca el Gobierno Nacional.
Por último, Quiroz reveló que en lo que resta del año no se tienen previstos más desalojos salvo que el Ministerio de Vivienda “haga un tema exprés” en el mes de noviembre. Al tiempo reiteró que frente al panorama de hace cinco años cuando Nando Marín fue construida, que presentaba condiciones adversas que podían dificultar la presencia en esa zona de las personas, ya hoy cuenta con un entorno diferente del que destacó la pavimentación de la carrera 27, dos colegios, un CDI y próximamente parques. “Se le ha hecho todo un entorno y lo que hacemos es un llamado para que la gente viva de manera cómo lo firmó con el Ministerio de Vivienda esos apartamentos”, sentenció.